La diputada socialista Irene Jódar muestra ante los medios el documento oficial con el desglose de los más de 240 millones de euros recibidos por la Región de Murcia para vivienda
Irene Jódar (PSOE) exige a López Miras aclarar qué ha hecho con los 240 millones recibidos para solucionar la crisis de vivienda
La diputada socialista denuncia "la opacidad" del Gobierno autonómico y "el fracaso" en la ejecución de fondos estatales y europeos destinados al alquiler social y a ayudas para jóvenes murcianos.
Más información: Confirmado por el Gobierno: hasta 15.000€ para reformas de aislamiento y ahorro energético en la vivienda
La diputada del Partido Socialista de la Región de Murcia en el Congreso, Irene Jódar, ha denunciado este viernes la "absoluta falta de transparencia" y "la gestión ineficaz" que el Gobierno de la Región de Murcia está realizando sobre los recursos destinados a vivienda.
Jódar ha explicado que tras haber realizado una labor de investigación, junto a los diputados socialistas Cari Rives y Joaquín Martínez Salmerón, el PSOE ha detectado que la Región de Murcia ha recibido más de 240 millones de euros entre 2018 y 2025 procedentes de fondos estatales y europeos.
Según la parlamentaria autonómica, este volumen de financiación, que incluye el Plan Estatal de Vivienda, el Bono Alquiler Joven y fondos para la rehabilitación y eficiencia energética, no ha tenido un impacto positivo en la ciudadanía, lo que ha obligado a los socialistas a recurrir directamente al Gobierno de España ante la negativa constante del Ejecutivo regional a facilitar información veraz.
La diputada Irene Jódar ha enfatizado que el problema no reside en la escasez de recursos, sino en la inacción del Ejecutivo de López Miras, al que acusa de priorizar la confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre las necesidades reales de los murcianos.
Jódar ha calificado de "nefasta y oscura" la gestión del Partido Popular, subrayando que las partidas millonarias recibidas no se han materializado ni en el parque público de viviendas ni en las ayudas directas a los jóvenes.
El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras. EFE
La parlamentaria califica la actitud del presidente regional, Fernando López Miras, como una muestra de "dejadez absoluta", argumentando que, mientras que otros ayuntamientos están ejecutando los fondos con eficacia, el Gobierno autonómico se escuda en excusas para justificar su inoperancia, prefiriendo, según la diputada, centrarse en pactos con la ultraderecha que fomentar el progreso social.
Dentro de los ejemplos más preocupantes de esta gestión, la parlamentaria ha destacado la situación del alquiler social, donde de los 25,6 millones de euros transferidos para construir 526 viviendas, la mayor parte se encuentra en una situación crítica: proyectos sin licitar o declarados desiertos.
Esta ineficiencia administrativa sitúa a la Región de Murcia ante el peligro de tener que reintegrar 25 millones de euros al Estado, una cantidad que se pierde irremediablemente debido al desinterés del gobierno autonómico.
De igual manera, Jódar ha puesto el foco en el Bono Alquiler Joven, señalando que, pese a los 26,6 millones de euros recibidos, existe una frustración generalizada entre los jóvenes de la región que, cumpliendo estrictamente con los requisitos exigidos, han visto denegadas sus solicitudes sin una explicación técnica que lo justifique.
Cartel de alquiler sobre vivienda. EFE
Ante la reciente aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla una dotación de 308 millones de euros para la Región, Irene Jódar ha lanzado una pregunta directa a Fernando López Miras: ¿seguirá el camino del rechazo a los fondos estatales o se sentará finalmente a negociar con el Partido Socialista?
La diputada ha recordado que el PSOE, liderado por Francisco Lucas, presentó hace meses un decálogo de medidas viables y necesarias para facilitar el acceso a la vivienda, propuestas que siguen sin obtener respuesta por parte del Gobierno regional.
Finalmente, Jódar ha reiterado su compromiso de trabajar para desbloquear la ley de vivienda asequible, que permanece estancada en la Asamblea Regional desde hace medio año, con el objetivo de frenar lo que ha calificado como la parálisis de una administración más preocupada por el sectarismo ideológico que por garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los vecinos y vecinas.
