El Ministerio del Interior mantiene paralizada durante más de un año la aprobación de una nueva federación de riders que pretende agrupar a cuatro asociaciones del sector. Así lo denuncian Asociación Autónoma de Riders (aar), Asoriders, Asociación de riders profesionales y Asociación de riders unidos, que presentaron la documentación el segundo semestre de 2019.
El objetivo de estas cuatro asociaciones, que representan en conjunto a entre 2.000 y 3.000 repartidores de empresas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart, era constituir esta federación para tener una voz común y más representativa de cara al debate por el modelo laboral del sector.
Glovo y Deliveroo promueven un modelo laboral de autónomos con derechos reforzados para que -indican- los riders puedan colaborar con varias plataformas a la vez. Por el contrario, Just Eat se ha decantado por contratar a sus repartidores bajo contratos por cuenta ajena.
Quienes critican el modelo de Glovo, Deliveroo y Uber Eats indican que trabajan con falsos autónomos a los que precarizan laboralmente. La última sentencia del Tribunal Supremo les da la razón y establece que estos trabajadores deberían estar contratados por cuenta ajena y que no son autónomos.
En estos momentos, el Ejecutivo prepara una Ley de riders para regular el trabajo de estos repartidores, un debate que lleva años en los tribunales. En esta línea, este martes la ministra de Trabajo Yolanda Díaz indicó que el siguiente paso será reunirse con los agentes sociales para acordar los puntos centrales de esta ley.
Postura del Gobierno
Se da el caso de que la postura de estas cuatro asociaciones -y por tanto de su futura federación- es contraria al espíritu que quiere reflejar el Ejecutivo. Moncloa y el Ministerio de Trabajo quieren que estos trabajadores sean regulados mediante un contrato por cuenta ajena. Una postura que defiende la asociación Riders x derechos
En cambio, estas otras cuatro asociaciones consideran que la actividad de reparto a través de plataformas digitales es una actividad nueva que ofrece oportunidades económicas a miles de repartidores que desean mantener su independencia y flexibilidad.
"La inclusión forzosa como laborales en el régimen general de la seguridad social privaría a los repartidores de dicha flexibilidad, así como de la libertad de modular su dedicación en función de sus necesidades personales", indican.
Estas asociaciones denuncian que de no constituirse en federación no podrán participar del debate con agentes sociales que prepara el Ministerio de Trabajo. "Exigimos que nuestra voz sea escuchada y forme parte del diálogo social que el Ministerio del Trabajo dice que está haciendo. Es nuestro futuro el que está en juego y no nos pueden dejar por fuera de estas decisiones", indican.
Del mismo modo, denuncian que el freno a la constitución de su federación -que debe ser aprobada por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y Registro Nacional de Asociaciones- se ha convertido en un silencio administrativo buscado por el propio Ejecutivo, impidiendo que su voz sea escuchada.