El partido de Santiago Abascal intenta pescar en río revuelto: "La inmigración ilegal está causando gravísimos problemas en nuestros barrios y nuestra sociedad. En muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles y viola a nuestras hijas. No queremos a gente así. Los vamos a deportar a todos, no va a quedar ni uno".
El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, pronunciaba estas palabras ayer sábado, tras una noche de disturbios en las calles de Torre Pacheco, en la que algunos jóvenes buscaron cobrarse venganza contra la población magrebí por la agresión a un anciano de 68 años.
Con sus declaraciones, Antelo se remitía a la amenaza lanzada hace seis días por la portavoz de Vox, Rocío de Meer, quien anunció que, si gobierna, su partido impulsará la expulsión de millones de inmigrantes extranjeros, para garantizar el "derecho" de España a "sobrevivir como pueblo".
"De 47 millones de habitantes que tiene nuestro país", señaló de Meer en rueda de prensa, "si tenemos en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo".
"Estos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo y no se han adaptado a nuestras costumbres y han protagonizado escenas de inseguridad, tendrán que volver a sus países", remató. Abascal matizó luego que Vox sólo pretende expulsar a los "inmigrantes ilegales", sin concretar ninguna cifra.
En la presentación de su programa económico, José María Figaredo anunció tres de las medidas estrella de su partido, todas con el mismo tinte xenófobo: impulsar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, revertir las regularizaciones que han llevado a cabo anteriores gobiernos y auditar todas las concesiones de nacionalidad a extranjeros que se han aprobado en los últimos años.
No va a resultar tan sencillo. Según los datos oficiales, en los últimos cinco años España ha ejecutado la expulsión de 12.243 extranjeros. En la mayoría de los casos, estos procedimientos se han tramitado en cumplimiento de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 57.2 prevé la posibilidad de devolver a su país a un ciudadano extranjero con antecedentes por delitos, si media una condena superior a un año.
Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional (competente en materia de extranjería) tramitó 16.000 órdenes de expulsión, de las cuales sólo se ejecutaron 1.470. Es decir, menos del 10%.
Se trata de un proceso largo y garantista, en el que el afectado puede recurrir por la vía administrativa ante la correspondiente Delegación del Gobierno y, en última instancia, ante la Justicia.
En muchos casos, cuando culmina el expediente el afectado se encuentra ilocalizable. Además, para poder ejecutar la expulsión es preciso contar con la colaboración de su país de origen, para lo cual España suscribe acuerdos bilaterales en materia de inmigración.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad residen en España casi 9'5 millones de personas nacidas en el extranjero. De ellas, 2,5 millones cuentan con la nacionalidad española. Marroquíes, colombianos y venezolanos son los tres colectivos más numerosos.
José María Figaredo anunció, en la presentación del programa económico de Vox, la intención de anular las regularizaciones aprobadas por los anteriores gobierno, por las que varios cientos de miles de inmigrantes ilegales obtuvieron su permiso de residencia (pero no la nacionalidad).
El Congreso de los Diputados tramita actualmente una iniciativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes que se encuentran en situación ilegal en España. El texto fue admitido a trámite el pasado mes de abril con el apoyo de todos los partidos, excepto Vox.
Desde el año 1990, los anteriores gobiernos llevaron a cabo cinco procesos extraordinarios de regularización, que permitieron obtener el permiso de residencia a cerca de un millón de extranjeros.
El Gobierno de Aznar impulsó tres: en 1996 (benefició a 21.294 inmigrantes), en 2000 (afectó a 163.352) y en 2021 (que otorgó permisos a 239.000, por arraigo o vínculos laborales).
El proceso más amplio lo impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005: permitió obtener permiso a 576.506 inmigrantes.
Vox se ha propuesto una tarea titánica para revertir estos procesos de regularización, que afectaron a cerca de un millón de extranjeros.
Pero el partido de Abascal quiere ir más lejos y se propone revisar, una a una, todas las concesiones de nacionalidad española otorgadas a extranjeros en los últimos años.
Según las cifras consultadas por EL ESPAÑOL, cerca de 2,5 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española en el último cuarto de siglo.
Esta cifra ha registrado una tendencia creciente en los últimos años: fueron 181.581 en 2022 y cerca de 200.000 en 2023. De nuevo, marroquíes, venezolanos y colombianos son los colectivos más numerosos que se han beneficiado de este proceso.