La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue negociando cada tres o cuatro meses la renovación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Ahora, la reforma laboral que prepara Díaz prevé consolidar la herramienta, y así lo recoge el documento enviado a Bruselas por Moncloa, al que ha tenido acceso este periódico.

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"Los ERTE han llegado para quedarse", repetía la titular de Trabajo (Unidas Podemos) junto al ministro José Luis Escrivá (PSOE), en la rueda de prensa que hace 10 días daba cuenta del pacto con sindicatos y patronales.

Pero la ficha número 30 remitida a la Comisión Europea el lunes 18 de enero "por la tarde noche", según fuentes del Ejecutivo, incluye un mecanismo novedoso para trabajadores y empresarios: ambos, junto al Estado constituirán "un Fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE". 

Encabezamiento de la ficha 30 enviada a la Comisión Europea: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones. E.E.

Así lo recoge este documento, imprescindible para que las instituciones de la UE activen el proceso de concesión de los fondos de recuperación. La Reforma 5. Modernización de la normativa sobre Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), explica que el objetivo del Gobierno es "establecer un modelo permanente de ERTE, que han permitido amortiguar la caída del empleo durante la crisis del COVID-19, como un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas".

Más abajo añade que una de las medidas previstas es la creación de ese fondo tripartito con participación económica del Estado, y aportaciones de los empresarios y los trabajadores a través, previsiblemente, de las cotizaciones sociales.

Ahora mismo, ese mecanismo está protegiendo, tal como explicó Escrivá el pasado martes tras el Consejo de Ministros, a unas 750.000 personas entre asalariados y autónomos. "En el momento más agudo tuvimos a 3,6 millones de trabajadores protegidos", explicó el titular de Seguridad Social. "Desde octubre, con un modelo flexible, se ha ido estabilizando el modelo y así hemos podido mantener el empleo".

21.300 millones de deuda

Pero esa protección se está pagando con dinero europeo. Se da la circunstancia de que para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo Next Generation EU aprobado en el Consejo del pasado mes de julio, el Gobierno Sánchez ha tenido que mandar 30 fichas con las reformas y modernizaciones de la economía que pretende financiar con ese dinero. Y que una de ellas, la reforma laboral, incluye la consolidación de los ERTE que hoy paga la propia Unión Europea.

La Comisión aprobó el pasado 7 de octubre la emisión de bonos sociales para financiar un fondo más, dotado con hasta 100.000 millones de euros, para aliviar el gasto de los Estados miembros en regímenes de protección del empleo, como los ERTE y la prestación por cese de actividad de autónomos en España.

El fondo, bautizado como SURE (por las siglas en inglés de Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), una vez más, colocó a nuestro país como uno de los mejor parados en el reparto. En realidad, es un préstamo que aumenta la deuda pública -ya rampando hasta el 114% del PIB- por el que España ha recibido 21.325 millones de euros

Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, ministros de Trabajo y de Seguridad Social.

Fuentes del Gobierno admiten que ese dinero "ya se ha gastado", y que los próximos cuatro meses de ERTE costarán "del orden de otros 5.000 millones". Por eso, el Ejecutivo necesita buscar ingresos y no mantener la presión sobre las cuentas del Estado, que algún día -más pronto que tarde- habrá que equilibrar. Por eso es por lo que Moncloa se compromete en este documento con Bruselas a la creación de este fondo, al que deberán contribuir empresarios, autónomos y trabajadores. 

Hoy, el Ejecutivo de coalición presume de la eficacia del modelo de los ERTE. Y eso que al inicio de su andadura, hace un año, todavía se discutía entre el ala socialista y la morada si éstos formaban parte de los "elementos más lesivos" de la reforma laboral del Gobierno del PP en 2012 que había que derogar.

Ahora, sin embargo, tanto Díaz como Escrivá ponen como ejemplo sus beneficios: "Once meses después del inicio de la crisis de 2008 se habían destruido 1,5 millones de empleos... y ahora ya estamos recuperando unos 200.000 empleos".

¿La penúltima renovación?

La mesa del diálogo social en la que el Gobierno ya ha alcanzado hasta siete grandes acuerdos impulsados por ella desde el inicio de la pandemia, sacó adelante el último pacto "en muy pocas reuniones" y con un "consenso rápido", según confirman todas las partes.

Fuentes de Trabajo explican a este periódico que la última renovación de los ERTE ya flexibilizó los trámites burocráticos para prorrogarlos todos "sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas". También se facilitó un "mecanismo automático de cambio entre los de impedimento y los de limitación", de manera que desde el próximo 1 de febrero se podrá pasar entre ambos tipos "sin necesidad de autorización administrativa".

Y además se ampliaron los sectores a los que se les dará "una superprotección", como los gimnasios, los restaurantes, el ocio nocturno y el transporte terrestre de mercancías, en previsión de nuevos cierres masivos provocados por la tercera ola de la Covid. El nuevo decreto seguirá en vigor hasta el 31 de mayo, pero en el departamento de Yolanda Díaz se da por sentado que habrá que renovarlo para cubrir el verano.

Será después cuando se aborde esta reforma comprometida con Bruselas. El texto enviado a la Comisión Europea, de hecho, ya esboza cómo. Se le dará prioridad a "los ERTE de reducción de jornada y de suspensión de contrato, frente al despido".

Así, cuando acabe la pandemia y la economía española se pueda poner en marcha con normas no excepcionales, se utilizará este instrumento como una de las palancas de la reforma laboral "más flexible" y con un "refuerzo de la inversión en formación" que pretende impulsar Díaz en sustitución de la del Partido Popular.