No podía haber peor manera de estrenarse en una comparecencia de prensa para la nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Diez mujeres asesinadas desde el comienzo del año, que coincidió básicamente con el inicio de su mandato, pero de las que evidentemente no se puede hacer cargo -recién aterrizada- más que como una más de las personas comprometidas con la lucha para acabar con estas estadísticas.
Sin embargo, Rosell ha recogido el guante y ya ha anunciado la convocatoria de la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. "Esta cita va con retraso", ha admitido remitiéndose al año perdido en elecciones repetidas, "pero en ella tenemos que impulsar un protocolo común para que el reconocimiento de la condición de víctima no dependa sólo de un juez". La idea, contemplada en el Pacto de Estado, es que las administraciones públicas, a través de sus servicios sociales, puedan otorgar ese "título habilitante", que proteja a las mujeres víctimas.
"Está demostrado que el miedo es lo que más frena a una mujer en estas circunstancias", ha explicado la delegada del Gobierno, "y el momento de la denuncia judicial está detectado como uno de los de más alto riesgo". Para sus vidas, se entiende. Por eso, las declaraciones de la consejera de Igualdad andaluza, Rocío Ruiz, acusando a "la división política y al uso partidista de la violencia de género" como un generador de "miedo en las mujeres que tanto nos necesitan", han sido contestadas por Rosell con vehemencia. Y hasta enfado: "Necesitamos a la derecha del Pacto de Estado, no a la de la foto de Colón".
Un 20% más
El ritmo de crímenes machistas en las cinco semanas de 2020 duplicaría el de los últimos años. Cuando comenzaron ha hacerse estadísticas homologables sobre asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, en 2003, la media era de unas 70 al año. En los últimos ejercicios, la cifra ha caído hasta el entorno de las 50. Una barbaridad, pero un avance.
Sin embargo, este fin de semana, con dos casos en Granada y Lugo, ha terminado por hacer saltar las alarmas del nuevo Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que es consciente de que desde el cambio de Gobierno y a pesar de que una de las primeras medidas de Pedro Sánchez fue activar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, parada desde su firma en 2017, no se ha logrado contener ni bajar las cifras de asesinatos. Al contrario, hay un 20% más.
Rosell se ha mostrado preocupada porque de las 10 asesinadas en lo que va de año ninguna había denunciado previamente. Así que todas estaban en desamparo, sin acompañamiento judicial, policial o social que las protegiera. "Los últimos estudios nos indican que la media que tarda una mujer en denunciar es de ocho años y ocho meses desde que empieza a sufrir malos tratos", ha detallado, "y en casos de mujeres mayores llega hasta los 15 años de sufrimiento".
Lo que sí funciona
Así, el impulso que quiere dar la Delegación de Gobierno con la reunión con las CCAA "en el primer trimestre de este año", es decir casi ya, es la del "título habilitante", una terminología que también quiere cambiar Rosell. "La protección a las mujeres víctimas, la solución habitacional y laboral, la reescolarización de sus hijos... todos los recursos que reconoce el Pacto de Estado y la Ley pionera de 2004 funcionan". Pero a veces llegan tarde.
La delegada del Gobierno ha tratado de poner énfasis en lo que sí funciona para curar en salud unos datos terribles en un inicio de año especialmente trágico. Y ha iniciado los pasos para sacar la violencia de género sólo del ámbito judicial como un camino para acelerar la protección "por pulseras, alejamientos y otros dispositivos que están siendo eficaces". Pero no se ha podido sustraer al debate político.
"Llevo 22 años en la jurisdicción penal, soy magistrada", ha recordado. "Y quiero desde aquí luchar contra el reduccionismo y el absurdo del enfoque únicamente penal sobre las violencias sexuales". Para Rosell, el discurso Vox es maniqueo por centrarse sólo en la prisión permanente revisable para los maltratadores. "Hay demasiadas voces de la ultraderecha que quieren acabar con esta ley diciendo que no funciona. Pero eso es tan absurdo como acabar con el código de la circulación porque sigue habiendo muertos en las carreteras".
El enfoque del Ministerio de Irene Montero está precisamente en su nombre: Igualdad. Y ahí ha incidido Rosell, en que "las políticas feministas son las que reducen la brecha de género y la vulneración de derechos humanos de las mujeres que ésta supone". Así, ha señalado de nuevo a la oposición. "Todos los cargos políticos deberíamos hacer el esfuerzo de mostrar mayor respeto y más unión frente a la violencia machista. Es una cuestión de desigualdad, no de división política... no deberían usarlo partidistamente, no necesitamos que vuelvan a Colón".