Un perro defecando en el campo. EE

Un perro defecando en el campo. EE

Comunitat Valenciana LEY DE BIENESTAR ANIMAL

La Ley Animal valenciana obliga a los cazadores a recoger los excrementos de sus perros en el monte

La norma establece que dejar las heces en "espacios públicos o privados" supondrá una multa de entre 100 y 3.000 euros.

23 febrero, 2023 21:26
Valencia

La Ley de Bienestar Animal recién aprobada en las Cortes Valencianas ha visto la luz con una singular polémica. La redacción final obliga a los cazadores a recoger los excrementos de sus perros en el monte o en el campo.

"Es absurdo, pero es así", manifestó este jueves a EL ESPAÑOL Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.

La ley valenciana va más lejos que la que impulsa a nivel nacional el Gobierno de España, ya que considera a los perros de caza animales de compañía.

El texto contempla algunas excepciones para los animales que realizan "tareas específicas", entre los que se encuentran los perros guía, de caza o los de rescate. Por ejemplo, los daños que sufran en el ejercicio de estas funciones no serán considerados maltrato animal.

Pero entre las excepciones de las que disfrutan estos perros, no se encuentra la recogida de sus excrementos. Y las multas previstas para esta "infracción leve" van "de 100 a 3.000 euros", según consta de forma detallada en el texto legal.

[Ximo Puig aprueba una Ley Animal más dura que la nacional que sí protege a los perros de caza]

El artículo 6.1b, que establece las "obligaciones de las personas responsables legales y temporales de animales de compañía", prescribe: "Impedir que los animales depositen los excrementos en aceras, paseos, jardines y, en general, en espacios públicos o privados de uso común. En caso de que los depositen, hay que retirarlos y limpiar inmediatamente, adoptando las medidas oportunas de limpieza para impedir que los animales ensucien la vía pública".

Para el PP, igual que para los cazadores, la referencia a recoger las defecaciones "en espacios públicos o privados de uso común" supone extender esta obligación a entornos como el monte o el campo. La federación de caza matiza al respecto que, el interior de un coto de caza sí podría ser una excepción, al no ser propiamente un espacio público o privado de uso común.

Pero la ambigüedad de la ley permitirá a los agentes del orden perseguir a los dueños de los perros que defequen en otro tipo de espacios naturales del campo o la montaña, que no estén delimitados como un coto de caza. También a los responsables de los perros guía o de rescate. 

Moción ignorada

Precisamente por este motivo, la diputada popular Elisa Díaz presentó una moción al texto en la que pretendía agregar la siguiente salvedad: "Están exentos de estas obligaciones los animales que hagan tareas o actividades específicas en el ejercicio de las mismas". La izquierda, sin embargo, la rechazó.

"Han dejado este sinsentido a sabiendas, porque se les ha avisado y se ha intentado corregir mediante la enmienda", agrega Lorena Martínez, en representación de la Federación de Caza, y alerta de que "lo mismo ocurre con los perros guía o de rescate". "Será ilegal no recoger sus excrementos", considera.

Preguntados al respecto, los diputados responsables del texto por parte del PSPV-PSOE, David Calvo, y de Unidas Podemos, Beatriz Gascó, subrayan que enmarcar entornos naturales como el campo o la montaña, donde se produce la caza, como "espacios públicos o privados de uso común", es "de entrada, algo discutible". Ambos consideran que "imperará el sentido común", por lo que entiende que no habrá multas en estos lugares.

Un cazador, junto a su perro. EE

Un cazador, junto a su perro. EE

Además, aseguran que la delimitación precisa de estas cuestiones quedará regulada por las ordenanzas de cada localidad. ¿Y qué ocurre donde no la haya? "Hay en el grueso de los municipios", responden.

Los partidos que respaldan el Gobierno le quitan hierro al asunto. "Si esta cuestión tan anecdótica es todo lo que tienen que criticar sobre la Ley, es para que estemos muy satisfechos", concluye al respecto David Calvo en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Ley pionera

Pese a esta polémica, la ley ha sido aplaudida por colectivos diversos como animalistas o cazadores. Salió adelante con los votos a favor de los partidos que sustentan el Gobierno de Ximo Puig (PSOE, Compromís y Podemos) y la oposición de PP, Ciudadanos y Vox.

