"El acuerdo de coalición dice regular los alquileres, dice contener los precios e incluso bajarlos". ¿Quién dice esto? ¿Un dirigente de Unidas Podemos exigiendo al PSOE que "cumpla porque lo firmado obliga"? ¿O uno del PSOE, antes de añadir otra cosa? "Es que también dice el pacto que dio origen al gobierno que todo eso hay que hacerlo, a la vez, evitando posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

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Y los socialistas se temen que el modelo que exigen sus socios morados reproduzca el modelo intervencionista del franquismo, "aquel de los pisos de renta antigua", que en los años 50 limitó por ley los precios del alquiler, "y destrozó el mercado".

Este jueves, en la sede del Ministerio de Transportes, responsable de la política de Vivienda, se reunieron los negociadores de PSOE y Unidas Podemos. La nueva Ley General de Vivienda debería estar ya entrando en el Congreso tras haberse aprobado hace más de un mes en el Consejo de Ministros, pero la norma va con retraso respecto al calendario prefijado por las partes.

Del lado de Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y negociadora jefe de Pablo Iglesias, se acusa a los socialistas de "no tener voluntad negociadora". Y del lado de David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del departamento de José Luis Ábalos, se alega que "queremos ser rigurosos, y hacer una buena norma... porque las leyes por sí solas no construyen casas".

Avances, por fin

Es cierto que este jueves ha habido avances y Belarra ha salido, por primera vez, satisfecha de la cita. Fuentes de su entorno celebraban los "avances en materia de desahucios", como ya informaba EL ESPAÑOL. Pero lamentaban que "una vez más, el socio no haya compartido, tras dos meses de negociación, una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas".

Las fuentes consultadas en la negociación insisten en que habrá propuesta y habrá ley "porque habrá acuerdo". ¿Cuánto tardará? Lo que haga falta, a la vista de la disposición de Transportes. "España lleva 40 años sin una Ley de Vivienda porque no es fácil llegar a acuerdos con todas las partes", alegan desde el entorno del Ministerio de Ábalos.

Y es que antes de proponerle algo concreto a Belarra, Lucas está recabando informes, estudios y -sobre todo- acuerdos con todos los actores del mercado. "Lo que hemos preacordado en desahucios demuestra que lo importante en la negociación es coincidir en el objetivo, y en eso estamos de acuerdo también en el mercado del alquiler", apunta un portavoz del lado socialista.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra. Ricardo Rubio / Europa Press

Y es que en el PSOE insisten en que la voluntad es "contener e incluso bajar los precios del alquiler en las zonas tensionadas", pero que "en democracia, lo lógico es acordar y no imponer", como propone Podemos, se entiende. "Y además es mucho más efectivo".

Incentivos fiscales

El plan alternativo de Ábalos en este punto es diseñar un mecanismo de incentivos fiscales para conseguir "que los propietarios quieran poner sus pisos en alquiler y les compense hacerlo a precios más bajos que los del mercado". Para ello, su departamento ya está en contacto tanto con el Ministerio de Hacienda como con el de Justicia, pero además negocia con los grandes actores del mercado y las patronales.

Quizá de ahí vengan las acusaciones del lado morado, de que la postura del PSOE es "muy próximo en sus planteamientos a ASVAL, dirigida por el exministro socialista Joan Clos, y al sector inmobiliario". Y que por eso "ha rechazado las propuestas que desde la Vicepresidencia segunda se le han hecho llegar en los últimos meses sin ofrecer planteamiento alternativo sobre el impuesto a la vivienda vacía o la obligación de los grandes propietarios de poner en alquiler para vivienda social el 30% de su parque".

Pero es que los socialistas no van a pasar por ese aro, en ningún caso. Y con esa propuesta y la de los alquileres lo que temen es que se contraiga la oferta. Y, aunque el PSOE admite que la apuesta por construir 24.000 viviendas públicas de alquiler social "tomará su tiempo", niegan que la vía morada sea la única para "tener ya soluciones".

Parque y Fondo Social

España es el país europeo con un menor parque público de vivienda en alquiler social, menor al 2,5% del total. Al otro extremo está Países Bajos, con más de un 30%. "Y todo ese recorrido es el que tenemos que hacer, pero es imposible avanzar repitiendo medidas que en el pasado destrozaron el mercado", alega un portavoz socialista.

Así, el Ministerio de Ábalos, para su Fondo Social de Vivienda, ya tiene en cartera 15.000 pisos de la Sareb, tras el último acuerdo con la sociedad estatal que se hizo cargo de las propiedades expulsadas del mercado tras el estallido de la burbuja en la pasada crisis.

Además, ya ha alcanzado acuerdos con la banca para añadir otros 11.000 pisos "y estamos en negociación con los grandes propietarios", lo que en Podemos se llama "fondos buitre", para lograr añadir más viviendas.

"Toda esa negociación va junta, y es complicada", advierten las fuentes de Transportes. Pero permitirá, aducen, "que cuando haya que buscar una solución habitacional para las familias vulnerables que sean desahuciadas, los Ayuntamientos y las CCAA tengan ya a su disposición pisos públicos de alquiler social".