La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cederá 10.000 viviendas al Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad para aumentar el parque público de viviendas en alquiler social.

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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, han firmado esta mañana en la Moncloa el Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas que sienta la base de esta cesión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de explicar en rueda de prensa los principales puntos de este protocolo. "Tenemos uno de los parques públicos de vivienda más exiguos de Europa", ha reconocido. Por ello, ha señalado, "vamos a favorecer que los grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad". "Vamos a movilizar hasta 10.000 nuevas viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler social, 5.000 se pondrán a disposición del Estado a corto plazo para que se puedan destinar en poco tiempo a situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 estarán disponibles a medio plazo", ha señalado. Sumadas a las 5.000 que la Sareb ya ha acordado con comunidades y ayuntamientos, conformarán un total de 15.000 unidades.

El Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad se hará cargo del coste de la rehabilitación de las mismas que lo necesiten antes de que sean alquiladas a un precio fijado y limitado.

Fondo Social de Vivienda

El presidente también ha anunciado un acuerdo con las entidades del sector financiero para la ampliación en número y tiempo del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables. Gracias a este fondo, las entidades van a aportar viviendas de su propiedad a precios reducidos a personas que han perdido su vivienda habitual a causa del impago del préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago. 

El compromiso de las entidades pasa por aumentar en un 10% el número de viviendas que aportan al fondo para alcanzar las 11.000 unidades, así como extender el acuerdo hasta enero de 2022.

Pedro Sánchez ha afirmado que este es "un gran paso que se une a otros muchos aprobados ya por el Gobierno de España en esta legislatura". "Queremos hacer frente al desajuste del mercado del alquiler en algunas zonas tensionadas", ha ahondado. "Vamos a lograr que el parque público en estos puntos calientes ronde la cifra de 24.000 viviendas", ha estimado.