El texto se adelanta a la inminente normativa nacional. Pese a la oposición inicial de Compromís y Podemos, ambas formaciones accedieron finalmente a no considerar como maltrato las lesiones que sufran los animales de compañía que realizan tareas específicas en el ejercicio de sus funciones -los mencionados perros de caza, los guía o los de rescate-. 

Pero sí pasan a ser considerados estos perros como animales de compañía, y tendrán los mismos derechos que el resto cuando no ejerzan su actividad específica. Así lo celebró este jueves la directora de Anima Naturalis en España, Aïda Gascón, que subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la nueva ley valenciana representa "un paso adelante" y sitúa a autonomía "al nivel de las más avanzadas en materia de protección animal".

Perro de caza, en una imagen de archivo. EE

Perro de caza, en una imagen de archivo. EE

En cambio, la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, advirtió de que la ley no les genera "seguridad total" porque "se tendrán que modificar muchos artículos cuando se apruebe la nacional". Pese a ello, sí agradeció que finalmente se haya aceptado la excepción de no considerar maltrato las lesiones que sufran los perros durante la caza.

La nueva ley valenciana sustituye a un texto anterior que tenía ya casi 30 años. Entre las novedades más significativas, se impondrán sanciones de hasta 45.000 euros a los casos más graves de maltrato y se perseguirá la venta y cría de animales de compañía, algo que quedará limitado a profesionales autorizados.

Esta ley persigue el "sacrificio cero" de animales y los considera como "seres sintientes" y no simples mascotas. Para ello se prioriza la adopción y se obliga el registro y la identificación de los animales domésticos, con un plazo de seis meses para que los propietarios los inscriban en un registro supramunicipal.

Las sanciones se gradúan en función de los casos leves de maltrato -de cien a 3.000 euros-, como no atender correctamente a los animales, no identificarlos o no retirar los excrementos, o los muy graves -hasta 45.000 euros, con posibilidad de decomisar los animales- como sacrificarlos, maltratarlos o explotarlos.

Sin sacrificio

En general, se prohíbe el sacrificio, salvo en los supuestos previstos, así como el maltrato, mantener a los animales atados permanentemente, suministrarles drogas sin supervisión veterinaria, no darles comida o agua suficiente, criarlos o venderlos sin licencia, dejarlos en coches sin supervisión o adiestrarlos para peleas.

La norma especifica que los collares de estrangulamiento con púas o eléctricos solo los podrán utilizar profesionales y prevé la creación de un registro de personas y entidades inhabilitadas que hayan cometido infracciones o delitos de maltrato hacia los animales.

Además, quedan prohibidas determinadas actividades deportivas que suponen un trato cruel hacia los animales, así como los espectáculos circenses itinerantes con cualquier tipo de especie y no solo las salvajes. Cabe recordar que los festejos taurinos se regulan por su propia normativa.

Otras medidas incluidas son la identificación de los gatos y su gestión integral ética para la protección de las colonias felinas y control poblacional o la esterilización como medio prioritario para el control poblacional de los animales de compañía.

Perras y gatas

Se regulan así las reproducciones de perras y gatas, que deberán tener como mínimo un año de edad antes de ser utilizadas para ello y no podrán superar los ocho años, estableciéndose un periodo entre partos de 12 meses.

Otras medidas son una regulación más exhaustiva de la implantación del chip identificativo o la creación de un consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales de compañía, con representantes de veterinarios, cuerpos de seguridad y entidades asociativas.

Como consellera de Agricultura, Isaura Navarro, celebró la aprobación de la ley. "Damos un paso más hacia una sociedad más avanzada y respetuosa que garantiza los derechos de los animales y nos convierte en una Comunitat más justa, moderna y, sobre todo, protectora", dijo.

En un comunicado, defendió que el marco jurídico es necesario para garantizar una responsabilidad legal de convivencia y cuidado "acompañada siempre del respeto y la atención constante de los humanos". El objetivo, destacó, no es otro que garantizar en todo momento los derechos de los animales, acabar con todas las conductas de maltrato y abandono y conseguir el "sacrificio cero".