Informes entregados por el BBVA a la Audiencia Nacional e incorporados a las diligencias del caso Tándem, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, afirman que el dinero pagado por la entidad a José Manuel Villarejo fue desproporcionado en relación con los resultados que se obtuvieron gracias a la información proporcionada por el comisario, encarcelado desde noviembre de 2017 por numerosas imputaciones de corrupción.

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Los informes centran la responsabilidad de la contratación de Villarejo en el jefe de seguridad del banco, el expolicía Julio Corrochano, que habría obtenido por ello ventajas personales.

"El volumen pagado a Cenyt podría juzgarse elevado y difícilmente proporcionado a las evidencias documentales de servicios que se han localizado", admite el BBVA en uno de los escritos enviados al juez García-Castellón en los que ha ido dando cuenta de la investigación forensic que la entidad ha realizado.

Según la entidad que preside Carlos Torres, el banco abonó a Villarejo una cifra global que ascendió a 10,2 millones de euros, aunque los investigadores creen que fue superior. 

El banco explica que el mayor importe pagado a Villarejo correspondió al bloque de contratos relacionados con investigaciones del patrimonio de clientes morosos. "La suma de las facturas abonadas por BBVA a Cenyt por esta contratación alcanzan el 70% del total", señala.

En total, el banco se gastó 7,5 millones de euros para que las empresas de Villarejo descubrieran la situación patrimonial de destacados acreedores del banco y detectaran la posible existencia de bienes ocultos que pudieran ser objeto de reclamación por los créditos concedidos y que resultaron fallidos.

"Habiendo desembolsado una suma tan relevante sería esperable que estos encargos hubieran servido para conseguir la recuperación de activos provenientes de los deudores investigados en favor del banco", señala el BBVA, pero "lo cierto es que esto no ocurrió".

"BBVA no ha recuperado ninguna cantidad gracias a los informes elaborados por Cenyt en relación con estas investigaciones patrimoniales de acreditados y clientes", asegura.

La clave, Corrochano

García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde enero de 2019 la relación del BBVA y Villarejo al considerar que su contratación pudo constituir un delito de cohecho pasivo (dado que el comisario se encontraba en activo como funcionario de Policía) y "múltiples delitos" de descubrimiento y revelación de secretos porque la prestación de los servicios contratados "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria", según afirmó el instructor en la resolución por la que el pasado lunes levantó el secreto de esta pieza, la número 9 del caso Tándem.

Los informes del banco destacan que fue Corrochano, el jefe de seguridad, el que se encargó de la contratación de Villarejo y de conseguir que se le pagasen las elevadas contraprestaciones que obtuvo. Los escritos califican a Corrochano de "persona de referencia" del comisario en la entidad.

A su vez, Corrochano obtuvo un trato favorable de Villarejo. Uno de los informes entregados por el banco al juez señala que se han conseguido evidencias de que la empresa de Villerejo "emitió en 2015 certificados de evaluación de prácticas a favor de Corrochano para la consecución del grado que estaba cursando en Derecho, reforzando así su curriculm vitae".

Los certificados que aseguraban que el entonces jefe de seguridad del BBVA había realizado prácticas en el bufete de abogados perteneciente a Villarejo fueron enviados por email a Corrochano desde una cuenta de correo de Rafael Redondo, número dos de Cenyt.