La Comisión Europea impone a España abordar la precariedad y el paro endémico en su mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones como condición para poder acceder al fondo Next Generation EU

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Pero la reforma laboral sigue siendo una china en el zapato de Pedro Sánchez. El presidente ha decidido congelarla porque si llegó a decir que no dormiría por las noches con Pablo Iglesias de vicepresidente, ésta era una de las razones. O hace caso a su vicepresidente social o hace caso a su vicepresidenta económica, que viene de Bruselas.  

EL ESPAÑOL ha podido acceder en exclusiva al último de los documentos, remitido finalmente a Bruselas con fecha del pasado 18 de enero -"se mandó por la tarde noche", según fuentes gubernamentales-. Bajo el título Plan de recuperación, transformación y resiliencia: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones, el texto detalla en 13 folios las políticas con las que Pedro Sánchez pretende convencer a Ursula von der Leyen de que empiecen a llegar los 140.000 millones que le corresponden a España. 

Encabezamiento de la ficha 30 enviada a la Comisión Europea: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones. E.E.

El mes de retraso en el envío a Bruselas se explica con la batalla pública en la reforma de las pensiones y en la más soterrada por la laboral, que ahora sale a la luz con el documento en poder de este periódico.

Pedro Sánchez necesitaba enviar el informe con premura pero el desacuerdo con Pablo Iglesias seguía siendo imposible de soslayar. Así, Moncloa optó por una redacción ambigua en determinados aspectos para que la pelea entre socialistas y morados no llegara a Europa.

El texto es un resumen ejecutivo, tras el visto bueno de Moncloa, de los borradores enviados por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Está dividido en dos partes: las Reformas para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo y las Reformas para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad de las pensiones.

Y en él se puede apreciar el desacuerdo interno del Gobierno, claramente sobre todo en las seis primeras páginas, las que se corresponden con el texto que atañe al departamento de Yolanda Díaz.

La UE requiere a sus Estados miembros que desglosen, sector por sector, sus planes de los próximos seis años. Las inconcreciones del docuemto del Gobierno español sobre el mercado de trabajo son palmarias. Las vaguedades sólo desaparecen en los asuntos en los que PSOE y Unidas Podemos ya fijaron posición, negro sobre blanco, en el acuerdo de coalición.

Sin embargo, en aspectos como la regulación de los riders, la negociación colectiva o la formación para el empleo, las instituciones europeas tendrán que hacer un ejercicio de imaginación para saber qué es lo que se propone hacer el Ejecutivo.

La 'Ley Rider'

En el caso de la Reforma 9. Regulación de los trabajadores de reparto en las plataformas digitales ("riders") resulta muy llamativo que sólo se esboce con buenas palabras el plan gubernamental. Y sorprende porque Yolanda Díaz tiene la ley redactada, hasta el punto de que pretendía llevarla al Consejo de Ministros del pasado martes 26 de enero, tal como informó este periódico.

La negativa de empresarios y sindicatos a última hora, porque quieren seguir negociando, logró frenar las intenciones de la ministra. Pero el texto, al que tuvo acceso Invertia, prevé incluso cambios en el Estatuto de los Trabajadores para acabar con la figura de los "falsos autónomos".

Sin embargo, el papel remitido a Bruselas dedica dos de las escasas tres líneas que explican la ley a repetir su enunciado: "Garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales"... y la última a obviedades: "Dar acceso a protección social y formación a estas personas".

Negociación colectiva

Éste es uno de los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral del PP a los que más ganas le tiene Yolanda Díaz. Y, por contra, uno de los que menos intención tiene de cambiar el ala socialista, según fuentes de Economía.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y Pablo Iglesias, vicepresidente social. Moncloa

Unidas Podemos quiere acabar cuanto antes con la "ultraactividad" de los convenios caducados, la "prevalencia de los convenios de empresa" sobre los sectoriales y el "desequilibrio de fuerzas" entre empleador y empleado a la hora de modificar las condiciones pactadas. El PSOE prefiere estudiarlo con calma y "no aplicar la brocha gorda".

Así el documento que ha llegado a las oficinas de la Comisión Europea dedica la Reforma 7. Modernización de la negociación colectiva a pasar por encima del asunto, rellenando los párrafos con verbos en infinitivo de significado hueco -"adaptar", "vertebrar", abordar"- y dejando la concreción para cuando alguien gane la pelea en el seno del Ejecutivo.

Formación para el empleo

La ficha número 30 de las enviadas a la Comisión, la que completa el primer trámite para pasar el examen de Bruselas, propone hasta 17 cambios legales e iniciativas en el entorno del mercado de trabajo, todos ellos desglosados en dos apartados: "Objetivo" y "Medidas".

Pero la Reforma 11. Modernización y refuerzo de la formación para el empleo tampoco es capaz de concretar hacia dónde se quiere dirigir el Ejecutivo. Y es especialmente reveladora de por qué la falta de sintonía dentro del gabinete provocó tanto retraso en la redacción final del documento.

La Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que dirige Manuel de la Rocha en Moncloa, no podía desvirtuar el borrador enviado por Trabajo ni dar detalles de un acuerdo al que todavía no ha llegado el Gobierno. Por eso los párrafos dedicados al Objetivo de la reforma y los de las Medidas son prácticamente idénticos, y llegan a repetir frases casi palabra por palabra.

Por ejemplo, en la recualificación. "Objetivo: Establecer sistemas [...] modernizando y alineando los mecanismos de formación profesional y de formación para el empleo con las nuevas demandas". Y así, "Medidas: Establecer mecanismos de coordinación [...] para que la formación se corresponda con las necesidades del mercado de trabajo".

O en el caso del reconocimiento de la experiencia laboral. "Objetivo: Un marco que permita la formación continua, la recualificación [...] y establecer sistemas de certificación de conocimientos y experiencia". Y así, "Medidas: "Establecer la formación para el empleo como parte integral de los itinerarios personalizados de formación y empleo [...] introducir mecanismos de reconocimiento de la experiencia profesional".

El fondo de los desacuerdos

La batalla por la reforma laboral en el seno del Gobierno provocó que Bruselas tuviera que esperar más de un mes a la llegada de la última de las 30 "fichas" con las medidas modernizadoras y reestructuradoras de la economía española. 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reunida con los líderes de los sindicatos y de las patronales. Efe

La ministra de Trabajo, militante del PCE y miembro del Ejecutivo dentro de la cuota de Unidas Podemos, ha protagonizado la negociación de los siete acuerdos con los agentes sociales a los que ha llegado el gabinete de Sánchez en el último año. Lo que denota su capacidad de diálogo, reconocida en declaraciones públicas -y celebrada con sorpresa en confesiones de pasillo- por los dirigentes de las patronales.

Pero después de afrontar las urgencias de la pandemia y sostener el empleo con los ERTE ya le toca abordar la reforma laboral. Y en este punto chocará con Nadia Calviño y con José Luis Escrivá

El equipo económico socialista del Ejecutivo mantiene un discurso mucho más alineado con la ortodoxia de Bruselas mientras que Díaz defendía cuando aún era una diputada de Unidas Podemos en la oposición "la derogación total de la reforma laboral del PP y la de Zapatero".

Durante la negociación del acuerdo de coalición, de cuyo equipo formó parte, ya demostró su adaptabilidad al consenso y aceptó limitar los cambios a "eliminar sus aspectos más lesivos". Ahora, su departamento ve ralentizado el impulso a la ley que pretende revisar y "modernizar" de arriba abajo la legislación laboral, como demuestra el documento enviado a Bruselas por Moncloa.