Universidades que permiten a sus estudiantes saltarse las clases. Bomberos que no apagan fuegos. Profesores que señalan públicamente a los niños que no se suman a las manifestaciones independentistas. Mossos d'Esquadra que se abstienen de detener a los que cortan carreteras, pero que identifican a quienes se saltan los bloqueos. Doctores y enfermeros que acosan a gritos al presidente del Gobierno en los pasillos de un hospital y sin la menor preocupación por sus enfermos.
No es una fantasía distópica. Es esa Cataluña nacionalista en la que una parte de los funcionarios de la Generalidad ha optado por convertirse en uno más de los brazos armados del procés y desobedecer las obligaciones de su cargo. Y entre ellas, la de respetar la Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico, pero también la de actuar según criterios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y honradez.
Pocos ciudadanos catalanes constitucionalistas afirmarían hoy con rotundidad que se sienten amparados por las Administraciones y las instituciones catalanas. La desobediencia y la dejación de funciones por parte de los funcionarios de la Generalidad, pero también de los Ayuntamientos, se ha generalizado en toda Cataluña y no resulta difícil encontrar docenas de ejemplos diarios de ello en cualquier diario catalán.
Títulos gratis
Esta semana, la Universidad de Gerona (UdG) ha aceptado que aquellos estudiantes que quieran saltarse las clases para acudir a las manifestaciones independentistas queden dispensados de realizar los trabajos y los exámenes parciales habituales. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en el claustro de la UdG, donde también se redactó un manifiesto en defensa de la autodeterminación y en apoyo de una ley de amnistía que permita la liberación inmediata de los presos del procés condenados por sedición.
Según El Periódico de Cataluña, otras diez facultades de la Universidad de Barcelona (UB) han aceptado también que los estudiantes que quieran ausentarse de las clases para participar en los distintos actos de protesta contra la sentencia del procés puedan presentarse a un examen final fuera de plazo. La Universidad Pompeu Fabra ha rechazado esta posibilidad, aunque defendiendo "la flexibilidad" en el caso de los estudiantes que deseen manifestarse. La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña adoptarán una decisión a lo largo de la siguiente semana.
El diario constitucionalista El Catalán ha encontrado similitudes entre esta dispensa masiva por parte de las universidades catalanas y los llamados "exámenes patrióticos" instaurados por el franquismo para facilitar la titulación súbita de los soldados fieles al bando nacional. Un modelo que fue copiado luego por las universidades vascas para que los terroristas de ETA pudieran licenciarse en la carrera de su elección sin mayores requisitos que la realización de un simulacro de estudio universitario.
Hospitales como Herriko Tabernas
"Desgraciado, cabrón" le gritaron al presidente del Gobierno un par de centenares de médicos y enfermeros durante la visita de este al Hospital San Pablo, donde permanecía ingresado uno de los policías nacionales heridos durante los disturbios de la semana pasada en Barcelona. El acoso al presidente se produjo en un primer momento en los pasillos del hospital, pero luego se trasladó, entre carreras y empujones, a la puerta de emergencias del hospital.
"No me recibió ni la dirección del hospital público" dijo el presidente en una entrevista en La Sexta posterior a los hechos. "Me metieron en una sala pequeñita con la mujer del policía nacional, una mujer trabajadora de Vigo, como su marido trabajador también, que no han recibido ni una llamada ni ningún arrope por parte de las instituciones catalanas tras haber defendido las libertades de la sociedad catalana frente a los violentos".
El presidente afirmó también haber sentido "vergüenza y tristeza" por el hecho de que "unos funcionarios públicos no fueran capaces ni de recibir al presidente en las condiciones y con el respeto correspondiente". "Habrían recibido órdenes de la Generalidad, imagino" añadió.
Bomberos pirómanos
"Vosotros sois nuestra policía" suelen gritar los radicales a los bomberos de la Generalidad cuando estos hacen acto de presencia en las manifestaciones separatistas, generalmente vestidos de uniforme, algo terminantemente prohibido por la normativa del cuerpo. El eslogan demuestra hasta qué punto ha llegado el desencanto del separatismo con los Mossos d'Esquadra, y especialmente con las unidades BRIMO y ARRO, pero también hasta qué punto los catalanes separatistas ha asumido ya que la inmensa mayoría de los bomberos catalanes son, efectivamente, tan independentistas como ellos.
Los vídeos en los que puede verse a los bomberos de la Generalidad pasar de largo frente a hogueras o carreteras bloqueadas se han convertido ya en habituales en las redes sociales. El mismo Juan Carlos Girauta, diputado y portavoz de Ciudadanos en el Congreso, tuiteó el pasado domingo un vídeo en el que puede verse un camión de bomberos esquivar una hoguera que bloqueaba una carretera, entre los aplausos de los encapuchados de rigor y sin apenas detenerse.
De inmediato, otros usuarios respondieron con más vídeos e imágenes en los que la actitud de los bomberos frente a los disturbios parece ser, en el mejor de los casos, de dejadez. En algunas de esas imágenes puede verse, incluso, a los bomberos enfrentándose violentamente a la policía autonómica.
Alzamiento de funcionarios
Los ejemplos de la radicalización del funcionariado catalán abundan. El pasado lunes, una cincuentena de funcionarios de la Generalidad, miembros de la Asamblea en Defensa de las Instituciones Catalanas, se concentraron frente a la Consejería de Interior autonómica para mostrar su rechazo a la Policía Nacional entre gritos de "fuera las fuerzas de ocupación". Las convocatorias de este tipo son habituales en todos los niveles de la Administración catalana y suelen organizarse en horario de trabajo sin que los funcionarios que se ausentan de sus puestos de trabajo sean expedientados o sancionados.
El pasado 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, la Generalidad permitió que todos los funcionarios autonómicos que lo desearan pudieran hacer fiesta sin perder un día de sueldo, compensándolo con el día 12 de octubre. La medida, muy criticada por CC.OO., tenía como objetivo evidente permitir que los funcionarios pudieran participar en todos los actos y manifestaciones independentistas convocadas para ese día en Cataluña, boicoteando asimismo el Día de la Hispanidad.
El pasado miércoles, el sindicato radical independentista Intersindical-CSC, liderado por el condenado por terrorismo Carles Sastre, sentenciado en 1985 a cuarenta y ocho años de cárcel como coautor del asesinato del empresario José María Bultó, al que ató una bomba al pecho, se convirtió en la primera fuerza sindical de la Generalidad en número de delegados. El sindicato considera que su éxito se debe a la organización de las huelgas generales del 21-F y el 18-O, y a su perfil netamente independentista.
Ninguna de estos actos está siendo investigado o ha sido sancionado por la Generalidad, lo que ha acabado por transmitir la sensación de que la impunidad para los funcionarios separatistas es total. Mientras tanto, aquellos funcionarios regionales que no comparten la ideología separatista se ven obligados a agachar la cabeza o a fingir adhesión a la causa para no ser señalados y marginados en sus puestos de trabajo. El procés, en fin, no ha acabado. Sólo ha cambiado de estrategia.