Pedro Sánchez decreta el estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus en España. En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha anunciado que adoptará esta medida excepcional, aplicada solo una vez en la historia, en un Consejo de Ministros extraordinario convocado para el sábado. El objetivo es aprobar medidas "orientadas a a movilizar todos los recursos del Estado para proteger y mejorar la salud de los ciudadanos".
El presidente del Gobierno ha alertado de que lo peor de la pandemia está aún por llegar. "Estamos solo en la primera fase de un combate. Nos esperan semana duras. No descartamos que en la próxima semana alcancemos los más de 10000 afectados", ha pronosticado. El último balance indica que hay 4.209 personas contagiadas en todo el país y el número de fallecidos ya alcanza los 120. El principal foco de infección sigue siendo Madrid.
Con esta medida, el Gobierno pasa ahora a ser la autoridad competente para tomar cualquier decisión que se necesite para hacer frente a la emergencia, en este caso paliar la propagación del coronavirus. Sánchez ya ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que convoque al Parlamento al efecto, y ha conversado con los líderes de la oposición para adelantarles la medida que tomará a partir de mañana. "Esta medida está dirigida a evitar la propagación del virus y poder auxiliar a los más vulnerables. Hay que responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia", ha añadido.
La Ley Orgánica 1/1981 que regula esta excepcionalidad permite al Ejecutivo limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos o condicionarlas al cumplimento de ciertos requisitos, como el aislamiento forzoso. Además, puede practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatoria.
Sánchez también podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Además, el jefe del Ejecutivo asume competencias para limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. El incumplimiento de estas órdenes permite al Gobierno imponer sanciones económicas.
La Constitución recoge en su artículo 116 que, en casos de emergencia nacional como una crisis sanitaria, el Gobierno puede decretar el estado de alarma mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. El tiempo máximo de aplicación son 15 días. El Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, que será reunido inmediatamente al efecto. Si pasado este período se considera necesario prorrogarlo porque la propagación del virus no se frena, el Gobierno entonces sí necesitará la autorización expresa del Parlamento para alargar esta situación extrema dos semanas más. El decreto que ha diseñado este viernes Moncloa recoge el ámbito territorial al que afecta.
Este movimiento del Gobierno llega cuando la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra reunida con su Consejo de Gobierno para aplicar medidas más restrictivas en la región: desde este sábado, todos los bares y restaurantes de la región permanecerán cerrados. El objetivo es evitar el avance del virus.