Nuevo golpe al clan Blasco: dinero de la Sanidad valenciana acabó en viajes de lujo y actos falleros

Es una de las familias que más poder ha acumulado en Valencia desde la Transición y su apellido aparece vinculado a casi todos avisperos de la corrupción. La Justicia ha dado un nuevo golpe al clan Blasco, la familia del poderoso exconsejero valenciano tanto con el PSOE como en el PP Rafael Blasco, y ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a dos de sus sobrinos por la supuesta trama que cobraba comisiones directas e indirectas por contratos sanitarios.

Según la investigación, el histórico Hospital General de Valencia sirvió a la familia para costearse durante años un alto tren de vida. Viajes de lujo por todo el mundo, vehículos, propiedades e incluso los gastos para que la mujer e hija de uno de los investigados se convirtieran en falleras mayores de una comisión de Alzira, la ciudad de 45.000 habitantes cuna de esta dinastía.

Los hermanos Sergio y Francisco José Blasco, sobrinos del exconsejero Blasco, "obtuvieron un beneficio ilícito" a través del consorcio público que gestiona el hospital. Sergio fue director económico financiero entre 1997 y 2001, y gerente entre los años 2005 y 2014, una época en la que su tío Rafael ocupaba la cartera de Sanidad. Otros familiares implicados se dedicaban a "la gestión del cobro de comisiones".

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Las empresas bajo sospecha obtuvieron contratos públicos por valor de más de 33 millones de euros y los beneficios se emplearon para satisfacer las necesidades del clan. Sergio viajó a Las Vegas, Punta Cana, Roma o China y costeó desplazamientos de 24 horas a Panamá para reunirse con una persona que la investigación no ha logrado identificar. Solo el viaje de Las Vegas, con visita al Cañón del Colorado, costó 13.000 euros.

Además, reformó una de sus viviendas, pagó a sus empleadas de hogar y adquirió dos parcelas valoradas en 125.000 euros. Las empresas también regalaron a la familia un vehículo un Volvo, varios pases VIP para eventos deportivos celebrados en Valencia hasta 2014 y se hicieron cargo de un viaje a Túnez, junto a otros matrimonios amigos de la familia, que camuflaron como un "viaje de empresa".

Sergio y Francisco José son hijos de Francisco Blasco, hermano del exconsejero Blasco, un histórico del PSOE valenciano que ocupó la Alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia. Rafael Blasco está casado con Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ivam) y hermana del exsecretario de Organización del PSOE con Felipe González, Ciprià Císcar.

El matrimonio ha sido condenado en varios casos de corrupción política y la mujer evitó su ingreso en prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el que admitía que usó fondos públicos del Ivam para promocionar la carrera de su hijo Rafael Blasco Císcar.

Consuelo Císcar tenía dos hijas de una relación anterior y una de ellas, Deborah Salom Císcar, es la pareja de Sergio Blasco. Deborah también disfrutó de este alto tren de vida. La investigación ha revelado que la trama financió con 6.000 euros a la falla Caputxins, de Alzira, el año que ella y su hija fueron elegidas falleras mayores. También se financió el montaje de un equipo de sonido.

Deborah Salom, hija de Consuelo y pareja de Sergio, el año que fallera mayor.

Todas estas pruebas conducen a la familia a un nuevo juicio por supuesta corrupción. El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia acaba de procesar a los hermanos Sergio y Francisco José, y otras nueve personas más por los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La investigación arrancó en 2014 tras una denuncia de Izquierda Unida y Sergio Blasco fue detenido por estos hechos en 2017. Quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 80.000 euros.

En cambio, ha archivado la imputación del exconsejero Rafael Blasco porque, más allá de la relación familiar, no se han encontrado indicios que acrediten que el tío daba las órdenes. La resolución no es firme y la Fiscalía Anticorrupción ultima su escrito de acusación, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales. 

Del FRAP al PP

Rafael Blasco es el político que más carteras ha acumulado en el Gobierno valenciano: 7 en total con dos partidos y cuatro presidentes, primero con el PSOE y más tarde con el PP. Ha estado prácticamente 25 años subido en un coche oficial y ha contado con una habilidad especial para manejar los hilos de la política.

Rafael Blasco tiene ahora 77 años e ingresó en prisión por primera vez en junio de 2015 cuando tenía 70. Salió de prisión en régimen de semilibertad en 2019.

Llegó al PSOE de Joan Lerma tras una etapa de militancia en el Frente Revolucionario Antifranquista y Patriótico (FRAP), el brazo armado del PCE (marxista leninista) creado en 1973 y que desapareció durante la Transición. Blasco ha sido condenado en varias ocasiones por la trama que desvió las ayudas públicas destinadas a proyectos de desarrollo en América Latina, Asia y África.

En una de esas condenas, la Justicia dictaminó que los 1,8 millones que debían financiar proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua fueron invertidos en la compra de pisos y garajes en Valencia.

La red creada por su sobrino Sergio es muy parecida a la que se montó en torno a su figura para desviar los fondos de solidaridad. En ambos casos se creó un entramado de empresas, y personas relacionadas con el clan obtuvieron un beneficio ilícito con la adjudicación de grandes concursos públicos.

A su vez, estas empresas subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma trama sin que tuvieran actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se realizaban.

En la trama sanitaria, por ejemplo, se llegaron a justificar trabajos con informes del Rincón del Vago, según el juez. La familia se sirvió de estas mismas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización. 

El entramado

Sergio, según la investigación, siguió la estela de su tío en la Administración valenciana y varias de las empresas investigadas también obtuvieron contratos del Ivam y de otros departamentos controlados por la familia.

En el caso por el que acaban de ser procesados dos de sus integrantes, para organizar el entramado crearon o usaron tres tipos de sociedades en tres niveles, según el juez.

En el primer estarían las sociedades Out-log; Conectall Systems y Mantenimientos Integrales Turia, perfectamente conformadas con estructura, organización de empleados, y con actividad casi única de contratar con la administración sanitaria. Las tres facturaron entre 2005 y 2014 a Sanidad cerca de 33 millones de euros.

Un segundo nivel lo conformarían empresas de menor volumen, con dos o tres trabajadores que hacían una labor mixta. En ocasiones se les adjudicaban pequeños contratos con la administración o sector privado, en otros recibían pagos de adjudicatarias de contratos de otras mercantiles relacionadas con el Hospital General.

Se trata de Prospain, Vamont consulting, Cyomed Levante, Kanbanlog, Soluciones Logísticas Hospitalarias, Identiart y Bienet, dirigidas por personas vinculadas personal y familiarmente con Sergio Blasco y con los integrantes de las mercantiles del primer y tercer nivel. Entre los mismos años ingresaron poco más de dos millones de euros por contratos y 600.000 por subcontratos de empresas del primer grupo.

El tercer nivel estaría formado por empresas sin organización, personal ni actividad que pese a ello son receptoras de ingresos de las mercantiles provenientes de los anteriores niveles y de terceras sociedades sin que a unas o a otras les realizaran contraprestación alguna. El juez ha acreditado que recibieron más de un millón en subcontratas y pagos de mercantiles que, sin pertenecer a la organización, eran beneficiarias de contratos con la administración sanitaria.

A su vez, estas empresas realizaban pagos y sufragaban gastos particulares de Sergio Blasco, su familia y personas vinculadas a las empresas señaladas y al Hospital General.

Si no surge ningún contratiempo y el juzgado ratifica la apertura de juicio oral, la vista se celebrará tras el verano de 2023, casi diez años después de que se presentara la denuncia.