El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó en su primera intervención tras sus vacaciones a “desterrar” la pelea partidista para hacer frente a la pandemia. Por el mismo precio, exhortó al Partido Popular a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, así como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo.
La estrategia del jefe del Ejecutivo pasa por que el escenario post Covid-19 obligue al PP -sin apenas haberse sentado a la mesa con Pablo Casado- a renovar el resto de instituciones en el sentido que busca el Gobierno, más allá de los acuerdos en materia sanitaria y económica alcanzados en la Comisión para la Reconstrucción.
Sánchez apeló a la “unidad” para alcanzar las mayorías necesarias, más amplias en el caso de las instituciones mencionadas. Por tanto, no dispondrá de ellas si sólo cuenta con sus socios de la moción de censura. Su argumento es este: “En medio de una emergencia múltiple" -sanitaria, social y económica- son necesarias "instituciones fuertes y robustas”.
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Por esta razón, pidió al líder del PP "máxima generosidad y responsabilidad" para unirse a estas tareas pendientes y cuya renovación requiere necesariamente del apoyo del principal miembro de la oposición.
Es por eso que anunció también su intención de iniciar una ronda de contactos con los líderes de los partidos en los próximos días para lograr la "máxima colaboración” porque, a su juicio, la unidad ha dado buenos resultados. Por ejemplo, en el ámbito social con las medidas referidas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
Y es que la Unión Europea va a transferir más de 21.000 millones de euros para prolongar los ERTE. En este sentido, Sánchez tampoco se olvidó de que los ojos de la Comisión Europea están sobre España: la recuperación se abordará "inyectando en nuestra economía los recursos acordados por Europa" y eso exige unos nuevos Presupuestos, que quiere aprobar "con el mayor acuerdo parlamentario posible".
"Presupuestos de país"
La mayoría exigua del pacto de investidura y el hecho de que España sea el país con mayor tasa de infectados por habitante ha debilitado al Gobierno. En el Ejecutivo de coalición son conscientes de que la continuidad de la legislatura depende de la aprobación de los Presupuestos.
Los tira y afloja con sus principales socios -en especial con ERC- respecto a la gestión de la pandemia han obligado a Moncloa a ampliar la mirada y llegar a ententes también con Ciudadanos tras el giro dado por Inés Arrimadas.
Pero ahora la presión de Sánchez se cierne sobre el PP. Y los equilibrios que busca lograr no son fáciles. Los de Junqueras han avisado de que no respaldarán unas cuentas públicas que cuenten con el voto favorable de Cs o PP.
El jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de volver a reunir la mesa bilateral con el Govern para contentar a ERC, pero también redobló la presión a “todos los grupos políticos” para lograr “unidad” ante la amenaza del virus. “Dije al inicio de la legislatura que iba a ser la legislatura del diálogo. Después de la pandemia aún más”, apostilló.
“Insto sobre todo al PP a que acuerde con el Gobierno de España la renovación de instituciones tan importantes como es el gobierno de los jueces. Y junto a ello, unos Presupuestos de país”.
Bloqueo político
La ausencia de una mayoría sólida en los respectivos bloques de izquierda y derecha y la dificultad para entenderse entre PSOE y PP en el Congreso y el Senado ha provocado que los órganos de gobierno de estas instituciones lleven mucho tiempo con sus cúpulas caducadas o en estado de provisionalidad.
El Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde 2018. El Tribunal Constitucional tiene pendiente renovar a cuatro de sus doce magistrados desde noviembre de 2019, entre ellos su actual presidente, Juan José González Rivas.
El Defensor del Pueblo es el ente con una dirección más provisional de todos. El actual defensor es el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que lleva ejerciendo el cargo en funciones tres años, desde julio de 2017.
En la corporación pública de radio y televisión, RTVE, la situación es de interinidad, sin consejo de administración y con una administradora única provisional, Rosa María Mateo, desde julio de 2018.