Concentración frente a la Consejería de Salud en Murcia para reclamar que las interrupciones del embarazo se atiendan en la sanidad pública y no en clínicas privadas concertadas.
El PSOE se moviliza contra el PP de Murcia por "castigar a las mujeres" al derivar abortos a clínicas privadas
La Plataforma Embarazadas Expulsadas critica al Gobierno regional "por mantener un modelo" que desplaza a pacientes en contra de la ley.
Más información: El doble drama de abortar en Murcia: solo en clínicas privadas y son para echarse a temblar
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Gobierno de la Región de Murcia de “castigar a las mujeres” y "obligarlas a ejercer su derecho al aborto en clínicas privadas”, a pesar de que la ley ampara esa atención en la red pública.
La protesta llega en pleno debate sobre la renovación de los conciertos sanitarios para este tipo de prestaciones.
La Plataforma de Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública sostiene que la Administración autonómica mantiene "un modelo que desplaza a las pacientes a centros privados, incluso cuando el sistema público dispone de medios para asumir parte de estas intervenciones".
La diputada socialista Carmina Fernández ha endurecido el tono contra el Ejecutivo autonómico y ha asegurado que “el Gobierno de López Miras castiga a las mujeres de la Región de Murcia” y las manda “a ejercerlo a las clínicas privadas”.
Vista de una camilla en hospital.
También ha calificado la situación de “indecente” porque según Fernández existe una ley que protege a las mujeres para ser atendidas en la sanidad pública y, sin embargo, “las mandan a clínicas privadas”.
En sus declaraciones, la dirigente socialista ha insistido en que estas derivaciones suponen una falta de sensibilidad hacia mujeres que atraviesan un momento “muy delicado y muy complicado”.
A su juicio, la atención ginecológica y la salud sexual y reproductiva en la Región “está absolutamente desatendida” y las mujeres son tratadas “como ciudadanos de segunda”.
La protesta, celebrada frente a la Consejería de Salud, se ha producido después de que el departamento de la consejera Isabel Ayala defendiera que la Región de Murcia cumple con la normativa vigente.
La consejera Isabel Ayala ha señalado que las interrupciones por causas médicas que superan las 22 semanas ya se realizan en el hospital Virgen de la Arrixaca, mientras que las intervenciones por debajo de ese límite siguen derivándose a centros privados concertados.
La discusión sobre las derivaciones no es nueva en la Región. La plataforma denunció ya que la mayoría de las interrupciones del embarazo por malformaciones fetales continúan realizándose en clínicas privadas concertadas.
Mientras que el sistema público se limita a determinados supuestos y fases del proceso. En ese contexto, las entidades críticas con el modelo reclaman que el dinero destinado a conciertos se reinvierta en la red pública.
Fernández también ha querido subrayar el componente de derechos: “No podemos estar en otro sitio mejor que aquí, apoyando y pidiendo que se acabe con los conciertos en la sanidad privada y que se atienda a las mujeres en la sanidad pública”, ha afirmado.
Además, ha denunciado que el Gobierno regional “las deja desamparadas” en los momentos en los que más necesitan atención y protección.
La concentración ha servido para visibilizar un malestar que organizaciones feministas y formaciones de la oposición vienen trasladando desde hace tiempo.
La petición es clara: que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice plenamente en los hospitales públicos de la Región de Murcia, sin derivaciones a clínicas privadas concertadas.
Por ahora, el Ejecutivo regional mantiene que el modelo actual se ajusta a la legalidad y asegura la continuidad asistencial mientras se tramita la nueva adjudicación.
Pero la presión social y política aumenta, y el debate vuelve a poner en primer plano una cuestión de fondo: dónde y cómo debe prestarse una atención sanitaria que afecta a la autonomía y a los derechos de las mujeres.
