El Gobierno quería que fuera una travesía corta, pero la Ley Rider ha enquistado el Diálogo Social. Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos siguen discutiendo una norma cuyo último borrador abarca a todas las plataformas digitales, no solo a las de reparto, y deja una importante libertad de interpretación que podría quedar resuelta por la vía judicial.
Pese a ello, el Ejecutivo tiene la intención de aprobar la norma en la reunión de esta semana, aunque tanto sindicatos como la patronal están convencidos de que será muy difícil acelerar el proceso y que -salvo sorpresa mayúscula- deberán seguir negociando sus últimos detalles durante el mes de febrero.
En el último texto propuesto por Trabajo, al que ha tenido acceso Invertia, se introduce lo siguiente en el Estatuto de los Trabajadores: "Concurre la condición de empleadora en aquellas empresas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales que sean agente primordial de la actividad en el mercado o aporten o controlen los activos esenciales, aun cuando las facultades empresariales de organización, dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta, sea o no a través de la gestión algorítmica del servicio".
Con este redactado, según fuentes del Diálogo Social, se acabaría con la situación de 'falsos autónomos' en la que se encontrarían los trabajadores de las plataformas digitales. Estas empresas estarían obligadas a establecer una relación laboral directa, es decir, a hacer los correspondientes contratos.
Además, el borrador, tal y como está compuesto, abarca a todos los sectores en los que operan estas empresas. Es decir, que no abarcaría únicamente a las de reparto a domicilio, sino también a otras que ofertan otro tipo de servicios, como la búsqueda de cuidadores de dependientes, una de las reclamaciones de los sindicatos.
Interpretación del texto
Sin embargo, según indican precisamente desde las organizaciones de trabajadores, quedan muchos matices por depurar de la última propuesta. Esto es lo que les hace dudar de que se pueda cerrar el documento esta semana o cuanto antes, que es la pretensión del Gobierno.
De hecho, varias voces implicadas en la negociación admiten que habría cierta libertad de interpretación en el texto, que podría abrir la veda a una judicialización de las relaciones laborales en el campo de las plataformas digitales.
Algo que no sería beneficioso para el sector y que no haría más que prolongar una situación que, precisamente, quiere evitar la nueva Ley Rider. El Gobierno quiere poner sobre la mesa un marco legal que sustituya a la serie de demandas contra estas plataformas que atraviesa toda la geografía española.
Por otro lado, en el caso de la patronal, el rechazo a la Ley Rider es más frontal y tiene que ver con el fondo de la normativa y no con la forma, como indican los sindicatos. De entrada, para las empresas del sector como Glovo o Deliveroo, "estamos ante una propuesta que ya fue rechazada, que es contraria a la regulación europea y que dañaría enormemente la economía".
"Es discriminatorio, tiene dudoso encaje práctico y es perjudicial para la economía", dicen. Fuentes del sector con las que ha hablado este periódico indican que las negociaciones del Diálogo Social "están demostrando lo compleja que es la regulación, ya que afecta a varias industrias y genera importantes modificaciones en el mercado laboral que deberían abordarse y discutirse con más tiempo para evitar efectos económicos adversos, especialmente en un momento crítico para la economía como el actual".
Respuesta de la patronal
Desde el sector, se piden básicamente dos cosas: que la legislación no se haga de manera apresurada y que se considere la actual situación económica con la crisis del coronavirus haciendo estragos nunca antes vistos.
El Ministerio de Trabajo quiere tener el máximo consenso posible en esta normativa, una de las banderas de lucha de la titular de la cartera, Yolanda Díaz, pero si no hay acuerdo en un plazo razonable, está dispuesto a promulgar un Decreto Ley que ponga fin a la incertidumbre. De hecho, el primer plazo era a finales del año pasado, pero la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes frenó la promulgación.
Trabajo nunca ha ocultado que su objetivo es hacer una normativa en la línea de algunas sentencias judiciales que han decretado que los empleados de estas plataformas son falsos autónomos y que, por tanto, deben ser contratados por cuenta ajena y pasar a formar parte de sus plantillas.
El Ejecutivo no ha entrado todavía en cómo deberían ser estos contratos, pero lo que se conoce hasta el momento -por experiencias actuales de empresas de reparto- son condiciones precarias a tiempo parcial y con salarios que no superan los siete euros la hora.
Al mismo tiempo, las plataformas defienden un modelo mixto basado en autónomos con derechos reforzados, tales como poder recibir una indemnización en caso de rescisión unilateral del contrato, mínimos salariales, mejorar los seguros de coberturas, derecho a formación o bajas reguladas por ley.