La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya gana batallas en su cruzada educativa contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La última, ante el sindicato Comisiones Obreras, que la había denunciado por "reinterpretar" la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, y reducir las competencias de los centros educativos.
La baronesa popular ha ido respondiendo uno a uno a los aspectos de la norma que considera lesivos para la educación de los niños madrileños. Y por el momento han sido todo éxitos: ha blindado la concertada, ha mantenido el distrito único como criterio para elegir plaza en los centros de la región, ha limitado la posibilidad de poder pasar de curso con suspensos y ha paralizado los nuevos temarios para libros de texto en Bachillerato.
Además, Ayuso ha conseguido que su partido, con cuya dirección se batía en duelo fratricida hace apenas unos meses, la secunde en el Congreso de los Diputados. El nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, en connivencia con su líder autonómica, pedirá a Pedro Sánchez que retire los polémicos temarios educativos.
1.- Concertada
Uno de los puntos más polémicos de la Ley Celaá era su acometida a la educación concertada. "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública", dice específicamente la norma.
Madrid consideró este texto un ataque directo a su modelo (donde la concertada es una de las más fuertes de todo el país) y, por ello, aprobó la conocida como Ley Maestra, que en su artículo número 5 especifica que los alumnos tienen "derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos".
La ambigüedad en la redacción es tan evidente como intencionada, pues Madrid quiere referirse tanto al centro público como al concertado. Ambos se sustentan con fondos públicos.
Así, la Comunidad especifica en su ley que "garantizará la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente en centros públicos y privados concertados".
2. Segregación por sexo
La LOMLOE intenta combatir los colegios privados que segregan a sus alumnos por sexo, en favor de los que "apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género".
La ley Maestra de Madrid, en cambio, no pone objeciones a este tipo de colegios, siempre que la enseñanza se imparta conforme a la ley de no discriminación. Una forma también de proteger a la concertada, que reúne a la mayoría de estos colegios.
3.- Zona única
La Consejería de Educación también ha aprovechado un "resquicio legal" de la LOMLOE para consolidar el distrito único madrileño. El Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría decidió llevar el caso ante la Justicia por invasión de competencias: la orden autonómica contravenía una ley orgánica y no podía ponerse en marcha.
El Gobierno madrileño contestó a un requerimiento del Ministerio y desde entonces no ha vuelto a saber nada. Ayuso entiende ese silencio como una victoria, y los padres están ya solicitando plazas acogiéndose al reglamento del distrito único, que permite a los alumnos matricularse libremente en cualquier centro escolar, independientemente de la distancia a la que se encuentre de su domicilio.
Según el Ministerio de Educación, este sistema es injusto y crea "guetos" con niños repartidos en función de su perfil económico. Por eso la Ley Celaá establece que las áreas de influencia (zonas de elección de centro) "se determinarán, oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea".
Para evitar el modelo de Madrid, la LOMLOE establece que el criterio principal para elegir centro es la proximidad del domicilio. La norma madrileña establece, en cambio, que los alumnos obtendrán la mayor puntuación (15 puntos) por tener hermanos en el colegio y sólo 1 por vivir en el distrito donde éste se ubica.
4.- Promocionar con suspensos
Con la Ley Celáa los alumnos pueden pasar de curso sin importar el número de suspensos, siempre que el equipo docente decida que el menor puede hacerlo. Según el Ministerio de Educación, esto es una muestra de "confianza en el cuerpo docente", que es el que trata con los niños. Pero Ayuso y su consejero en materia educativa, Enrique Ossorio, no lo ven así.
Por ello, Madrid ha establecido en su decreto de Evaluación, Promoción y Titulación una serie de criterios para determinar si un alumno repite curso o no. Entre ellos está que haya un mínimo de docentes en el claustro para tomar la decisión o que no se pueda promocionar con Matemáticas y Literatura suspensas a la vez.
El sindicato CCOO recurrió ambos supuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en un primer momento, suspendió el decreto. El pasado martes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desbloqueaba la normativa regional y censuraba la "mala fe procesal" del sindicato, al que obliga a pagar las costas.
¿5? El Bachillerato
Con estos precedentes, Ayuso se ha visto fuerte para ir más allá y, en lugar de recurrir a publicar nuevos decretos que sorteen la norma nacional, intenta ahora parar el decreto de Bachillerato denunciándolo ante el Tribunal Supremo. El Gobierno madrileño ya ha iniciado todos los trámites necesarios para lograrlo.
Si Ayuso consigue que el Supremo le dé la razón, Madrid será la única región de España que en el próximo curso se regirá por la LOMCE, la ley educativa que aprobó el PP con José Ignacio Wert al frente de Educación.
Ayuso ha argumentado su negativa a la Ley Celaá porque al currículo la "faltan contenidos básicos y están cargados de ideología". Es decir, hay adoctrinamiento y no se garantiza la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales.
Pero las consecuencias del recurso ante el Supremo no se limitarían solo a los contenidos de los libros de texto, afectarían también a la estructura del Bachillerato y a la EvAU, la prueba de acceso a la Universidad.
Y es que la Ley Celaá, a la que hace frente Ayuso, introduce tres nuevas modalidades de Bachillerato que se pondrán en marcha durante el próximo curso 2022/2023. Si Madrid no aplica la LOMLOE, no podrá ofrecerlos.
El reciente nombramiento de Enrique Ossorio, hasta ahora consejero de Educación, como vicepresidente del Gobierno regional evidencia que la presidenta madrileña seguirá empujando con más firmeza que nunca para combatir lo que considera "adoctrinamiento" en las aulas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.