El Consejo de Ministros de este viernes aprobará la prórroga del estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en el Congreso que esta nueva ampliación del decreto-ley contará con elementos de “cogobernanza” con las Comunidades Autónomas para que puedan gestionar el plan de desescalada.
El Gobierno de coalición pactó in extremis con los nacionalistas vascos un modelo más parecido a la “cogestión” del mecanismo de desescalada (según el argumentario del PNV). Se trata en realidad de algo muy parecido al esquema inicial que, sin embargo, se enriquece de mayor protagonismo político para las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de proponer al Ejecutivo entrar en las distintas fases del desconfinamiento.
El nuevo enfoque acelerará previsiblemente la puesta en marcha de medidas aptas para la apertura de comercios y trabajos. De hecho, hace una semana en las reuniones del Ejecutivo se daba casi por descontado que Madrid y Barcelona se quedarían en la fase 0 el próximo 11 de abril, mientras que otras provincias entrarían en la primera fase.
Ahora, se ha activado un efecto dominó en el que es muy probable que cada región pida no quedarse atrás. El peligro, reconocen en algunos sectores del Ejecutivo, es que el proyecto de desescalada segmentada defendido por Sánchez y los técnicos ministeriales quede subordinado a razones políticas territoriales.
Al mismo tiempo, el Gobierno se reserva la última palabra, pero bajo criterios epidemiológicos que no están del todo claros y que en algunas Comunidades Autónomas (sobre todo las controladas por el PP) ya se teme por una politización de la gestión de la desescalada.
El hecho de que no haya trascendido la identidad de los expertos de la Comisión de desescalada también ha suscitado discrepancias políticas. Ciudadanos, pese a dar su apoyo a la ampliación del estado de alarma, ha llevado la cuestión en la Comisión Europea.
Sánchez cede protagonismo
Sánchez, por otro lado, logra salir de la primera línea de la gestión de la reapertura de la economía. Recibió muchas críticas -principalmente de todavía su socios de ERC- por abrir la actividad de “sectores no esenciales”, pero los criterios de Nadia Calviño, ministra de Economía, prevalecieron y aunque fue una apuesta arriesgada no significó un repunte en las cifras de contagio. Pero sí un “desgaste” político y ahondar en la fragilidad de sus apoyos parlamentarios.
Con este aceleramiento, el jefe de Gobierno deja en manos de las Comunidades Autónomas mucha visibilidad y por lo tanto responsabilidad de una situación que se convertirá en la segunda prueba de fuego ante la crisis del coronavirus.
Después de los retrasos en reaccionar y las polémicas vinculadas a la compra de material sanitario, en el Ejecutivo creen que otro paso en falso en la desescalada podría ser definitivo para su futuro.
La “cogestión” con las autonomías permite al Ejecutivo ponerse de perfil si quiere, y al mismo tiempo señalar a los presidentes autonómicos como corresponsables de eventuales fallos.
A nivel sanitario la situación no se puede considerar controlada del todo. En Madrid este jueves han subido los contagios, y los muertos diarios siguen siendo de más de 200 personas.
Es por ello que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha registrado un fuerte debate entre el Partido Popular y Ciudadanos sobre si pedir a Sánchez poder entrar en la llamada fase 1. En el caso de que después de la desescalada se registra un repunte de contagios, el Gobierno podrá culpar a la Comunidad Autonómica de haberse equivocado al pedir la apertura de las tiendas.
En la misma línea, los estudios de seroprevalencia no ofrecerán resultados hasta julio, como indicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Según los últimos datos del ministerio de Sanidad, han participado 46.700 personas en la primera semana del estudio. Esto, junto a la falta de test o de aplicaciones de rastreo para monitorizar la salud de los ciudadanos, genera una incertidumbre respecto al número real de contagios o de personas asintomáticas.
Criterio sanitario y económico
Las directrices del ministerio liderado por Salvador Illa obliga a las autonomías a basar su desescalada en base a los datos médicos de su región. Sin embargo, el impacto económico derivado de la crisis sanitaria y el hecho de que sean las propias Comunidades Autónomas quienes tienen la competencia para ejecutar los gastos en materia sanitaria provoca un dilema. Por un lado, controlar las cifras de contagio, y por otra reactivar la economía para robustecer las arcas públicas.
De momento, Cataluña se ha desmarcado del Ejecutivo central y ha decidido mantener la fase 0 (salvo en tres comarcas), a costa de su tejido productivo. El resto ha optado por buscar un equilibro entre la progresiva vuelta a la normalidad y el control de la pandemia. Todas las decisiones, más allá de criterios epidemiológicos, conllevan intereses políticos. Y ahora no valdrá apelar al “mando único” de Sanidad para quitarse responsabilidades.