La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 11.013 trabajadores de Glovo tras las actuaciones realizadas en 2019 y en lo que va de año, según han indicado fuentes sindicales.

La Inspección ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el año pasado y este año por las que se solicitan más de 16,2 millones de euros a la compañía en concreto de cotizaciones impagas de estos trabajadores, considerados falsos autónomos por la Administración.

Las actuaciones responden a denuncias de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d'Izquierda de Uvieu y SAT) y por otro a actuaciones de oficio de la propia Inspección, según adelanta eldiario.es.

Las inspecciones realizadas entre 2019 y 2020 se han llevado a cabo en diferentes provincias de la geografía nacional como en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.

Inspecciones que se acumulan. Exactamente hace una semana la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicó que ha dado de alta de oficio a 2.921 repartidores de Amazon Flex que trabajaban como autónomos, tras una denuncia de UGT, lo que ha generado casi cuatro millones de euros de ingresos por cuotas no satisfechas al Régimen General de la Seguridad Social.

Nueva legislación

Unas inspecciones que están en la línea de la nueva legislación que prepara el Gobierno. Este miércoles ha sido el pistoletazo de salida de las reuniones del Diálogo Social para poner límites a las condiciones laborales que las plataformas digitales ejecutan sobre sus trabajadores. 

Estas negociaciones se han iniciado por la situación en la que están, particularmente, los conocidos como 'riders', es decir, las personas que se ocupan del transporte de productos para plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. Sin embargo, en Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos han pactado que la futura legislación no abarque solo a este colectivo.

Así, la regulación aspira a "establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", sea cual sea la naturaleza del mismo. La reunión, definida por los asistentes como "una toma de contacto", se repetirá el miércoles de la próxima semana. Hasta entonces, los agentes sociales han acordado intercambiar documentos. 

Según ha podido saber Invertia, este primer encuentro ha servido para tantear los ánimos después de la propuesta que Trabajo sacó a consulta pública hace unos meses, que ya generó ciertas discusiones con el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño. 

"El principal objetivo de nuestra propuesta es asegurar que la protección laboral llegue a todas las personas trabajadoras de estas plataformas. Los ejes programáticos se alinean con las posiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU con relación al trabajo con derechos", dijo por entonces la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Condiciones de los 'riders'

No han trascendido más detalles de esta propuesta, pero la idea del Gobierno es que todos estos riders pasen a ser trabajadores por cuenta ajena, es decir, que estén contratados por las plataformas. 

Actualmente esta relación laboral tiene algunas características de un contrato formal como seguro médico o un mes de sueldo por invalidez, pero no incluye ni indemnizaciones, ni sueldo fijo, ni prestaciones sociales. Esta relación ha mejorado ostensiblemente a partir de la judicialización y de la avalancha de denuncias de este modelo laboral.