Desde que el 27 de octubre Mariano Rajoy cesó a todo el Govern y puso al frente de la Generalitat a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría no ha pisado Cataluña. Tampoco acompañará este domingo al presidente del Ejecutivo que inaugurará la precampaña electoral de su candidato, Xavier García Albiol. La excusa de Santamaría para ausentarse es un evento familiar ineludible.

Quince días después de que el Gobierno interviniera el Ejecutivo catalán, los nuevos dirigentes de la Generalitat no han detectado actos de desobediencia por parte de funcionarios o altos cargos de la Administración. Con la salida de todos los miembros del Govern cesaron automáticamente 141 cargos eventuales, personas de la máxima confianza del expresident o de sus exconsellers.

Fuentes cercanas a los encargados de tutelar este traspaso de poderes destacan que no solo los más de 170.000 funcionarios que conforman la Administración autonómica han desempeñado sus tareas con "absoluta normalidad", sino que hasta los altos cargos con "carné de partido", muchos del PdeCat o ERC, han acatado las órdenes "sin ningún incidente". Solo tienen que trabajar bajo el imperio de la ley y, de momento, el Gobierno se felicita porque ningún departamento ha registrado "casos de desobediencia".

Enlace entre Moncloa y ministerios

Santamaría ha elegido a una discreta delegación entre los miembros de su departamento para supervisar el traspaso de competencias y que la Administración catalana trabaje con normalidad. Este minúsculo equipo, personas de alto perfil técnico, prácticamente ha trasladado su despacho de Madrid a la delegación del Gobierno en Cataluña. Y, a su vez, hacen de enlace de Moncloa con todos los ministerios, encargados de tutelar las consejerías también intervenidas.

La vicepresidenta es la que ejerce la máxima responsabilidad en la región desde que se aplica el 155 pero "telemáticamente", desde su despacho en Madrid. La obsesión de Moncloa es evitar que se instale la sensación de que el Gobierno central "ha ocupado" la autonomía. Y, de momento, el resultado "es positivo" porque se ha conseguido transmitir la sensación de que "nada ha cambiado".

Más que unas elecciones autonómicas

El comité de campaña del Partido Popular de Cataluña está diseñando aún la campaña electoral en la que se pretende despertar al votante constitucionalista abstencionista. La dirección nacional del partido se volcará en los actos que se celebren durante los quince días previos al 21 de diciembre porque estas elecciones "son mucho más" que unas simples autonómicas.

Mariano Rajoy es consciente de que su carrera puede verse truncada si pierde el pulso a los independentistas y tiene previsto hacer campaña cuando "sus obligaciones como presidente del Gobierno" se lo permitan. Su equipo más cercano calcula que el jefe del Ejecutivo acudirá a algún mitin los fines de semana. Está por cerrar si finalmente la vicepresidenta acudirá a algún acto. Ella estará "donde el partido quiera", pero prefiere mantener un perfil bajo por haber sido precisamente ella la interlocutora en Madrid de la Operación Diálogo que acabó en un absoluto fracaso.

Presumir del 155 en campaña

Los populares quieren presumir en su campaña del éxito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La tesis que mantienen es que Cataluña ha vuelto a la legalidad desde que Mariano Rajoy asumió las funciones del Govern.

Los conservadores sacarán en campaña la calculadora y expondrán ante sus militantes la factura tan elevada que los catalanes han tenido que pagar por el desafío secesionista de sus anteriores dirigentes. Su objetivo es concienciar a la sociedad catalana de que ahora más que nunca es necesario ganar a los independentistas en las urnas. Lo contrario será "más inestabilidad política y económica".

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