Carles Puigdemont endurece su pulso al Gobierno de Pedro Sánchez al incluir nuevas condiciones en cualquier paso en su negociación de Suiza. El expresident fugado pospondrá a septiembre su próxima cita de la mesa bilateral con el PSOE en Suiza, y en ella exigirá a su próximo interlocutor socialista la supresión de la Audiencia Nacional.
Según fuentes cercanas al líder de Junts, la paciencia de Puigdemont ya tiene fecha de caducidad: noviembre de 2025, cuando se cumplan dos años del conocido como Acuerdo de Bruselas.
La advertencia no es nueva, pero sí aclara las urgencias transmitidas en el Congreso por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. El pasado 9 de julio, en el debate extraordinario sobre corrupción, Nogueras advirtió a Sánchez que "la prórroga no llegará hasta final de legislatura".
Fuentes próximas a Puigdemont confirman a EL ESPAÑOL que la estrategia de Junts pasa por hacer ver su "máxima desconfianza" hacia el PSOE, en la próxima ronda negociadora de Suiza. El receso veraniego no viene sólo marcado por el paréntesis vacacional: Puigdemont interpreta que el Gobierno no ha cumplido ninguno de los puntos clave pactados para la investidura.
Aquel Acuerdo de Bruselas, suscrito tras la llamada "semana de la marmota" de Santos Cerdán en la capital belga, en noviembre de 2023, se vendió como un hito.
Pero en la práctica, Junts lo ve hoy más como una "página en blanco": ni se ha aplicado "completa" la Ley de Amnistía, ni ha llegado la "transferencia íntegra" de competencias de inmigración, la oficialidad del catalán en la Unión Europea cosecha fracaso tras fracaso y el concierto a la vasca se ha quedado en "una tomadura de pelo".
En cuanto a la amnistía, la situación es especialmente delicada para el propio Puigdemont y otros líderes del procés. El Tribunal Supremo, en su interpretación de la ley, ha decidido mantener fuera de la cobertura de la norma todos los delitos de malversación.
Por otro lado, la cesión de competencias de inmigración a la Generalitat sigue bloqueada. La proposición de ley registrada conjuntamente por Junts y PSOE en marzo no ha llegado ni siquiera a su primer trámite parlamentario.
En el ámbito comunitario, el Gobierno ha fracasado en siete ocasiones al intentar que la UE reconozca el catalán como lengua oficial. La última intentona hace apenas una semana, se saldó con más rechazo, con Francia y Alemania abiertamente en contra. El desgaste europeo de Sánchez le supuso, en esta ocasión incluso, un "paso atrás".
Igual de relevante en la agenda de Junts es el modelo de "financiación singular" para Cataluña. Puigdemont reclama un sistema equiparable al del concierto vasco, pero las ofertas de Sánchez han sido vistas como migajas, diseñadas más para contentar a ERC que para satisfacer las aspiraciones del independentismo conservador.
Nuevas negociaciones
Este cóctel de incumplimientos lleva a Puigdemont a endurecer sus posiciones. Y si el PSOE plantea nuevas negociaciones, Junts pondrá nuevas condiciones. Junts reclamará suprimir por completo la Audiencia Nacional, un "órgano judicial centralizado" y repartir sus competencias "entre los tribunales superiores" de las Comunidades Autónomas y las Audiencias Provinciales.
Para Junts, la Audiencia Nacional representa "una herencia centralista y casi predemocrática", por su origen ligado al Tribunal de Orden Público franquista. Defienden que su eliminación favorecería una Justicia "más territorializada, próxima al ciudadano y compatible con los estándares europeos" de pluralidad y descentralización.
Se trata de una demanda formal, redactada y justificada jurídicamente, como ha podido confirmar este periódico. La argumentación de Junts alude a la "anomalía institucional" que supone un "órgano único con sede en Madrid y jurisdicción en toda España".
Además, Junts añade que la redistribución de funciones entre los tribunales territoriales supondría "un considerable ahorro de recursos", y no restaría "garantías judiciales", sino que las reforzaría, adaptando la organización al modelo autonómico de la Constitución.
A este órdago se suma otra reclamación: la creación efectiva de un Consejo General del Poder Judicial catalán, previsto ya nominalmente en el Estatut de 2006, pero jamás puesto y rechazado de plano por el ministro, Félix Bolaños, como ya informó este periódico.
Desconfianza tras Cerdán
El contexto no ayuda. La reciente caída de Cerdán, hasta ahora principal negociador socialista con Junts, complica aún más la interlocución. El ex secretario de Organización era el negociador del PSOE, y sólo en los peores momentos se unía a él José Luis Rodríguez Zapatero.
La prisión preventiva por su supuesto papel como cabecilla de la trama de corrupción relacionada con contratos públicos ha obligado al PSOE a designar un nuevo interlocutor, con quien Puigdemont se niega a citarse hasta "darle tiempo" a que domine el desafío y pueda comprometerse con sus demandas.
Fuentes de Junts aclaran que la cita de septiembre tiene como objetivo recalibrar la negociación. Pero advierten: si no hay avances tangibles, noviembre se presenta como el mes límite para mantener la disposición a una colaboración parlamentaria básica, imprescindible para que Sánchez sostenga su legislatura.