El Pleno del Congreso aprobó el pasado 11 de marzo la creación de una comisión para investigar el proceso de vacunación contra la Covid-19. Un órgano cuya vida útil culminaría en julio, fecha cercana al objetivo del Gobierno de alcanzar el 70% de la población inmunizada, previsto para finales de agosto.

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Todo indica que esta comisión va a frustrarse por decisión de la presidencia de la Mesa del Congreso, en manos del PSOE, que está "bloqueando" su puesta en marcha. Así lo aseguran fuentes consultadas por EL ESPAÑOL que confirman que, aunque "varios grupos parlamentarios" han reiterado la "necesidad" de poner en marcha la comisión, la presidenta no ha ejecutado los trámites para activarla.

El proyecto ya hacía agua cuando acudió al Pleno del Congreso. Y es que, aunque se aprobó por una gran mayoría y sólo contó con el voto en contra de Vox y PNV, el PSOE ya adelantaba sus reticencias.

Toda comisión parlamentaria debe pasar, para su aprobación, por la Mesa, después por el Pleno de la Cámara y, finalmente, los grupos (a petición de la presidenta del Congreso) proponen a los miembros que la componen: cinco personas (presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías).

Es en ese último punto donde ha encallado la comisión. Pasadas las elecciones de la Comunidad de Madrid, que supuestamente retrasaban los trámites, Compromís y Más País, que propulsaron la comisión, solicitaron a Batet que les convocara para dar su lista de componentes. 

Ha pasado el tiempo y Batet sigue sin mover ficha. Por eso desde el Partido Popular volvieron a solicitarlo hace una semana. Nadie conoce las razones del bloqueo aunque, bien es cierto, el PSOE no parecía muy partidario de la comisión aunque votaron que sí a su creación.

Durante la votación de su puesta en marcha en el pleno del 11 de marzo, el socialista Guillermo Antonio Meijón acusaba a sus propulsores de querer "distorsionar el proceso" de vacunación fijándose "en lo malo".

En aquel momento se propuso la iniciativa porque decenas de políticos se habían saltado la cola para vacunarse. Esas circunstancias eran, a juicio del diputado socialista, "elementos marginales" que "no pueden contaminar el éxito de la vacunación".

Todo empezó el 2 de febrero. Desde el Grupo Mixto (en el que están Compromís y Más País) surgía una iniciativa para que una comisión de investigación estudiara las posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el coronavirus y el plan de vacunación que España comenzó a aplicar a finales de 2020.

Un policía recibe la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca EE

La propuesta llegó justo después de que se conocieran los numerosos casos de políticos y cargos públicos que se inocularon sin pertenecer a los grupos prioritarios establecidos por entonces, saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Tras ello ha habido más fallos en la campaña que, según varios grupos del Congreso, deberían integrarse. Entre ellos destaca el uso de Pfizer como segunda pauta a la vacuna de AstraZeneca en menores de 55 años, el bloqueo por parte de la Generalitat de Cataluña a la hora de vacunar a policías nacionales o la inmunización por grupos etarios (edad) en lugar de por riesgo (enfermedades y edad).

Pero no sólo los partidos propulsores ven necesaria la investigación que debería llevar a cabo esta comisión. El grupo parlamentario popular también ha registrado un escrito en el Congreso.

Prórrogas

En particular, está dirigido a la presidenta, Meritxell Batet, para que adopte las medidas oportunas y de "forma inmediata" convoque a los grupos parlamentarios para constituir y poder iniciar con "carácter urgente" los trabajos de la comisión de investigación. Una petición muy similar a la que registró Más País.

Unidas Podemos no se ha posicionado públicamente sobre esta cuestión. Aun así, hay que recordar que, junto con el PSOE, conforma la mayoría de la Mesa del Congreso. Un poder con el que podría paralizar este tipo de iniciativas o ponerlas en marcha. Del mismo modo, si el partido morado se uniera con el resto de grupos de la Mesa, se conseguiría activar la Comisión.

Uno de los principales problemas, según las fuentes consultadas, son los tiempos. En un primer momento, el Congreso planteó que esta comisión tuviera tanta vida útil como este periodo de sesiones;  es decir, hasta el mes de julio. Eso significaría que de ponerla en marcha apenas podría durar 30 días. Aunque podrían pedirse prórrogas y esperar que las apruebe en la Mesa.