Alberto D. Prieto Ana I. Gracia

"Pedimos a la ciudadanía que se quede en casa hasta que el Estado decrete el estado de alarma". Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña pero president en funciones, fue quizás el más claro de todos. No sólo a la hora de reclamar que Pedro Sánchez convoque un Consejo de Ministros extraordinario, sino dejando clara la prisa que tienen ya todas las Comunidades Autónomas para que el Gobierno les dé un instrumento jurídico necesario.

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Tras las peticiones de las comunidades, el presidente del Gobierno ha decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este mismo domingo con el objetivo de ultimar el estado de alarma. Como el mismísimo ministro Salvador Illa reconoció este jueves, "para decretar una medida como ésa hace falta un paraguas jurídico mayor".

¿Mayor que qué? Que la ley general de Sanidad o la de Medidas Especiales, ambas de 1986. La segunda es la que propone reformar el PP en su llamado Plan Cajal de medidas urgentes contra la Covid. Y a la primera han ido recurriendo todos los gobiernos regionales hasta ahora para los confinamientos perimetrales de ciudades y pueblos, para limitar los aforos en actos públicos, para recortar los horarios de la hostelería...

¿Todas las CCA? No, todas no. Porque ninguna de las regiones que gobierna el Partido Popular se unió a la tromba de autonomías que en la tarde del viernes reclamaron a Pedro Sánchez lo que la tarde anterior Illa no supo darles. Ya son ocho -País Vasco (PNV-PSE), Asturias (PSOE), Extremadura (PSOE), La Rioja (PSOE), Cataluña (ERC-JxCat), Navarra (PSN), Castilla-La Mancha (PSOE), Melilla (Ciudadanos)- las que habían reclamado el instrumento de excepcionalidad constitucional.

Todos a la espera

Curiosamente, ni Madrid ni Castilla y León se subieron al carro. Y es que fue la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso la primera que planteó públicamente la posibilidad de imponer el toque de queda como una medida "adecuada para contener el virus en donde se está expandiendo ahora mismo mayoritariamente". Esto es, en las reuniones familiares y sociales, "donde por el mismo contexto de confianza, se relajan las medidas de prevención".

Tampoco el Gobierno con sede en Valladolid lo hizo, a pesar de que la noche anterior, el vicepresidente Francisco Igea (Cs) declaraba a este periódico que "si no nos dan la solución, la pondremos nosotros". Alfonso Fernández Mañueco (PP), presidente regional, compareció con Illa y lo abroncó con buenas palabras, rodeando de jabón los reproches del día anterior. Se pasó de "esto es una vergüenza" a "no podemos esperar". Y el ministro abandonó el silencio "a la espera de que los servicios jurídicos nos den una respuesta" al "apoyaremos lo que decida el Ejecutivo castellanoleonés".

Pero lo que decidió Mañueco fue ir por la vía del decreto, como había anunciado ya el socialista Ximo Puig para a Comunidad Valenciana... Madrid, por su parte, había anunciado un toque de queda light, en el que no se restringe el movimiento, pero sí las actividades profesionales y las reuniones particulares, que quedan prohibidas desde la medianoche hasta las 6.00 de la mañana a partir del lunes.

Total, que en realidad toda España está a la espera de que Pedro Sánchez regrese de Roma, de su audiencia con el Papa de este sábado a primera hora, para que convoque a su Gobierno y se redacte un decreto de alarma que les dé cobertura jurídica.

Fuentes de Moncloa daban por hecho que esto será lo que ocurra el domingo. "No podemos esperar más a tomar la decisión", explicaba un funcionario del equipo de Presidencia. "Si la cosa está como para que el presidente haga una declaración institucional, para que la líder de Cs reclame un mando único a través del estado de alarma y para que hasta siete CCAA nos lo reclamen... además de con unos datos tan poco buenos en la evolución de la pandemia, no podemos dejarlo para el Consejo del martes".

El PP, reticente

Pero, dado el nuevo ambiente político inaugurado en la "constructiva" conclusión de la moción de censura de Vox, tras el varapalo de Pablo Casado a Santiago Abascal, ¿hay esperanzas de que el PP apoye la medida? 

Para empezar, la ausencia de una sola autonomía popular en la lista de las que este viernes llamaron públicamente a que Moncloa actúe, no indica que esto vaya a ser así. Y además, es que el Partido Popular no entra en la discusión de ahora, pero eso sí, no se plantea apoyar una futura prórroga de un hipotético estado de alarma.

El único apoyo que está dispuesto a ofrecer el equipo de Casado al Gobierno es sacar adelante la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular presentó en agosto en el Congreso de los Diputados para dotar a la legislación ordinaria de mecanismos para confinar sin necesidad de recurrir a un estado de excepcionalidad.

El PP se abre a modificar la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para "detallar" sus medidas. Los conservadores plantean consensuar con el PSOE incluir un párrafo que obligue a guardar cuarentena y aislar a "personas sospechosas" de Covid, controlar las entradas y salidas en zonas afectadas y limitar la libre circulación sin tener que recurrir al estado de alarma.

"Esta proposición se presentó en agosto, pero no nos han hecho caso. Pedimos al presidente del Gobierno que, de una vez por todas, tome las riendas. Necesitamos una legislación ordinaria par tomar medidas necesarias para frenar virus", explicó la vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor. "El Gobierno llegó tarde en marzo y no queremos que llegue tarde ahora porque se pueden salvar muchas vidas".

"No volveremos a la pelea"

Y ante esto, ¿qué dice Moncloa? "No podemos esperar al PP, si no quieren apoyar la medida, que ellos se lo expliquen a los ciudadanos", contesta este alto funcionario de Presidencia. "No vamos a volver a la pelea de abril y mayo", añade.

"A veces parece que unos y otros quieren que sea el de enfrente el que restrinja la movilidad, como si fuese una pela política... y si de verdad no lo quieren, que voten en contra".

Y es en ese punto de enfado en moncloa cuando queda claro que en la sede de Presidencia del Gobierno no se ve más camino que decretar el tercer estado de alarma de la pandemia: "Tenemos este instrumento jurídico, y sirve para luego apuntalar las medidas que se quieran, y eso es lo que tenemos que hacer", concluye. "No hay herramienta legal que permita decretar un toque de queda sin restringir derechos".