El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló este miércoles en Nuakchot la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Mauritania. El encuentro sirvió para anunciar la profundización de la colaboración en migración, seguridad y cooperación. Pero entretanto, en Canarias, 827 menores solicitantes de asilo siguen "hacinados", a la espera de que el Ejecutivo cumpla la orden firme del Tribunal Supremo (TS) y asuma su tutela tras dos plazos incumplidos.
Mauritania es el país clave de la ruta atlántica, del que llegó el 56% de los migrantes irregulares a las islas en 2024, el año récord de la "crisis migratoria" en Canarias.
Sánchez firmó compromisos en materia de transporte, Seguridad Social, ciberseguridad y parques nacionales. Además, expresó una voluntad de "reforzar la colaboración migratoria", y elogió la cooperación con Mauritania "para promover una migración segura, regular y ordenada", en un momento en que España trata de intensificar su presencia institucional en África occidental.
El contexto es decisivo. Según los datos recientes, en junio había cerca de 300.000 malienses esperando en Mauritania la ocasión para embarcarse rumbo a Canarias. Las políticas de control en Mauritania se han endurecido este año, con redadas y expulsiones a migrantes irregulares y refugiados, generando un clima de vulneración de derechos, según denuncian las ONG.
"Menores desamparados"
En paralelo, el Gobierno de Sánchez volvía a incumplir, en la víspera del viaje de Sánchez, el mandato del TS, que el 24 de marzo le otorgó un "plazo improrrogable de 10 días" para acoger a los menores solicitantes de asilo que siguen "hacinados" bajo tutela del Gobierno canario, tras dos "desamparados" por el Estado, que "incumplió sus obligaciones", según el Supremo.
Tras años de disputas institucionales y recursos judiciales del Ejecutivo de Fernando Clavijo en Canarias, el Alto Tribunal volvió a fijar un segundo término, también ignorado finalmente: el Gobierno había propuesto hacerse cargo sólo de 827 menores, aquéllos "inscritos formalmente en el listado del Ministerio del Interior".
El Gobierno de Canarias aceptó, a cambio de garantías: reuniones semanales, actas grabadas y la obligación de informar a la Justicia de cada avance. "Ése es nuestro nivel de confianza" en Moncloa, deslizaron fuentes insulares a este diario.
El 30 de junio, el Ejecutivo de Sánchez entregó un acuerdo ante el TS en el que se concedía otros 15 días adicionales para proceder a los traslados. Pero una vez agotado el nuevo plazo, el pasado martes, "ninguno de ellos ha salido de las islas", según fuentes del entorno del presidente Clavijo.
Instalaciones en ruinas
Como única alternativa, el Gobierno ha propuesto trasladar a 250 menores a las abandonadas instalaciones militares Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. El cuartel, aún sin reforma y prometido al ayuntamiento para fines sociales, ni cumple los requisitos legales locales ni autonómicos para su uso como centro de acogida, lo que alimenta el malestar y la desconfianza hacia el Ejecutivo central.
Los datos oficiales a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL subrayan la magnitud creciente del problema: a día de hoy, ya son 1.250 los menores solicitantes de asilo bajo tutela autonómica, de los 5.484 menores extranjeros no acompañados (menas) totales.
La administración canaria sospecha que Moncloa "sólo quiere ganar tiempo" para juntar la suerte de estos 827 con la de los otros 4.400 menores migrantes que piensa trasladar a la Península, mientras las Comunidades Autónomas se resisten a un reparto forzoso sin financiación suficiente ni garantías de integración.
La gestión de la crisis migratoria ha provocado un choque entre el Gobierno central, el autonómico y las regiones peninsulares. El Ejecutivo de Sánchez acusa al PP de "romper el país" por negarse a la solidaridad con Canarias y Ceuta, mientras las autoridades insulares culpan a Moncloa de "desatención y falta de financiación".
En este contexto, la polémica sobre el reparto de menores por "decretazo" alcanzó un nuevo punto álgido este miércoles. Las CCAA gobernadas por el PP anunciaron que no acudirán a la Conferencia Sectorial convocada por la ministra de Infancia, Sira Rego, para la reubicación de los menas.
Argumentan que el Gobierno pretende imponer "un reparto forzoso e ilegal que vulnera el principio de igualdad territorial" y denuncian el uso de menores "como mercancía política", argumento respaldado también por Castilla-La Mancha y otras autonomías.
"La convocatoria de la sectorial se ha hecho de forma ilegal, al incluir un orden del día que ya fue rechazado por la mayoría de Comunidades Autónomas durante la comisión sectorial de la pasada semana", explican los ejecutivos autonómicos de Aragón, Murcia y Castilla y León, al habla con este periódico.
Las declaraciones oficiales subrayan la tensión: Andalucía critica que la propuesta sitúa a su comunidad como la que más menores debe acoger, mientras Baleares y Valencia advierten de la sobrecarga de sus propios sistemas. En Cantabria, la crítica apunta a la "dignidad" de los menores, rechazando que sean "objetos de intercambio político".
De Mali a Canarias, por Mauritania
La mayoría de este millar de menores solicitantes de asilo procede de Mali, país devastado por guerra civil, yihadismo y colapso institucional. Muchos cruzan Mauritania huyendo de los conflictos y buscando trabajo temporal en puertos, donde las mafias los explotan antes de embarcarlos en cayucos hacia España.
El dinamismo mafioso y la falta de control sobre centenares de kilómetros de costa convierten esta ruta en la más peligrosa del mundo.
La crisis de los cayucos de 2006 pareció mitigarse con el acuerdo bilateral de 2007, impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero los nuevos desafíos —el giro diplomático de España hacia Marruecos en el Sáhara Occidental, la presión demográfica desde África y la demanda de mano de obra barata en la economía española— han cambiado el escenario y reavivado la presión sobre Canarias.
Durante la ofensiva diplomática en Mauritania, el repunte de episodios violentos vinculados a la inmigración en España —como los disturbios racistas en Torre-Pacheco o el caso de violencia machista grave en Canarias— ha alimentado la polémica migratoria.
España y Mauritania reforzaban este miércoles sus vínculos diplomáticos, pero la "crisis humanitaria" en las islas sigue sin solución "ni comunicación siquiera", denuncia el Gobierno de Clavijo.
La Justicia emite órdenes apremiantes que no se cumplen, la presión migratoria desde el Sahel crece y el destino de millares de menores depende aún de negociaciones políticas, planes no ejecutados y centros de acogida inadecuados.
La política migratoria del Gobierno queda así, una vez más, expuesta a la crítica de la oposición: la política exterior "errática" y los compromisos humanitarios internos que siguen, aun con órdenes del Tribunal Supremo, sin cumplirse.