La familia de la difunta Sara Gómez, en su 43 cumpleaños: "Hay corrupción sanitaria sistemática en Murcia"

“Hemos acudido a la Consejería de Salud para denunciar el total desprecio, desamparo y abandono, por parte de las autoridades sanitarias de la Región de Murcia hacia nosotros. En Murcia, sale gratis, y esto es fuerte y nos indigna, que un hospital privado esté operando sin licencia sanitaria, durante años, acumulando un rastro de sangre con una larga lista de víctimas, incluso mortales, como es el caso de mi hermana [Sara Gómez]”.

Rubén Gómez, guardia civil de profesión, se ha pronunciado sin paños calientes, sobre el sentir de la familia de la difunta Sara Gómez, ante la postura del departamento del consejero Juan José Pedreño con dos de los protagonistas del proceso penal que se sigue por la muerte de Sara: una agente inmobiliaria y madre de dos hijos, fallecida por las secuelas de una lipoescultura que le practicó un cirujano cardiovascular, sin la especialidad de cirugía estética, plástica y reparadora.

Uno de esos protagonistas es el anestesista José V., encargado de asistir en esa intervención estética al citado cirujano cardiovascular, el doctor Javier M., en un quirófano del Hospital Virgen de la Caridad del que Sara Gómez salió directa a la UCI del Hospital Santa Lucía. Cada vez queda menos para la vista oral donde serán juzgados los dos facultativos y la clínica podría enfrentarse al pago de una fuerte indemnización, pero la familia de Sara denuncia la inacción de la Consejería desde su muerte el 1 de enero de 2022.

"Aquí no ha pasado absolutamente nada, el hospital sigue abierto, y el anestesista tiene dos expedientes disciplinarios. Uno de ellos, resuelto hace dos años y jamás lo ha cumplido, y el otro expediente, no sabemos ni en qué estado está, ni nos informan de ello. Eso tiene un nombre: se llama encubrimiento, se llama prevaricación, en definitiva, ya no podemos hablar de corporativismo sanitario, tenemos que hablar de corrupción sanitaria sistemática en la Región de Murcia”.

"Están ayudando y protegiendo a los máximos responsables, supuestamente, como es el hospital y el anestesista. Nos han abandonado a nuestra suerte. No sabemos nada de la Consejería de Salud, ellos han sido pasivos y nosotros hemos tenido que denunciar tres veces al anestesista y al hospital porque los servicios de inspección no sirven de nada".

Mientras Rubén realiza esas afirmaciones en la sede de la Consejería de Salud en Murcia, le acompañan su madre, Felisa, su padre, Damián, y su hermana, Nora. Todos ellos se agarran a una pancarta como a la vida misma, para que nadie olvide la imagen de su ser querido y para reclamar también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumpla su promesa: poner en marcha la denominada 'Ley Sara', para regular el sector de la cirugía estética en España y acabar con el intrusismo profesional.

La familia de Sara Gómez junto a miembros de IU, en la sede de la Consejería de Salud de Murcia. IU

"Mi hermana Sara fue víctima de una operación ilegal, en un hospital que no tenía una licencia administrativa; por un cirujano sin formación, ni experiencia ni titulación, y por un anestesista que se hizo pasar por otro y no tenía compatibilidad. A día de hoy, no hay nadie que haya pagado o que nos haya pedido perdón. Nos encontramos el silencio de la Consejería".

Esta intervención pública de la familia de Sara Gómez ha tenido lugar un día después del que habría sido el 43 cumpleaños de esta agente inmobiliaria. Su hermano, Rubén, ha estado acompañado del diputado autonómico de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, para anunciar que Izquierda Unida y Podemos han presentado una batería de ocho iniciativas en la Asamblea Regional, para exigir el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Una de las cuestiones interpela directamente al consejero de Salud, Juan José Pedreño, para que aclare las inspecciones realizadas al Hospital Virgen de la Caridad desde diciembre de 2021, fecha en la que se produjo la operación. “Sabemos que el hospital no obtuvo la autorización sanitaria hasta el 25 de agosto de 2025, casi cuatro años después de los hechos y sólo tras una denuncia de la familia”, según ha denunciado Álvarez-Castellanos.

El diputado de IU ha recordado que el Decreto 73/2004, que regula la autorización sanitaria de centros y servicios, prevé sanciones y medidas como la suspensión de la actividad o la imposibilidad de concertar servicios sanitarios. "Sin embargo, nada de eso ha ocurrido: el hospital ha seguido recibiendo fondos públicos, más de 12 millones de euros desde 2021, sin que conste una sola inspección”.