Gobierno, patronal y sindicatos han cerrado este martes un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) hasta finales de mayo. Según las estimaciones de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, la medida tendrá un coste en este 2021 de unos 5.500 millones de euros.
Una cantidad muy por encima de los escasos 1.150 millones que el Gobierno había reservado para este uso en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre.
La previsión es que se tengan que gastar, mensualmente, unos 700 millones en prestaciones para trabajadores y otros 400 millones en exoneraciones para empresas en ERTE. Es decir, las cuotas que la Seguridad Social deja de ingresar.
De esta manera, el gasto final previsto (que puede oscilar según el avance de la pandemia) tras la prórroga de los ERTE hasta finales de mayo quintuplica la cantidad que el Ejecutivo había reservado inicialmente.
Sin embargo, esto no debería ser un problema. Todos los responsables ministeriales, desde Escrivá hasta Yolanda Díaz, de Trabajo, o María Jesús Montero, de Hacienda, han reiterado en sus intervenciones públicas que los fondos no serán un problema para financiar los ERTE.
Cabe recordar que gracias a la suspensión de las reglas fiscales de la Comisión Europea, España no tiene que respetar ningún tipo de límite de déficit o de deuda pública. Con todo, el Ministerio de Hacienda ha postulado unos límites de referencia del 7,7% del PIB para el déficit y del 117,4% del PIB para la deuda pública para este 2021.
Mismas condiciones
La prórroga de los ERTE que ha acordado el Diálogo Social recoge, finalmente, todas las prestaciones para trabajadores y exoneraciones de cuotas sociales para las empresas que se pactaron en septiembre. Es decir, que el modelo se conservará tal cual está.
De hecho, ha habido ciertas mejoras. Más allá de los aspectos más técnicos, se han incluido nuevos sectores entre los 'ultraprotegidos' y se ha facilitado burocracia para cambiar de un ERTE por limitación a uno por impedimento, y viceversa.