Las medidas que el Ministerio de Sanidad quiere imponer en todo el territorio para frenar la segunda ola de la Covid-19 están levantando ampollas en las distintas comunidades autónomas.

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La Generalitat de Cataluña ha avisado de que no las adoptará porque ya aplican criterios más restrictivos que el Gobierno central. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha rechazado este miércoles un "café para todos" en las restricciones para hacer frente al coronavirus.

En la noche de este pasado martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba una serie de restricciones de movilidad que se aplicarían en los municipios de más de 100.000 habitantes cuando estos superasen unos umbrales de contagio concretos. El acuerdo llegó de manera unilateral tras una tarde intensa de negociaciones entre Sanidad y la Comunidad de Madrid.

Criterios

Los criterios eran que en esos municipios se limitase el movimiento de los ciudadanos cuando se cumpliesen tres baremos: que la tasa de incidencia de la Covid fuese superior a los 500 casos en 14 días, que el porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas sea superior al 10% y que la ocupación de camas en UCI por pacientes coronavirus superase al 35%.

El Govern catalán ya ha dicho que no está de acuerdo con que ese acuerdo se aplique a toda España. Principalmente, ha explicado Budó, porque la Generalitat no se ha esperado a llegar a ratios de 500 casos por cada cien mil habitantes porque ya ha tomado decisiones registrando valores "por debajo de 200".

No es la única comunidad que se ha desmarcado del asunto. De manera sorprendente, la propia Comunidad de Madrid ha explicado en un comunicado que exigirán a Sanidad criterios "técnicos y científicos" más amplios y exhaustivos que los planteados por el departamento de Illa.

Llama la atención que sea la propia Región la que rechace los baremos sanitarios del Gobierno central cuando se pactaron entre ambas administraciones menos de 24 horas antes.