La geometría variable en el Congreso más fragmentado de la historia de España no solo vale para el Gobierno, también para la oposición. PP, Vox y Ciudadanos respaldan una enmienda de PNV y los diputados de Junts Per Catalunya y el Pdecat que intenta salvar a la escuela concertada en la Ley Celaá de Educación que se vota este jueves en el Congreso.
El centroderecha español y los nacionalistas vascos y catalanes (incluidos los aún independentistas de Puigdemont) votarán conjuntamente, pero no será suficiente para que la enmienda prospere, salvo que los peneuvistas y los parlamentarios hoy disgregados de la antigua Convergencia obren el milagro de sumar una abstención de ERC.
Los de Gabriel Rufián han mostrado en esta materia siempre una postura más matizada que los partidos de la izquierda española. Incluso Bildu está obligado a una posición suavizada dada la realidad de las cooperativas educativas vascas, muchas de ellas parte de la red concertada.
La enmienda
La enmienda al artículo 109, apartado cincuenta y seis de la Lomloe, relativo a la programación de la red de centros, establece que "las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados".
Además, se asegura que igualmente el Estado programará la oferta educativa "de modo que garantice la prestación del servicio público de la Educación, especialmente en las zonas de nueva población".
Sumando además el voto de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, una ferviente defensora de la concertada, se sumarían 171 votos, a apenas cinco de la mayoría absoluta. Fuentes de los grupos nacionalistas aseguran que están tratando de convencer a ERC, aunque admiten la dificultad del empeño.
Desde el PP siempre han pensado que este era un tema en el que se podían buscar alianzas contra natura, haciendo de la necesidad virtud en un parlamento con fuerzas muy distintas, pero no siempre separadas en todas las cuestiones.
Ocurra lo que ocurra, la enmienda de PNV y los nacionalistas catalanes evidencia que la reforma educativa del Gobierno no cuenta con un amplio consenso, en una cuestión además tan esencial como la propia programación educativa.