La reforma de la ley del aborto es uno de los proyectos más ansiados por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, su cristalización va para largo. El Gobierno ha pospuesto su aprobación, como mínimo, hasta 2022.
Así lo refleja el Plan Anual normativo de 2021 del Gobierno de España, que presentó el pasado martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En dicho documento, donde el Ejecutivo se pone los retos legislativos para lo que queda de año, no aparece reflejada la modificación de esta norma.
Aunque la ministra ya ha encendido las máquinas y se ha comprometido con los profesionales sanitarios a tener un texto base sobre el que trabajar para finales de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de los problemas que se encontrarán para regular esta norma y prefiere darse un plazo más largo.
La modificación de la actual ley del aborto tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos es con los profesionales sanitarios (la ministra ha puesto en entredicho su derecho a la objeción de conciencia). Tampoco agrada a los partidos políticos, como el PP, pues intenta enmendar cambios que ellos mismos promulgaron, como la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores.
De hecho, la ministra se ha puesto en contra hasta a los médicos que están a favor del aborto al hablar de eliminar los tres días de reflexión que tiene la demandante durante la interrupción del embarazo. Una cláusula que está legislada y que, según los propios médicos, no es una medida disuasoria (como ha hecho ver Montero) sino una cuestión sanitaria, puesto que el aborto es una intervención quirúrgica.
Respecto a otras cuestiones más formales, como bajar la edad legal de las mujeres para disponer de este derecho, ya han sido rechazadas por algunos grupos parlamentarios como el Partido Popular.
El objetivo principal de Montero es suprimir la obligatoriedad para las menores de 16 y 17 años de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación. Una modificación que se incluyó en la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015.
La ley era una de las grandes propuestas de la titular de Unidas Podemos cuando llegó a su puesto, prueba de ello es que la presentó nada más comparecer ante las Cortes para dar a conocer sus líneas de Gobierno. Aun así, los trámites normativos de la ley del 'Sí es Sí' o de la Ley Trans han atrasado los tiempos.
Precisamente, la nueva regulación que sí se contempla el Gobierno para 2021 es la Ley Trans. Otra de las grandes apuestas de Irene Montero y su equipo para esta legislatura y que le costó más de un encontronazo con sus socios de Gobierno, el PSOE.
MIR
Desde el Ministerio de Sanidad, por el contrario, sí cumplirán una de las grandes promesas de la legislatura: aprobar el nuevo real decreto de Especialidades Sanitarias.
La vía legal paralizada desde hace más de cinco años por el Tribunal Supremo facilitará la creación de nuevas especialidades sanitarias tanto para médicos como para enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, etcétera.
Este Real Decreto podría llegar antes del mes de octubre, ya que ha pasado por sus trámites previos (consulta y audiencia pública), por lo que sólo necesitaría de su aprobación en el Consejo de Ministros.
Los profesionales sanitarios están expectantes a conocer su redacción final, puesto que, como adelantó EL ESPAÑOL, abre la posibilidad de regular la vialidad de las especialidades sanitarias cada 10 años.
Junto a este Real Decreto, Darias también trabaja en la aprobación de otras cuatro normas para antes de 2022: una ley para el control de espacios que puedan propagar la legionela; otra para regular la fabricación de productos de diagnósticos in vitro (como los test de embarazo), una legislación para controlar los productos sanitarios y, por último, un real decreto para regular la fabricación de medicamentos veterinarios.