Los dos presidentes de colectivos vecinales de Alicante han ampliado su denuncia ante Fiscalía por los cargos públicos que se han vacunado fuera de protocolo. La ampliación incluye a otras personas que se hayan podido vacunar sin respetar el orden de prioridad, como el obispo de Orihuela-Alicante Jesús Murgui y sus familiares.
Aunque en el escrito no nombran al obispo expresamente, los denunciantes han adjuntado informaciones periodísticas sobre la supuesta vacunación irregular de Murgui, cuyo caso se hizo público el pasado 3 de febrero.
Tal y como informó este diario, Murgui recibió la primera dosis de la vacuna de Pzifer el pasado 8 de enero en la residencia de la Casa Sacerdotal de Alicante, un edificio con habitaciones destinadas a albergar estancias fijas y temporales de sacerdotes de la Diócesis.
Desde el primer momento la Diócesis negó "trato de favor sanitario" y defendió que el prelado que "ha cumplido el protocolo prescrito" y "siguiendo la dinámica de las demás campañas de vacunación", debido a su "vinculación sanitaria".
La hermana y el cuñado
Pocos días después el obispo anunció que renunciaba a la segunda dosis. Esta decisión coincidió con nuevas informaciones sobre la hermana y el cuñado del máximo representante de la Iglesia en la Diócesis. Al parecer, también recibieron la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 al convivir con él. Junto a ellos se destapó la vacunación del vicario general de la Diócesis, Vicente Martínez.
Los responsables de las asociaciones vecinales de Alicante afirman que "hay grupos de personas, que no son cargos políticos, que se han aprovechado también por los puestos relevancia que ocupan en nuestra sociedad". También, que han variado los listados de vacunación que estaban bajo su responsabilidad, cedidos por la Sanidad, para incluirse ellos y otros cargos similares e incluso familiares".
Desde las Cortes Valencianas PP y Cs han pedido que se informe en comisión parlamentaria de investigación la lista de 200 personas que se habrían vacunado fuera del protocolo. Más de 60 de ellas ya están siendo investigadas por la Generalitat.
Los dos presidentes de colectivos vecinales han llevado a Fiscalía los casos que han aparecido en la prensa: los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives (PSOE); el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP); el diputado provincial encargado de la gestión del Dr. Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP).
También el concejal de Sanidad de Orihuela, el 'popular' José Galiano; el edil de Sanidad de Benejúzar y excomisionado de Salud del Departamento de Torrevieja, José Antonio García Gómez (PSPV) y la concejal de Bienestar Social de Dénia, la única que ha dimitido por tales hechos, Cristina Morera (PSPV).