Podemos dará por roto el Gobierno si Pedro Sánchez pacta con Pablo Casado la reforma de las pensiones

No es no. Unidas Podemos se niega a la reforma del sistema de pensiones que propone el PSOE dentro del Gobierno. "No les dan los números, simplemente", explican las fuentes del entorno de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, vicepresidente social y ministra de Trabajo. ¿Y eso qué significa? Que no permitirán que el Ejecutivo amplíe el periodo de cotización para el cálculo de la pensión a 35 años.

La idea que defiende José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, con el apoyo de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y el amparo del presidente, Pedro Sánchez, es una frontera, un imposible. Para los morados, la idea que ha puesto Escrivá sobre la mesa, no está amparada en el Pacto de Toledo y se parece demasiado a la que proponía el último Gobierno del PP

Entonces, ¿hasta dónde llega el "no es no"? A día de hoy, es un "no se plantea". Es decir, que si acaba pactando esa reforma con el PP de Pablo Casado, "será Sánchez quien haya roto el Gobierno".

El año 2021 se presenta como el que debe consolidar posiciones en el seno del Ejecutivo de coalición. Ya hay Presupuestos e Iglesias es, por tanto, menos fuerte pero sigue siendo imprescindible para la estabilidad de "una legislatura larga y fructífera", como dijo Sánchez en su rueda de prensa de balance del año, porque ninguno otro de sus planes contarían jamás con el apoyo del PP.

Y aunque Unidas Podemos sabe que el sistema actual de pensiones es insostenible, no acepta que la reforma sea "regresiva", de "recortes en los derechos" y, sobre todo, de reducción de las pensiones.

Un informe en pocas manos

Según ha podido saber este periódico, Escrivá ha elaborado un informe sobre su reforma de las pensiones. Hoy en día, el documento sólo está en manos de Sánchez, Calviño y Díaz. Ni siquiera Iglesias ha tenido acceso a él -más allá de lo que le haya podido filtrar su ministra de Trabajo-, y este documento, dicen las fuentes, recoge el incremento del periodo de cotización para el cálculo de la pensión a 35 años.

En la actualidad, aún seguimos en el periodo transitorio nacido de la última reforma, y hasta 2022 no entrarán en vigor los 25 años de periodo de cotización como base de cálculo. A quienes se jubilen este 2021, aún se les contarán sólo 24 años.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ese informe de Escrivá calcula en un 6% el ahorro que supondría subirlo a 35 años. La "sostenibilidad del sistema", una de las tres promesas del ministro hace un año al presentar sus planes en el Congreso -junto al Ingreso Mínimo Vital y una nueva política migratoria "para afrontar el reto demográfico"-, precisa de una reforma en profundidad de las pensiones. Es decir, por el ahorro.

El sistema actual

El sistema actual de pensiones fue diseñado en los Pactos de la Moncloa de 1978. En España la esperanza de vida no superaba los 74 años y el retiro laboral estaba fijado en los 70 años. Hoy, la edad oficial para abandonar el mercado laboral y recibir una pensión son los 66 y los españoles no nos morimos hasta los 84.

El sistema actual de pensiones se diseñó cuando era más que habitual que un profesional hiciese carrera, y fuese mejorando en su sueldo y categoría dentro de la estabilidad de un empleo "para toda la vida". Hoy, uno de los problemas principales del mercado laboral son los parados de más de 50 años, porque el sistema los expulsa; la depreciación de los sueldos que han reducido las rentas desde la anterior crisis y que no se han recuperado aún: el peso de los sueldos respecto al PIB aun es de dos puntos menos que en 2007... y la riqueza nacional ha crecido alrededor del 15%.

Y a los mayores ya no les dará tiempo a recuperar sus rentas, así que todos -de Podemos a Vox- saben que los últimos años de cotización ya no son los mejores.

Este sistema de pensiones se diseñó para cuando había más de tres trabajadores para pagar la asignación de cada jubilado -unos 14 millones de cotizantes para poco más de cuatro millones de pensionistas-. Hoy, no llegamos a dos pagadores por cada perceptor y hemos inventado más tipos de pensiones no contributivas (y mejor pagadas, por suerte), hemos añadido muchos gastos impropios, asumidos por el sistema.

