Inés Arrimadas ha decidido no tensar la cuerda de los Presupuestos tras el pacto educativo suscrito por PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. La coalición de Gobierno ha concedido a los separatistas la supresión del castellano como lengua vehicular en la nueva norma, conocida como ley Celaá. Un disparo a la línea de flotación de Ciudadanos que no encontrará respuesta en la negociación de las cuentas públicas.

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La presidenta de los liberales ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional y que trabajarán en Europa para impedirlo, pero ninguna de las dos acciones augura consecuencias inmediatas. De hecho, Ciudadanos no puede presentar un recurso motu proprio ante el TC por carecer de los votos suficientes -hacen falta cincuenta escaños-.

La decisión de Arrimadas -a tenor de varios dirigentes consultados por este periódico- ha suscitado un ruido de sables considerable en el seno de la Ejecutiva del partido. Se describen como "consternados", "decepcionados" y "cabreados". "¡Ciudadanos nació para combatir medidas como esa! Muchos nos afiliamos por la batalla de la educación en Cataluña", repiten hasta tres mandatarios naranjas.

Este jueves, Carlos Cuadrado -vicesecretario-, Edmundo Bal -portavoz adjunto-, José María Espejo -vicesecretario- y Marina Bravo -secretaria general- se reunieron con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y con el gurú económico de Podemos, Nacho Álvarez. La premisa era clara: la enmienda sobre el castellano en la ley de educación no era un asunto a tratar.

Así lo reconoció el propio Bal en comparecencia posterior ante los medios de comunicación. Mencionó los caminos elegidos por Ciudadanos para impugnar la concesión a ERC, pero ninguno de ellos pasa por amenazar con levantarse de la mesa. A los de Arrimadas, entonces, sólo les queda esperar a que sean el PP y Vox quienes presenten el recurso de inconstitucionalidad o que el Defensor del Pueblo atienda su ruego.

El plan de la presidenta del partido ha desatado la incomodidad entre numerosos miembros de la Ejecutiva, que lamentan que el "núcleo duro esté tomando ese tipo de decisiones sin someterlas a un debate interno".

Con "núcleo duro" se refieren a Carlos Cuadrado y José María Espejo, que pilotan el funcionamiento orgánico de Ciudadanos desde la salida de Albert Rivera. Ambos son camisas viejas de la organización naranja y también encarnaban cargos de alta responsabilidad en la etapa anterior.

El razonamiento del aparato -y la respuesta a lo comentado- es esta: "Se trata de una rampa -la enmienda contra el castellano- que nos preparan Podemos y ERC para que dejemos de negociar los Presupuestos. Claro que nos parece importante, pero no queremos mezclar dos cosas distintas".

Arrimadas y su comité permanente insisten en que "no se puede dudar de los genes de Ciudadanos" y que no picarán el anzuelo: "Quieren sacarnos de la foto. En cualquier caso, no creemos que el PSOE vaya a atreverse a llevar esa enmienda hasta el final".

"Estamos consternados"

Ciudadanos, "con la que está cayendo" -inciden los críticos-, lleva sin celebrar una Ejecutiva "más de un mes". El próximo lunes se producirá una de estas reuniones y la educación será uno de los asuntos de debate.

"Muchos estamos consternados. Esa enmienda educativa es un ataque directo al ideario fundacional de Ciudadanos. Creen que influir en los Presupuestos es lo mejor para el país y que, además, nos reportará un rédito electoral", lamenta uno de los mandatarios consultados.

"No estamos consiguiendo cosas lo suficientemente importantes como para renunciar así a la pelea de la educación. País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia... Ya es mucho tiempo trabajando en esa dirección. Ahora, ¿vamos a dejarlo pasar? No debemos tragar con todo", critica otro.

Distintas fuentes, en charla con EL ESPAÑOL, piden una mejora de la "democracia interna" en el proyecto que encabeza Arrimadas. Indican que la situación "no fue buena durante los últimos meses de Albert", pero llaman a que el "núcleo duro" se abra a la Ejecutiva cuando se trate de "temas trascendentales".

La existencia de estas fisuras quedó de manifiesto con el tuit de la diputada Marta Martín, que fue borrado al poco de su publicación: "Día muy duro. He tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto. Creo que el Estado de Derecho y el control parlamentario son irrenunciables aun en circunstancias dantescas. He respetado la disciplina de voto. Confío en que acertemos y en que no me vuelva a pasar".

La concesión de seis meses de alarma a Pedro Sánchez sin votaciones de por medio fue otro de los puntos de división en el seno de Ciudadanos. Alrededor de postura se produjeron las bajas de Xavier Pericay -fundador- y Patria Reyes -miembro de la Mesa del Congreso en época de Rivera-.