José María González 'Kichi', en el Ayuntamiento de Cádiz en 2023
'Kichi' se enfrenta a 18 años de inhabilitación por el caso de un 'asesor fantasma' contratado en el Ayuntamiento de Cádiz
La Fiscalía ve prevaricación para el exalcalde gaditano por la inclusión de este asesor del mismo partido con "acceso a información de carácter reservado".
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El exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' se enfrenta a una petición de 18 años de inhabilitación por la contratación en el Ayuntamiento gaditano en 2018 de un asesor de su propio partido.
En concreto, la Fiscalía Provincial, en su escrito de acusación, reclama una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos y tres años de inhabilitación, y otros 15 de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación.
Según la Fiscalía, este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, y que "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz".
Ese acceso, asegura el escrito, "fue llevado a cabo por orden e indicación directa" del alcalde, dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados.
La Fiscalía recuerda que el acceso público a la información municipal que constituye la oferta pública de licitación no es accesible hasta el anuncio respectivo, con el sentido de evitar que la oferta pública se dirija a determinados operadores económicos introduciendo requisitos que concurran en éstos y no en terceros.
En este sentido, recuerda que la función de asesor político, de darse, no se encuentra asociada a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones, sino que se circunscribe al asesoramiento del político objeto del mismo, que finalmente firmaría y asumiría las decisiones.
Un "habitual" en las reuniones
La Fiscalía añade que la labor que desempeñó el asesor contratado por el partido "se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas".
Además, la presencia de esta persona era "habitual en reuniones en las que era convocado en presencia del equipo de gobierno y funcionarios públicos, así como otros actores, poniendo de relieve la relación directa y el respaldo institucional que recibía y por ende, ofreciendo la falsa sensación ante los funcionarios municipales de la presunta condición laboral de este, ya fuese como funcionario o asesor".
La Fiscalía pide las mismas penas por los mismos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno de 'Kichi', para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos y para un asesor del equipo de gobierno.
Por su parte, para el asesor contratado por el partido, que ha dado paso a este procedimiento judicial, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en la administración local, autonómica, nacional o europea por delito continuado de prevaricación.
