Los equipos de José Luis Ábalos y de Pablo Iglesias se han reunido este jueves para seguir negociando la nueva Ley de Vivienda. En la cita, el Ministerio de Transportes ha entregado una propuesta al de Derechos Sociales para acordar la prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Ésta es una de las reivindicaciones principales de Unidas Podemos hasta ahora rechazadas por el lado socialista del Gobierno.

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Fuentes del departamento de Ábalos aseguraban a este diario que la medida, ahora vigente durante el estado de alarma, es excepcional y no debe permanecer más allá del tiempo en el que estuviera vigente la excepcionalidad constitucional. Sin embargo, el enquistamiento de las negociaciones a cuenta de la otra reivindicación de los morados, la intervención de los alquileres, ha propiciado esta oferta.

Lo cierto es que la propuesta de Transportes, que ya está en fase de "preacuerdo" con los morados, según ambas partes, no es extender el modelo de la alarma, sino ampliar a los desahucios hipotecarios, y otros casos menores, la protección que ya existe en los procesos civiles por impago de alquiler. A partir de la entrada en vigor de la ley, si todo sigue igual, explican fuentes del Ministerio, los jueces estarán obligados a pedir un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, antes de proceder al lanzamiento.

Otra actitud

Hasta ahora este requisito era potestativo "y podía ocurrir que un juez lo pidiera y otro no", explican fuentes de la negociación. "Así se dan los casos en que los servicios sociales no están informados de que se desahucia a una familia en situación de vulnerabilidad". Lo que provoca "situaciones de injusticia, dejando a familias con menores, con dependientes o víctimas de violencia machista en la calle y sin alternativa habitacional". 

Según fuentes de Unidas Podemos, el PSOE ha mostrado otra actitud en esta reunión, y "se puede decir que las negociaciones avanzan en un acuerdo para frenar los desahucios en la Ley de Vivienda".

Aun así, desde el lado de Iglesias remarcan que todavía el negociador socialista, David Lucas, "no ha entregado una proposición sobre la regulación de los alquileres". El PSOE, aseguran los morados, ha acudido a la reunión, una vez más, sin ninguna propuesta en ese campo, "después de más de dos meses de negociaciones".

Alternativa digna

Los equipos de la Vicepresidencia segunda, liderado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y el del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, avanzan hacia un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el estado de alarma en la futura Ley de Vivienda.

En concreto, se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las CCAA tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna.

Este punto estaba incluido en las Directrices de Desarrollo Sostenible aprobadas este martes en el Consejo de Ministros a propuesta de Iglesias. Pero ese documento también incluía la intervención del mercado del alquiler para "contener e incluso bajar los precios abusivos" en las llamadas "zonas tensionada" definidas por los índices de precios con los que ya cuenta el Ministerio de Ábalos.

Pese a este avance en materia de desahucios, Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que su socio no haya compartido, "una vez más y tras dos meses de negociación", una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas. Para los morados, la regulación es primordial y debe incluirse en la futura Ley, "tal y como se pactó en el Acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos".