Reunión de la Comisión del Trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional, con representantes institucionales y portavoces políticos.
El PP de Murcia denuncia la "incoherencia" de la subida del caudal ecológico del Tajo porque solo beneficia a Portugal
El diputado popular Jesús Cano defiende el trasvase como "obligación del Estado" y critica las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica que provocan un "grave perjuicio" económico y social al Levante español.
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El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional Región de Murcia, Jesús Cano, ha intervenido con contundencia en la última Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura.
Cano ha denunciado las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, que están provocando un "grave perjuicio" económico y social al Levante español sin que se haya acreditado beneficio alguno para nadie, salvo para Portugal.
Esta postura, respaldada por expertos como Andrés Molina, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, pone de manifiesto la urgencia de "una revisión profunda de la política hídrica nacional", a juicio del diputado murciano del PP.
"Tras escuchar en la Comisión del Trasvase al vicepresidente del Sindicato Central de Regantes y al profesor Andrés Molina, ha quedado claro que no existe evidencia científica de que alguien se haya beneficiado de la subida del caudal ecológico del Tajo, excepto Portugal".
El río Tajo en su paso por Toledo. EFE
"Ambos comparecientes nos han hecho un llamamiento a defender el trasvase desde nuestras distintas responsabilidades, algo que no es una opción política y sí una obligación de Estado, pues solo con una planificación hidrológica rigurosa se resolverán los problemas del agua", según sostiene Cano.
El parlamentario murciano profundiza en las contradicciones del sistema: "Lo que sí existe es una preocupante contradicción y una grave incoherencia entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura".
Además, alerta sobre las consecuencias de alternativas como la desalación: "Lo que también ambos han puesto de manifiesto es que sustituir el trasvase por la desalación supondría condenar a los regantes a pagar el agua más cara de Europa y a depender de una infraestructura condicionada por el suministro eléctrico.
Críticas al Gobierno
Cano critica duramente la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica, asegurando que "no nos escucha y que las relaciones con los usuarios son inexistentes", lo que evidencia una falta total de diálogo y consenso.
Recuerda que las sentencias del Tribunal Supremo ordenaron el establecimiento de caudales ecológicos, pero "en ningún caso fijaron ni condicionaron su cantidad concreta", rechazando así el uso político que se está haciendo de estas resoluciones.
El diputado ha acusado al Gobierno central de vulnerar los principios del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, instrumento clave de gobernanza hídrica, al adoptar "criterios arbitrarios, alejados del consenso y de la base técnica".
Esta situación amenaza directamente la viabilidad del sector agrícola del Levante, principal motor económico del sureste español, y genera preocupación entre los regantes del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura).
Tuberías que transportan el agua del trasvase Tajo-Segura. EFE
Además, Cano reprocha al Partido Socialista su molestia por la participación de usuarios y regantes en la Comisión, considerando esto una falta de respeto hacia quienes conocen de primera mano la realidad del sector. "España no necesita más ocurrencias en materia de agua, sino una política nacional rigurosa, estable y efectiva", enfatiza.
Finalmente, Jesús Cano ha insistido en que "defender el Trasvase Tajo-Segura no es una opción política, es una obligación de Estado".
Solo desde su defensa y una planificación hidrológica seria y coherente se podrán resolver los problemas hídricos del país, reclamando un cambio de rumbo basado en el diálogo, el consenso y criterios técnicos.
Esta intervención de Cano resalta la necesidad de rectificar errores acumulados en la planificación hidrológica de los últimos años, priorizando los intereses de los agricultores y regantes murcianos frente a decisiones que ignoran la realidad local.
