Finalmente, hay acuerdo en el seno del Gobierno para prohibir por decreto los desahucios hasta el fin del estado de alarma. Al menos, en los casos en los que no haya alternativa habitacional. Es decir, en los que la familia sometida al procedimiento de desahucio no tenga "una vivienda digna" a la que ir.

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Pero, ¿quién la tiene si está siendo expulsado por impagos de la casa en la que está habitando? Lo lógico es concluir que los equipos de José Luis Ábalos y Pablo Iglesias han acordado paralizar todos los desalojos en España hasta el 9 de mayo. Ahora, Iglesias acelera para que el decreto sea aprobado el martes que viene, 8 de diciembre, en Consejo de Ministros.

Finalmente, el acuerdo no incluye la prohibición de los cortes de suministros. Ésta estaba siendo negociada por el equipo de Iglesias con la Vicepresidencia cuarta, de Transición Ecológica, y por el momento no hay acuerdo. Fuentes del departamento de Teresa Ribera confirman a este periódico que se ha ampliado el bono social a un nuevo supuesto "para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia".

Este modelo, criticado por Unidas Podemos, sólo suspende la posibilidad de cortar los suministros en "determinados casos" de los beneficiarios del bono social. Si bien la ministra portavoz, María Jesús Montero, dijo el martes que "el Gobierno está estudiando ampliar esta cobertura", lo cierto es que la misma desapareció al caducar el pasado 30 de septiembre y no ser renovada vía decreto.

Pero desde que acabó septiembre, las energéticas pueden proceder al corte de la luz, el agua, y el gas por impagos. Según Rafa Mayoral, portavoz de Podemos, "no tiene sentido pedir a la gente que se lave las manos por salud contra la Covid y luego contarle el agua a quien no la pueda pagar; no se puede pedir en pleno invierno a la gente que se quede en casa para guardar su salud, pero cortarles la calefacción si no la pagan".

Hasta el fin de la alarma

Tal como informaba este periódico en la mañana de este miércoles, la Vicepresidencia segunda confirmaba a media tarde que ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma". Es decir, si no hay cambios, hasta el 9 de mayo de 2021.

Esto supone una rebaja en tiempo muy sustanciosa respecto a lo que pedía Unidas Podemos. En la enmienda a los Presupuestos que presentó el grupo morado en conjunto con Bildu y Esquerra Republicana, se reclamaba la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2022. Esa enmienda se retiró el martes del registro del Congreso "para darle campo de juego a la negociación", según fuentes moradas, y el acuerdo ha llegado 36 horas después.

Según lo acordado, tal como explican las fuentes del departamento de Iglesias, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas "mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna". El decreto impone que sean los servicios sociales de las Comunidades Autónomas los encargados de "ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue)".

Autoridad judicial

Si los de Iglesias habían retirado la enmienda, los de Ábalos aceptaron incluir en la cobertura del decreto que la cobertura alcance a todo tipo de núcleos familiares en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, la cobertura sólo alcanzaba a los afectados socioeconómicamente por la Covid, ahora se amplía esa concepción, implicando "a la autoridad judicial"

Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad "la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante", que los tribunales "tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados/as aleguen vulnerabilidad".

Se cumple así con las resoluciones del Comité DESC que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas... El protocolo se firmó en 2008, entró en vigor en 2013 y España lo adoptó, comprometiéndose a no realizar desahucios si el afectado no tiene acceso a una vivienda alternativa.

Es a esto a lo que se refiere Mayoral, diputado y portavoz de Podemos, cuando alega que "España debe cumplir con lo que dice la ONU, nos estamos saltando los acuerdos internacionales"... para intentar detener un desahucio.

Ahora, el pacto entre Derechos Sociales y Transportes incluye también a "las familias en precario en viviendas de grandes tenedores, es decir, propietarios de más de una decena de viviendas", apuntan las fuentes del Ministerio de Iglesias. En este caso las CCAA tendrán "un plazo máximo de tres meses" para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

Y el Gobierno, apenas 24 horas para que el decreto redactado llegue este jueves a la mesa de la comisión de subsecretarios que prepara los Consejos de Ministros. Ya antes de que estuviera cerrado el pacto, en las oficinas de la Vicepresidencia segunda se redactaba un borrador de máximos para el decreto. En estos momentos, se cierran los detalles con el objetivo de que el decreto se apruebe en seis días y entre n vigor en una semana.