Concretamente, en el último año, la Seguridad Social dedicó 22.871 millones de euros (el 1,6% del PIB) a gastos que no le corresponden. Según las cuentas de José Luis Escrivá, la suma es la siguiente: 11.305 millones en políticas no contributivas que se financian con cuotas; 3.911 millones en gastos de funcionamiento; 2.953 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos y otros 1.082 millones en complementos de maternidad; 1.818 millones en reducciones de cotizaciones -por ejemplo, las tarifas planas de autónomos-; 1.014 millones en subvenciones de regímenes especiales; y 788 millones en complementos a pensiones de jubilación.

Pero ni eliminando estos "gastos impropios" como prevén (al 80%) los Presupuestos de 2021 -dopados por las ayudas europeas, no lo olvidemos- se equilibrarían las cuentas: la Seguridad Social ha cerrado 2020 con un déficit superior a los 45.000 millones de euros, a falta de cálculos cerrados.

Este sistema de pensiones se pensó, pues, para otra España, otro mercado laboral, otra demografía. Y hoy mismo ya es insostenible y el fondo de reserva -inventado en el 2000 de las vacas gordas y que llegó a engordar al cerdito de la hucha hasta los 66.000 millones de 2011- sólo guarda telarañas.

El elegido

Al armar su Gobierno de coalición, el presidente Sánchez desgajó la Seguridad Social y la unió con Inclusión y Migraciones para que no fuera el Ministerio de Trabajo el que llevara esta reforma adelante. La titular de esa cartera iba a ser Yolanda Díaz, y su fama la precedía: ha sido una de las parlamentarias más luchadoras contra este tipo de reformas de las pensiones, es una abogada laboralista con una merecida fama de enciclopédica e incansable. Como se comprueba ahora, no era la adecuada para el puesto.

De sus declaraciones en los últimos meses ya se comprueba la evidencia de que ella no habría tirado por aquí. Porque la ministra de Unidas Podemos habla poco, pero cuando lo hace es de una claridad prístina: "No es no". Y de hecho, Díaz niega que el dificilísimo acuerdo del Pacto del Toledo -alcanzado el pasado 10 de noviembre en el Congreso por todos los grupos [consúltelo completo aquí]- ampare la subida a 35 años del periodo de cotización.

Pero Escrivá, el ministro de las pensiones, fue elegido precisamente para esto: equilibrar las cuentas, reformarlo todo y prepararnos para una sostenibilidad que dure un par de generaciones. Sus trabajos al frente de la AIReF lo promocionaron como el adecuado para el encargo, al punto de que pasó de estar en la órbita democristiana del PP -según las memorias de José Manuel García Margallo, formó parte del equipo económico que preparó el programa de Mariano Rajoy cuando ya sabía que ganaría las elecciones de 2011- al entorno socialdemócrata del PSOE.

Quizá también por ese viaje -y esos contactos-, el presidente encargó a Escrivá que haga sostenible el sistema cuando la Comisión Europea ya llevaba años incluyendo sus desequilibrios como una de las amenazas de la economía española. Y su solución, como una de las "recomendaciones de política económica" que anualmente enviaba a España.

Estamos obligados

Esas recomendaciones se han convertido en "obligaciones" este año, porque el fondo de recuperación tras la pandemia está condicionado. Y por eso Sánchez está decidido a sacarla adelante "sí o sí". Y por eso, en su rueda de prensa de balance anual, el presidente dio por hecho que "es un reto enorme, pero este Gobierno lo va a afrontar, sin lugar a dudas".

La recomendación número 5 del Pacto de Toledo, cuyo título es "Adecuación de las bases y periodos de cotización", tiene una redacción a la que se agarra el equipo económico del Gobierno (socialista): "Evaluación de la ampliación de la progresiva del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones. Evaluación de la ampliación del periodo cotizado exigible, por Ley, para alcanzar una pensión del cien por cien de la base reguladora".  

Pero el acuerdo es parlamentario, no de Gobierno, lo que desde Unidas Podemos se interpreta como que no les compromete tanto como el pacto de coalición... que no dice nada de aumentar el periodo de cotización. Aunque en la reforma que propone Escrivá, apoya Calviño y ampara Sánchez, el PP está de acuerdo. Y eso, seguir adelante con la "sostenibilidad del sistema" por esta vía, podría hacer saltar por los aires el Ejecutivo de coalición.