Podemos tiene okupas en 1.350 viviendas públicas valencianas, cerca del 10% de todas las que gestiona

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), firma dependiente de la Conselleria de Vivienda que aglutina las residencias propias de la Generalitat Valenciana, tiene un total de 1.349 unidades okupadas. El número es elevado, y también lo es el porcentaje sobre el total del parque público. Se sitúa en el 9,6% de las 13.998 que posee la autonomía. Así lo precisan a EL ESPAÑOL fuentes de la propia enseña, liderada por el conseller Rubén Martínez Dalmau (Unidas Podemos).

La cifra refleja la política de la formación en materia de vivienda, reacia a la expulsión de los okupas al considerar que, en muchas ocasiones, se trata de familias vulnerables. Tanto es así que la EVha tiene abiertos en estos momentos "expedientes de regulación" en más del 60% de estas residencias. En concreto, en un total de 812.

Se trata de un polémico mecanismo que puso en marcha el departamento en 2017 bajo la gestión de la consellera socialista María José Salvador -Unidas Podemos tomó el relevo en 2019-. El Gobierno Valenciano, tras años sin solucionar el problema de la okupación en las viviendas públicas, apostó por regularizar a los inquilinos irregulares que cumplieran los requisitos socioeconómicos para ser beneficiarios de las ayudas autonómicas en materia de vivienda.

172 legalizados

Desde entonces ha sido legalizada la okupación de 172 viviendas públicas, según precisa la EVha. Los detractores de esta práctica argumentan que supone un agravio comparativo para los ciudadanos que permanecen en las listas de espera para acceder a una residencia pública -sin recurrir a la okupación- para disponer de una. El proceso implica la rehabilitación del inmueble para la mejora de las condiciones de los okupas, que se convierten en beneficiarios de pleno derecho.

La entidad pública, además de las 1.349 viviendas okupadas, tiene 409 unidades vacías en diferentes grados de rehabilitación y otras 126 también desocupadas pero, en este caso, ya adecuadas para su adjudicación. Las 12.114 restantes hasta alcanzar el total de 13.998 sí están en manos de beneficiarios de viviendas sociales.

Las residencias se encuentran repartidas en municipios de toda la autonomía, si bien determinados barrios como La Coma en Paterna, Miguel Hernández y Virgen del Carmen en Alicante o Los Palmerales en Elche, acumulan centenares de ellas.

Barrio Miguel Hernández de Alicante. EE

La Conselleria de Vivienda destaca que ha reducido de forma significativa el número de viviendas vacías. En concreto, en un total de 317 durante el ejercicio 2019 y en 506 más durante el pasado 2020. El problema de la okupación, por contra, sigue lejos de solucionarse debido a la negativa de Unidas Podemos a acometer desahucios.

El problema por este asunto también es contable. Las últimas cuentas anuales depositadas por la EVha, correspondientes al ejercicio 2019, contenían una salvedad al respecto. La firma auditora consideró excesiva la valoración de las viviendas okupadas en un total de 11,7 millones, e instó a la firma a anotarse un deterioro por la mala situación de los inmuebles.

La marcha de Aznar

Con este gran asunto por resolver en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la pasada semana se produjo un llamativo movimiento en su cúpula. El todavía director general de la EVha, Alberto Aznar, comunicó su marcha para fichar como gerente de Actuaciones Urbanas Municipales SA (Aumsa).

Se trata de la empresa pública de vivienda de la ciudad de Valencia, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano que controla la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez. Aznar cambia la gran empresa autonómica por la municipal que, lejos de las 14.000 viviendas que posee la EVha, ostenta alrededor de 800. El dirigente, preguntado por este periódico, se limita a explicar que el cambio responde a una "decisión personal".