La cartera de José Luis Ábalos vuelve a liderar el enésimo conflicto en el seno del Gobierno de coalición por el decreto para frenar los desahucios. Cuando parecía que Unidas Podemos y el PSOE habían encontrado un punto de confluencia, todo ha vuelto a saltar por los aires con reproches cruzados.

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Esta semana, Pablo Iglesias ha visto saltar por los aires su plan de llevar el acuerdo al Consejo de Ministros y este sábado ha dado un paso más al culpar a los socialistas del retraso por insistir durante la negociación todavía abierta en compensar "con dinero público" a los grandes tenedores de vivienda.

"Tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del decreto de paralización de los desahucios propuesto por Unidas Podemos", apuntaron a Europa Press desde el entorno de la vicepresidencia segunda del Gobierno, que lidera el propio Iglesias.

Estas misma fuentes apuntaban directamente a los ministerios de Economía y Justicia como principales escollos y defensores de esta compensación, pero ha sido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Ábalos, quien ha plantado cara a los reproches lanzados desde el entorno de Iglesias apuntalando, precisamente, la crítica que esgrimían.

Los grandes tenedores de vivienda -más de 10 propiedades- deben recibir una compensación económica si sus casas están ocupadas sin contrato mientras a los residentes se les busca una alternativa para vivir, defienden fuentes de la cartera de Tranportes.

Posturas enfrentadas

Desde Unidas Podemos vienen aludiendo a la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda, que "gozan de beneficios millonarios" por el negocio inmobiliario que generan en España, "arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas".

"Sería una forma de asumir su responsabilidad social corporativa, ya que utilizan un bien de primera necesidad como es la vivienda como objeto de especulación", recalcan fuentes de la vicepresidencia segunda. 

El conflicto está servido. El planteamiendo de la formación morada, abanderado por Ione Belarra, secretaria de Estado de la Agenda 2030, choca abiertamente con la posición de los socialistas, que argumentan que no compensar a esos propietarios por la cesión de propiedades corre riesgo de ser declarado inconstitucional.

Los departamentos de, al menos, Economía, Justicia y Transportes consideran que la solución -que irá recogida en un Real Decreto a aprobar, previsiblemente, antes de fin de año- debe ser la compensación por esa cesión de propiedad, porque para favorecer a los más vulnerables "no puede haber dudas de la constitucionalidad del decreto", aseguran a Europa Press fuentes próximas al ministerio dirigido por Ábalos.

Para estos grandes propietarios, el mensaje debe ser que en tres meses tendrán "limitado" su derecho de propiedad -hasta que los servicios sociales encuentren una vivienda digna para los ocupantes- pero a cambio recibirán una compensación, porque "hay que hacerlo de manera sólida para no correr riesgo de inconstitucionalidad", aseveran. La finalidad, señalan, es que los más vulnerables queden protegidos, y para ello es preciso un real decreto "fuerte jurídicamente y sólido".

Choques sucesivos

La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios viene generando una fuerte tensión entre los socios de Gobierno desde hace semanas. El acuerdo parecía cerca despues de que el mismo Ábalos apuntara a la posibilidad de abordarlo en el próximo Consejo de Ministros ya que solo quedaban los flecos relativos a ajustar aspectos jurídicos.

Por las información deslizadas por los partidos de la coalición parece no ser así. Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus. 

Todo comenzó cuando, a finales de octubre, Unidas Podemos volvió a plantear, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previos a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.

Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario de la formación morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado morado recalcaban que era un asunto prioritario como medida sanitaria y desde el plano de protección social.

A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.

El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma.

Ese consenso pautaba abarcar a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y encargaba a las comunidades autónomas ofrecer la opción de realojo en forma de vivienda digna, cerrando la puerta a derivar a las familias en albergues o centros de acogida.

Cortes de suministro

Otro punto de fricción, más profundo si cabe, es la prohibición de cortes de suministros básicos, que estuvo vigente hasta finales de septiembre, y que Unidas Podemos aspira a recuperar. De hecho, el lado morado del Ejecutivo buscaba vincular ambos asuntos pero finalmente se desligaron para desatascar en primer lugar los desahucios.

Las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE (por medio del Ministerio de Transición Ecológica) tampoco han avanzado hasta el momento y los planteamientos de ampliar el denominado bono social eléctrico no satisfacen al socio minoritario.