Quedan menos de dos semanas para que se sienten a la mesa del diálogo, la negociación y el acuerdo y ambas partes parecen discutir más que hablar y hacerlo ante las cámaras más que cara a cara. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, bajó a la mesa de la rueda de prensa desde el salón del Consejo de Ministros con una consigna clara marcada en sus apuntes: pararle los pies a Pere Aragonès, quien este lunes anticipaba el año 2030 como el horizonte para "haber celebrado ya un referéndum de autodeterminación de Cataluña".

Según Moncloa, "ése no es el camino del diálogo, así no hay reencuentro". Y no lo habrá porque "ninguna Constitución contempla la desintegración del país, y la nuestra tampoco". Es decir, según fuentes gubernamentales, que "si vienen con eso, no nos van a encontrar" y la cosa nacerá muerta desde el minuto uno.

Hay que recordar que en el encuentro que mantuvieron Aragonès y Pedro Sánchez en Moncloa, a finales del pasado mes de junio, el president independentista de ERC arrancó del presidente de España un compromiso que rompía toda la estrategia del Gobierno. En la reunión de la comisión bilateral se discutirían las "reivindicaciones legales" del Govern y se dejarían las "ilegales" para la mesa de diálogo.

El Gobierno a Aragonés: "el diálogo no es poner fecha a la independencia".

Así, aunque Rodríguez trató de rebajar su tono después, ante otra pregunta de los periodistas, la cosa no colaba. Dijo la portavoz que en la reunión de ambos gobiernos se abordarán temas muy importantes "para la cohesión social y económica".

Y puso como ejemplo de la acción del Ejecutivo "la liberalización de 477 km de la AP7 y de la AP2, que son una gran noticia para Cataluña".

La medida, aprobada en este Consejo de Ministros justo tras acabar la campaña de verano, era una exigencia de la Generalitat arrastrada desde la lista que llevó Artur Mas a Mariano Rajoy, pasando por la de Carles Puigdemont y ahora en la de Aragonès. Pero este último ya dejó claro que "los temas del conflicto político son los de la mesa, en la que no se hablará de los incumplimientos y las reivindicaciones".

Tampoco el Código Penal

Sin embargo, para Moncloa la "agenda de recuperación justa" significa que "hoy, circular en España es un 76% más barato que en 2017 por la liberalización de las autopistas de peaje"... aunque el Ministerio de Transportes prevé implantar en lo que queda de legislatura "el pago por uso en las autovías".

En todo caso, la Generalitat llega con el "no" rotundo a lo del referéndum y con otro "no" igual de evidente, negro sobre blanco. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, advirtió de que en el Plan Anual Normativo 2021 no está incluida "ninguna reforma del Código Penal". Es decir, tampoco la rebaja de la sedición y la rebelión... ni el cambio en la regulación de la libertad de expresión.

O sea, que si el independentismo catalán preveía rascar algo relativamente fácil en las primeras reuniones de la mesa, no será esto.

Relativamente fácil de conseguirlo lo será, porque es un compromiso del Gobierno, reiterado hasta la saciedad por el ministro de Justicia saliente, Juan Carlos Campo, y por la entrante, Pilar Llop. Pero no contemplado en los próximos meses, "porque la única prioridad es una recuperación económica justa y cumplir con los compromisos que tenemos con la Comisión Europea".

Bolaños advierte de que el Código Penal no se reformará en 2021.

Fuentes cercanas al ministro, incluso, insisten a este diario en que no hay planes tampoco fijados para 2022. "Ya veremos", se limitan a aventurar. Es decir, que es carta negociadora. "Queremos avanzar en recuperación de la normalidad de la vida social y económica en Cataluña. Porque si le va bien a Cataluña nos va bien a toda España", sentenció solemne la portavoz.

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