La adquisición de test para detectar el coronavirus se ha convertido en uno de los episodios más críticos de la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria. La alta demanda de estas pruebas en un contexto de pandemia mundial ha llevado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a hablar de “jungla caníbal” para trasladar la idea de la anarquía y fuerte competitividad que hay entre compradores en el mercado chino de material sanitario.
Pero, más allá de la situación excepcional derivada de la necesidad de muchos países de abastecerse de estos test señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el principal instrumento para controlar la propagación del virus, hay decisiones políticas que explican el éxito o fracaso en esta carrera internacional para hacerse con las pruebas. Y España ha demostrado muchas más ineficiencias que sus vecinos europeos, ya sea por la opacidad en dar a conocer el proveedor de las compras fallidas, en la incautación de test a empresas privadas o en el solapamiento entre administraciones locales y autonómicas para comprar material.
El Ministerio de Sanidad adquirió 640.000 de estos test para detectar el patógeno a la empresa asiática Bioeasy Biotechnology que resultaron defectuosos. Esta compra tuvo un coste de 17,1 millones de euros (26,5 euros por test). El precio de compra no solo ha sido superior al precio de mercado (que oscila alrededor de los 13 euros) sino que el Gobierno escondió el nombre del proveedor, la empresa catalana Interpharma, desde el instante que trascendió que eran inservibles para detectar la Covid-19.
En un primer momento se habló de 9.000 unidades fallidas, posteriormente de una segunda entrega de 50.000 test que no se llegaron a distribuir. Finalmente, las pruebas irregulares alcanzan alrededor de las 640.000. El Ejecutivo no cambió ni de proveedor ni de empresa pese a que la primera comanda dio resultados negativos.
Si inicialmente adquirieron el modelo de test más sencillo (que ofreció una sensibilidad menor del 25% para detectar el virus), posteriormente lo cambiaron por un segundo modelo más sofisticado que tampoco sirvió. Con todo, en el primer mes de estado de alarma el Ejecutivo ha desembolsado más de 470 millones de euros en contratos de material sanitario, que engloban los tests así como las mascarillas o buzos de protección personal.
Distintos tipos
La partida fallida por un coste de 17,1 millones en test rápidos de antígenos procedentes de China es solo una parte del total gastado sin desglosar. Además de esta prueba rápida, hay de otros dos tipos: las PCR (que también funcionan mediante un palillo en la nariz del paciente pero que los resultados tardan 24 horas en aparecer) y los test mediante un análisis de sangre.
Respecto a los PCR, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tampoco supo concretar cuántos se han realizado a la ciudadanía. La cifra más precisa que dio fue de “unos 930.000 PCR”, pero admitió que no significaba que se hubiera “investigado a 930.000 pacientes". De hecho, el acceso privilegiado de los ministros, desde a Pablo Iglesias a Irene Montero o Carmen Calvo para someterse a estas pruebas de forma reiterada contrasta con las dificultades que tiene el personal sanitario y los ciudadanos de someterse a las mismas pruebas y ha sido fuente de controversia.
En paralelo, la intención del Gobierno de poner en marcha a partir del próximo lunes un estudio de seroprevalencia para testar a la población y saber la prevalencia de la infección y estimar el número de personas que ya están inmunizadas, tampoco se podrá ejecutar en la fecha prevista. Según explican desde Sanidad, el retraso en el arranque del trabajo se debe a que a las Comunidades Autónomas no disponen todavía del tiempo necesario para realizarlos.
Guerra comercial
Estos ritmos desiguales entre regiones también se ha observado en la guerra comercial, que no solo se ha librado entre países sino también dentro de España. El Gobierno ha requisado test comprados por empresas como Siemens Gamesa (2.000 test) así como otros tantos comprados por el sector automovilístico y laboratorios privados.
Las residencias de ancianos tampoco han tenido mejor suerte. En algunos casos, como en el municipio aragonés Valderrobres, la administración local adquirió sus test. Ante las instrucciones iniciales del Ejecutivo autonómico y central de que solo se harían test a las personas que “presentaran síntomas”, decidieron tomar la iniciativa para evaluar a sus ancianos. Toda esta demanda de test a distintos niveles ha perjudicado al “mando único” de Sanidad que trató de centralizar las compras.
Una de las cuestiones que también se destacan como causa de que el Gobierno haya llegado débil y fragmentado a la compra de pruebas es la reducción de fondos y funcionarios que ha sufrido el Ministerio de Sanidad con el Gobierno de coalición. La división en otros tres ministerios (Consumo, en manos de Alberto Garzón; Derechos Sociales, dependiente de Iglesias; e Igualdad, con Montero de titular) ha reducido el presupuesto que manejaba anteriormente Sanidad.
En la misma líneas, fuentes del sector médico consultadas por EL ESPAÑOL explican que en Estados Unidos es el Pentágono quien se encarga de la compra de material al exterior debido a la alta complejidad de la transacción en un mercado tan competido. Y en Reino Unido dejaron de contar con su proveedor inicial tras la "estafa" de la primer compra fallida de mascarillas; sin segundas oportunidades como ha sido el caso de España.
Fiabilidad del diagnóstico
El caos en la detección de positivos así como el elevado número de falsos negativos también ha suscitado la inquietud entre el personal médico. Los test PCR son complejos y no todos los laboratorios clínicos cuentan con los certificados adecuados para que sus resultados sean fiables.
La disparidad a nivel técnico que hay en los laboratorios clínicos de las 17 Comunidades Autónomas y que cada uno de estos vaya por libre incrementa la confusión. En países como en Alemania, las normas europeas y federales sobre acreditación están por encima de las competencias de los Länder y en Estados Unidos deben contar con la aprobación de la FDA.
En el Reino Unido, el prestigioso Instituto Francis Crick de investigación oncológica tuvo que asociarse con el laboratorio Health Services para poder convertir su planta de investigación contra el cáncer en una instalación para realizar test del coronavirus, según informó Nature.
En España hay 96 laboratorios acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que certifica la fiabilidad en el análisis clínico conforme a la normativa europea ISO 15189 para las actividades que realizan (anatomía patológica, hematología, inmunología, microbiología, genética, etc.). Desde la ENAC explican a EL ESPAÑOL que “la acreditación es voluntaria” y que en la actualidad, “el número de laboratorios clínicos acreditados es aún muy limitado”.
Con la crisis del Covid-19 cada hospital y laboratorio intenta hacer sus propios tests con las unidades que les envían los gobiernos autonómicos en coordinación con Sanidad. Y no todos estos centros cuentan con la acreditación que avala la fiabilidad en los resultados.
La alta demanda de este producto, junto a otros condicionantes como son la urgencia en su uso y la novedad del virus para la comunidad médica y científica ha propiciado que se cometan errores difíciles de predecir. Sin embargo, otros fallos como las medidas iniciales de no testar a los asintomáticos o adquirir test irregulares han hecho que algunos países como España hayan quedado por detrás en la batalla contra el virus. Y a veces en las crónicas de prestigiosos medios extranjeros como ejemplo a no seguir.