El Gobierno ha decidido aplicar el estado de alarma debido al descontrol en la propagación del coronavirus. Ante esa tesitura, Pedro Sánchez ha aplicado este mecanismo recogido en la Constitución y desarrollado por una ley orgánica de 1981. El único precedente que existe data de 2010, cuando la huelga de controladores aéreos actuó como desencadenante.

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Uno de los supuestos que permite al Ejecutivo activar el estado de alarma es precisamente la "crisis sanitaria". La norma, que afectará a todo el territorio y tendrá una duración de quince días, llega "cuando circunstancias extraordinarias hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes".

Pero, ¿qué significa? ¿Cómo puede afectar a la vida del ciudadano? Igual que, por ejemplo, el artículo 155, el estado de alarma entraña cierto carácter creativo. El Gobierno va a aplicar las "medidas estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento" de la cotidianidad. Una de ellas puede ser la limitación de la circulación de personas -y vehículos- en horas y lugares determinados.

Una vez entra en marcha, Moncloa puede dar órdenes directas a todos los miembros de la Administración pública, independientemente de que la competencia esté transferida a una Comunidad autónoma; y a las policías regionales y locales. "Todos quedarán bajo las órdenes directas del Gobierno en cuanto sea necesario", reza el texto legal.

El Ejecutivo, si lo considerase, también podría "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias". Incluso cabría la opción de "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, exportaciones o locales de cualquier naturaleza", con la única excepción de "domicilios particulares". Otra de las facultades que concede este mecanismo es la "limitación o racionamiento del uso de servicios o consumo de bienes de primera necesidad".

Aunque los dirigentes políticos -y las distintas autoridades sanitarias- ya han recomendado el teletrabajo a todos los españoles, el estado de alarma permite a Sánchez "la movilización del personal de las empresas".

En cualquier caso, y a tenor de lo concebido por Pedro Sánchez, dos son las medidas extraordinarias más útiles contra la propagación del coronavirus: la posibilidad de restringir la circulación de personas de cara a evitar contagios y la posibilidad de dar órdenes directas a los funcionarios y fuerzas de seguridad de todo el Estado.

Dicho de otra manera: a pesar de que la Sanidad sea una materia transferida a los gobiernos regionales, ahora el presidente Sánchez podrá determinar una estrategia unitaria para todos los hospitales y centros del país.

Si pasadas las dos semanas Sánchez decidiera prorrogar el estado de alarma, tendría que pactarlo con el Congreso de los Diputados. A lo largo de estos días, los medios de comunicación públicos -"y los privados que se determinen"- estarán obligados a informar de las disposiciones que dicte el Gobierno.

De los recogidos en el artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma es el más laxo. Los de excepción y sitio dan al Gobierno la posibilidad de secuestrar medios de comunicacion y detener transeúntes ante la mínima sospecha.