La mesa de negociación "de igual a igual", la que se reunirá "de gobierno a gobierno" parea negociar "las vías de salida al conflicto político"... en definitiva, el futuro de Cataluña, se reunirá por primera vez "antes de que acabe el mes de febrero". Las prisas, desveladas por el Ejecutivo central en la cumbre de este jueves en la que Pedro Sánchez rendía visita a Quim Torra en el Palau de la Generalitat, están pisando el acelerador de todos los implicados.

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Las fuentes de información oficial están secas, las que cuentan cosas off the record sólo gotean y sólo los que saben pero nunca aparecen dan alguna pista que permite componer el puzle. En todo caso, este periódico ha podido confirmar consultando tanto en el PSOE y como en Unidas Podemos que Pedro Sánchez va a sentar a los de Pablo Iglesias a negociar dentro de la delegación del Gobierno central.

Y eso sólo causa una enorme satisfacción en el seno de Unidas Podemos porque "el Gobierno de España asume ahora el marco de diálogo" que los morados defendían "en solitario frente a indepes e inmovilistas". Es decir, por comprobar que el PSOE ha cambiado en tan poco tiempo de planteamientos.

En la formación morada destacan que Sánchez ha pasado de prometer la recuperación del delito de referéndum ilegal a comprometerse a someter a consulta el acuerdo al que se llegue en esa mesa de gobiernos. Presumen de que el presidente aseguraba que traería a Puigdemont desde Waterloo ante los jueces españoles y ahora garantiza la "desjudicialización" de la política.

Y es que ya el líder socialista ya no exige a Torra que solucione "el problema de convivencia" entre independentistas y constitucionalistas sino que dice tener el "honor" de sentarse con él para arreglar "el conflicto político entre Cataluña y España".

Cubierta del programa de En Comú Podem para el 10-N.

Falta saber si Sánchez no sólo ha cambiado de marco sino que su llamada "agenda para el reencuentro" compra todo el pack de los morados. A saber: una "Ley de claridad" a la canadiense, el "blindaje competencial" para Cataluña, la "participación en organismos y empresas estatales" como la Agencia Tributaria, Renfe, Aena, el Banco de España... y una "Constitución catalana con derecho de autodeterminación reconocido" dentro de una España convertida en "Estado plurinacional y federal".

Todo eso está contenido en el programa electoral de En Comú Podem para el 10-N y asumido expresamente por Podemos, como confluencia.

La "Revolución democrática" como solución al "conflicto político" ocupaba una cuarta parte del documento. E incluía algunos postulados en los que Sánchez, de hecho, ya ha avanzado. Por ejemplo, este jueves ya ofreció nuevas "transferencias e inversiones" y ya ha sugerido la "recuperación del Estatut" que el TC declaró inconstitucional en algunos puntos como oferta política y la retirada de otros "recursos de inconstitucionalidad" en curso.

Quién negociará

Decíamos que los preparativos están ya a toda velocidad. Y entre ellos está el de designar a los representantes de cada parte. En principio, y según las fuentes consultadas, los morados sentarían hasta a dos personas a la mesa. En todo caso, serán miembros del Gobierno, "nada de enviados", y como mínimo secretarios de Estado.

Ione Belarra y Pablo Iglesias, en la presentación del programa de Podemos para el 10-N. Efe

Es decir, los morados deberán elegir entre sus altos cargos de perfil más político: o Ione Belarra (nº2 de Iglesias para la Agenda 2030), o el ministro de Universidades, Manuel Castells -cuota de los Comuns en el Ejecutivo- o la ministra Irene Montero o, por supuesto, el vicepresidente y líder de Podemos.

Menos opciones tienen los ministros Alberto Garzón (Consumo) y Yolanda Díaz (Trabajo) o los secretarios de Estado Noelia Vera (Igualdad),  Nacho Álvarez (Derechos Sociales) o Joaquín Pérez Rey (Empleo).

Del lado socialista, las fuentes no quieren siquiera esbozar una baraja de nombres, pero tendría sentido que los encargados fueran Carmen Calvo, vicepresidenta política y mano derecha de Sánchez en el Gobierno, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, secretario de Organización del PSC y una de las tres personas que negoció con ERC la abstención de los separatistas republicanos en la sesión de investidura.

"Usurpador" y "mediador"

Del otro lado, las tres fuerzas de oposición de centro derecha se llevan las manos a la cabeza con el "proceso constituyente" que se está "cociendo". Así lo definió en estas páginas la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que hoy se refiere a Torra como "el usurpador". Los populares anunciaron hace un par de semanas que estudian llevar al Gobierno a los tribunales por malversación de fondos públicos e incluso prevaricación si pone en marcha esa mesa de negociación, "que no tienen base constitucional, estatutaria o jurídica alguna para dedicarles fondos públicos".

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, junto a Pablo Casado, presidente del Partido. Efe

Algo parecido ha anunciado este mismo viernes Ciudadanos, por boca de su portavoz adjunto, Edmundo Bal. El abogado del Estado -purgado por la exministra de Justicia, Dolores Delgado, al negarse a rebajar de rebelión a sedición la calificación de los delitos en el juicio del procés-, ha advertido de que los liberales no se van a quedar "de brazos cruzados" ante "un órgano administrativo no previsto por las leyes".

En todo caso, Torra ya subió la apuesta sólo un día después de verse con Sánchez. Aunque el Gobierno asegura que "no contempla" la figura, ahora -usurpador o president- reclama como condición de "obligado cumplimiento" que la mesa de negociación entre gobiernos requiera de un mediador internacional, después de que lo aprobara el jueves el Parlament. De eso se hablará la semana que viene en su cita con los partidos y entidades independentistas.