El Gobierno seguirá adelante con la reubicación de casi 4.000 menores migrantes no acompañados pese al plantón del PP, que ha obligado este jueves a suspender la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia tras la falta de quorum para llevarla a cabo debido al plante de todas las comunidades del PP, que consideran esta cita "ilegal" por "imponerles" un reparto "forzoso" que rechazan.
El traslado de estos menores será el 28 de agosto, tal y como ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Dos días antes, el 26, el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el decreto de capacidad ordinaria en el que constará los niños y niñas que acogerá cada comunidad y la financiación asociada a cada uno de estos traslados.
Esta mañana el Ministerio de Juventud e Infancia anunció, media hora después de lo que debía ser el comienzo de la reunión, a las 9:30 horas, la suspensión de esta y a la que sí han asistido de forma presencial el consejero de Ceuta, gobernada por el PP, y los de Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.
A dicho encuentro no ha acudido ninguno de los presidentes autonómicos ni consejeros del PP que ayer, en cascada, anunciaron que no irían acusando al Gobierno de utilizar a estos menores migrantes "como objeto de intercambio político".
Fecha clave: 28 de agosto
Desde el Ministerio apuntan que el plantón de las comunidades del PP es un "gesto performático porque "el Real decreto sigue adelante" y las acusan de "falta de cooperación" y "dejación de funciones".
Pese a este "bloqueo", Sira Rego ha explicado que la propuesta definitiva del reparto de menores migrantes no acompañados y de los primeros 10 millones de financiación asociada se llevará al Consejo de Ministros del 26 de agosto y que los traslados comenzarán dos días después, el 28.
La ministra también ha puntualizado que a esta cifra -3.975 niños y niñas- habría que restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo (en torno a 1.200 lo han solicitado).
En la reunión -suspendida- de hoy estaba previsto tratar con las CCAA el plan del Gobierno de trasladar a estos menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas.
También estaba previsto debatir el reparto de los fondos de 100 millones de euros que contemplaba el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y crear este mecanismo de derivación.
Según los datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850. Sin embargo, todo esto ha quedado paralizado por la suspensión de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Plante total del PP
Desde que el Gobierno puso sobre la mesa este plan, las comunidades presididas por el PP han mostrado una fuerte oposición. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha, del PSOE, han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.
Ahora las comunidades del PP han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.
Argumentan su negativa en que el Gobierno pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial.
Afirman, además, que el Ejecutivo central está usando a los menores como "mercancía política". "Son personas, no paquetes", han denunciado desde el PP, que acusa al Gobierno de utilizar a los menores migrantes como escudo político con un reparto diseñado para enfrentar a las comunidades entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso.
Los populares creen que hay un "riesgo real de colapso" de los sistemas de protección de menores que, aseguran, ya funcionan al límite de su capacidad, y exigen al Gobierno que se haga cargo "de manera directa y con financiación propia" de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios.
Este enfrentamiento alcanza también a los menores solicitantes de asilo, para los que el Gobierno ha anunciado 1.200 plazas de titularidad estatal después de que el Supremo le haya obligado a hacerse cargo de ellos.
4.000 menores migrantes
La cifra total de traslados desde Canarias con la que trabaja el Gobierno es de 3.975, a los que previsiblemente habrá que restar alrededor de un millar de Canarias que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional por ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado marzo.
De acuerdo a estos datos, que aún no tienen en cuenta este extremo, las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571, mientras que Cataluña y País Vasco no tendrían que acoger a ninguno "debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años", según Juventud.
Aun así, Cataluña ha anunciado su intención de atender, como mínimo, a 31.