PSOE y Unidas Podemos han registrado la comisión en el Congreso de los Diputados para la "reconstrucción social y económica" como inicialmente defendieron. Es decir, sin contemplar las sugerencias de la oposición.

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El grupo parlamentario socialista tendrá la presidencia de dicha comisión que se prevé que tenga un plan de trabajo de dos meses, con la representación proporcional de todos los grupos del arco parlamentario: 46 miembros. A partir del próximo martes, la Mesa del Congreso puede poner en marcha esta comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica. 

La única diferencia con la idea planteada en primera instancia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que ha accedido a que la negociación entre partidos sea a través de una comisión en el Parlamento. Su pretensión inicial era configurar una Mesa de partidos con la participación del Gobierno, sin la fiscalización del Congreso.

El líder del PP, Pablo Casado, aceptó la primera reunión telemática con Sánchez con el compromiso de que estas negociaciones se realizaran con "luz y taquígrados" y, en consecuencia, bajo la supervisión de la Cámara de representantes. Por contra, la propuesta inicial del Ejecutivo tenía más similitudes con la "mesa de negociación" que establecieron con el Gobierno de la Generalitat para dialogar sobre el "conflicto catalán".

La propuesta finalmente registrada adoptará sus acuerdos "por el criterio de voto ponderado en función del número de miembros con que cuenta cada grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara". El plazo para el desarrollo de los trabajos es de dos meses, pero podrá ser prorrogado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces.

Fuentes del PSOE han explicado que "hay disposición" por parte de los grupos a que su planteamiento tire adelante. No obstante, están a la espera de la última palabra del PP que quería que esta comisión tuviera otro objetivo.

Pactos de la Moncloa

Esta comisión podía ser la antesala de una reedición de los Pactos de la Moncloa que aglutinara a la mayoría de fuerzas parlamentarias en unos grandes acuerdos nacionales para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19. Pero, de momento, todo indica a que la apelación a los pactos de 1977 es más una proclama que una posibilidad real.

El gesto más concreto que se ha producido hacia esta dirección ha sido la primera rueda de reuniones que el presidente del Gobierno ha realizado con los principales representantes de PP o Ciudadanos.