Las formas han cambiado, porque la comparecencia ante la ciudadanía fue conjunta entre Alfonso Fernández Mañueco y Salvador Illa. Pero la decisión es la misma: Castilla y León no espera a que el Gobierno encuentre un soporte jurídico para el toque de queda y lo impondría "este fin de semana, mañana mejor que pasado", en palabras del presidente autonómico.
En la tarde del jueves, era su vicepresidente Francisco Igea, el que calificaba de "vergüenza" que el Ministerio de Sanidad no tuviera una respuesta a su demanda por escrito. "Si el ministro no viene el viernes a Valladolid con una solución, la daremos nosotros". Y eso mismo, pero con palabras educadas, fue lo que dijeron Illa y Mañueco en su rueda de prensa tras la reunión de trabajo mantenida en la mañana.
Ni Mañueco en público ni Igea en privado quisieron confirmar si pedirán el estado de alarma. Tampoco el ministro dio por buena esa posibilidad, pero sí sugirió cambios legales como los que lleva meses planteando el Partido Popular. Una reforma de la ley general de sanidad de 1986 que dé a los gobeirnos regionales "un instrumento intermedio" que evite recurrir al estado de alarma.
"Están los servicios jurídicos castellanoleoneses trabajando, ayer pedí por carta al presidente del Gobierno el toque de queda y mientras llega la contestación la expansión del virus sigue creciendo, así que le daremos una respuesta jurídica extraordinaria ya mismo", apuntó el presidente autonómico.
Sin soporte, con apoyo
Esto quiere decir que la Junta de Castilla y León sabe que probablemente el decreto o la orden que dicte esta misma tarde no tenga el beneplácito de los tribunales. Pero Illa comprometió su "apoyo a la medida que se tome proporcionando los recursos que nos demande el Gobierno castellanoleonés".
Al mismo tiempo que todo esto ocurría, Madrid decretaba la prohibición de las reuniones particulares y en espacios públicos entre las 0.00 horas y las 6.00 horas, es decir, una especie de toque de queda social sin entrar en cierres de actividad ni entrar en las limitaciones de movilidad.
La noche anterior, era el socialista Ximo Puig el que daba anuncio a una medida similar a la de Castilla y León. Y entretanto, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas -que gobierna con el PP en Castilla y León y en Madrid- reclamaba públicamente "la vuelta del mando único", ofrecía sus 10 diputados para apoyar un nuevo estado de alarma y reclama a sus socios populares que se uniera la iniciativa.
Y todo eso, a la espera de la declaración institucional de Pedro Sánchez anunciada para las 13.00 horas.
Medidas intermedias
En la rueda de prensa de Mañueco e Illa se leía entre líneas que el Gobierno está buscando cómo no aparecer como superado por la pandemia. Aquel "ya vamos tarde" de Illa apretando a Isabel Díaz Ayuso, unos días antes de imponerle la alarma -que decae este sábado- para forzar el confinamiento perimetral de nueve ciudades persigue ahora al ministro.
El jueves por la tarde no tenía respuesta jurídica a las peticiones de Mañueco -a las que se sumaron el resto de CCAA menos Madrid y País Vasco- y ahora reclama "ir juntos" y, sobre todo, "que las medidas se pongan en práctica sin necesidad de ir renovándolas cada 15 días, quizá con nuevos instrumentos jurídicos".
¿Esto significa que el Gobierno se plantea reformas legales para no tener que recurrir a la alarma, que hay que renovar cada dos semanas en el Congreso? Eso no lo aclaró al ministro, a pesar de su insistencia en que quería "dar mensajes claros y nítidos".
Pero el mismo Mañueco dejó caer que probablemente haya que hacer reformas legales para tener "un instrumento intermedio que permita a las autonomías tomar este tipo de medidas". Illa se limitó a confirmar que "vamos a ver, estudiaremos las cosas paso a paso".