La Ley Celaá de Educación sale del Congreso este jueves, camino del Senado, como entró: sin consenso, con buena parte de la comunidad educativa en pie de guerra y tras una gran bronca política. Una norma que nace eliminando el español como lengua vehicular, con una amenaza cierta a la educación especial, permitiendo promocionar con suspensos, vaciando de competencias a la Alta Inspección y atacando a la educación concertada a la que se le retira financiación mientras se cercena la libertad de elección de los padres.
El texto, tramitado por la vía de urgencia y sin audiciones al sector en el propio Congreso, ha salido adelante con 177 votos a favor (los del PSOE, UP, ERC, PNV y Más País), 148 en contra y 17 abstenciones. Un resultado suficiente pero débil: la norma supera el trance en la Cámara Baja con solo un escaño más de lo que necesitaba y con el consenso por los suelos, como se ha palpado en el aire del Hemiciclo durante el debate de este jueves y el de la pasada semana.
El Pleno ha transcurrido entre las duras críticas de la oposición ante una norma "sectaria" y "totalitaria" y la defensa a ultranza del Gobierno y de las formaciones separatistas, que han celebrado que con ésta se blinde la inmersión lingüística. Tras la última intervención, de la socialista María Luz Martínez Seijo, los diputados de PP y Vox se han levantado de las butacas y han gritado "libertad, libertad" en señal de protesta.
Ni siquiera la entente contra natura de los nacionalistas vascos y catalanes con las fuerzas de centro derecha, que apoyaban una enmienda de PNV y Junts per Catalunya, ha logrado salvar la concertada.
A las puertas del Congreso los representantes de esas escuelas se manifestaban con el lazo naranja distintivo -el mismo que luce estos días en muchas fachadas de colegios concertados- y recibían el respaldo, in situ, de Pablo Casado, así como de los portavoces de Vox y de la líder de Ciudadanos, Iván Espinosa de los Monteros e Inés Arrimadas. El líder del PP se comprometía en Twitter a derogar la norma en caso de llegar al Gobierno.
También se desplazaba hasta allí la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, que vinculaba la celérica tramitación de la norma con el hecho de que realmente sea, decía, una "Ley de acompañamiento" de los Presupuestos para cimentar la "cesión a los independentistas" a cambio de su apoyo a las Cuentas Públicas.
Espinosa de los Monteros tildaba de adoctrinadora la norma por parte de una "izquierda cada día más totalitaria" y Arrimadas, en primera persona, afirmaba que ella como madre debe tener libertad tanto para elegir el centro al que lleva a su hijo como para optar por el español como lengua vehicular.
La líder naranja ponía así el dedo en la llaga de otro de los aspectos de la reforma educativa, que mediante una enmienda transaccionada entre PSOE, Podemos y ERC margina el castellano en la escuela pública catalana, blindando el modelo de inmersión en catalán.
Falta de consenso
La propia ministra Isabel Celaá, que ni siquiera ha asistido a todo el debate, declaraba a los medios en el patio del Congreso que le habría gustado tener consenso pero que "desgraciadamente el PP, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate".
Marta Martín, de Ciudadanos, fue la primera en anunciar el voto de su grupo: "Un no con las dos manos, esta norma es arbitrariamente dolosa, sin informe de Consejo de Estado, con informes del Consejo Escolar de hace dos legislaturas, a puerta cerrada, sin negociar enmiendas... esto huele a vicio de tramitación". Según los liberales ésta es la primera ley de educación con consenso de la historia de la democracia: "Han cabreado a todo el sector, han laminado a toda la oposición y han engañado a toda Europa".
Y es que la norma se ha ganado todo tipo de epítetos en su máxima gradación, no sólo los críticos de PP, Ciudadanos y Vox. También de grupos nacionalistas e independentistas, que la atacan por "quedarse corta", como dijo el representante de la CUP, Marc Botran, "ya que no apuesta por una única red pública", al permitir que siga existiendo -asfixiada, eso sí- la concertada. En la misma posición se mostró la diputada Isabel Pozueta, de Bildu y Néstor Rego, del BNG.
O por "no contemplar la financiación necesaria no ya para los inmensos cambios que impone, sino para simplemente cumplir con lo que hoy es necesario", dijo Ana Oramas, de Coalición Canaria. De hecho, la diputada -que estos días anda cansada de clamar contra otra política social del Gobierno, la migratoria- recordó aquel intento de Ángel Gabilondo, el ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "un intento de pacto de Estado por la Enseñanza que se rompió por motivaciones políticas". La nueva ley de educación nace este jueves, dijo, "llena de ideología y sin que hayamos escuchado aquí en el Congreso, por ejemplo, a los docentes".
El PNV reivindicó el "éxito" de que "hoy la ley Wert extiende su certificado de defunción". Y lo celebró como propio, porque "aunque no nos gusta esta ley que viene hoy al Congreso, la votaremos porque la hemos mejorado con nuestras enmiendas", ya que para el PNV "ésta no es nuestra ley de educación, sino la vasca, que aprobaremos en breve en el Parlamento Vasco".
Camino del Senado
Unidas Podemos y los separatistas de Esquerra Republicana fueron quienes realizaron una defensa más férrea de la norma. Paradójicamente, alegando una por una las razones que el centro-derecha ha esgrimido para criticarla: la Ley Celaá blinda la inmersión lingüística en Cataluña y prioriza la escuela pública sobre la concertada.
La última interviniente fue María Luz Martínez Seijo (PSOE). "Hoy ha sido un día histórico", comenzó. "7 años después de la aprobación de la ley Wert cumplimos un compromiso adquirido con 10 grupos parlamentarios. Con la LOMLOE no ha habido imposición, sino diálogo", continuó.
"La LOMLOE da un salto enorme hacia un modelo educativo, un modelo moderno, equitativo e inclusivo. Hace efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas. Termina con abusos que dieron origen a la trama Púnica", señaló.
Con el visto bueno del Senado a principios de año, la LOMLOE podría ser de aplicación en el próximo curso escolar. España tendría entonces una nueva Ley que permitirá promocionar con suspensos, que amenaza la educación especial y que vacía de competencias la Alta Inspección.