El PP ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la querella contra el presidente catalán, Quim Torra, por presunto delito de usurpación de funciones al "empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto".

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Según la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, "la situación provocada por el querellado produce una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha Comunidad".

"La continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como Nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder", considera el PP.

En su opinión, "es preciso adoptar las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley".

"Desestimiento" del Gobierno en sus obligaciones

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado que esta querella se ha presentado ante "el desestimiento" del Gobierno en "el cumplimiento  de sus obligaciones" por no instar al Parlamento catalán su cese y "en algunas ocasiones en connivencia con el acto irregular e ilegal".

Al respecto, López ha explicado que la querella se interpone al entender el PP que Torra ha dejado de ser presidente de la Generalitat como consecuencia de perder su condición de diputado tras la resolución del Tribunal Supremo que respalda la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle. 

"El Estatuto de Cataluña y la Constitución prevén que los presidentes de las comunidades deben ser elegidos entre los diputados del Parlamento de tal manera que la pérdida de la condición de diputado determina la pérdida de la condición de presidente", ha señalado.

Por tanto, ha insistido en que "legalmente" está previsto en el Código Penal como un delito de usurpación de funciones, reseñando que se interpone como consecuencia del "desistimiento del Gobierno en el cumplimiento de sus funciones", ya que "debería estar en estos momentos instando" a su cese de Torra y "determinando una nueva sesión de investidura" en el Parlamento catalán.

De este modo, ha indicado que el PP se ve "en la obligación" de "defender el Estado de derecho y ante lo que ha considerado una "connivencia en algunas ocasiones" con "el acto irregular e ilegal".

"No nos queda más remedio que ejercitar acciones para establecer la legalidad. Es muy mala noticia que el Gobierno no inste al Parlamento catalán a que inicie un proceso de cese y que el presidente del Gobierno le de un marchamo de legitimidad a alguien que no es presidente de la Generalitat reuniéndose con él en su condición de presidente. Es una irresponsabilidad y un acto en el que se está coadyuvando al mantenimiento de una situación ilegal", ha apostillado.