Chiringuito COCONOVO BEACH, a pie de playa. EP / Cedida
Europa desmonta el chiringuito: hasta un tercio de estos locales del litoral andaluz están "pendientes de regularización"
La reforma de la Ley de Costas para adaptarla a la UE afecta a más de 150 establecimientos en Andalucía e inquieta a un sector que genera hasta 50.000 empleos.
Más información: El Algarrobico, 20 años y un sainete: la rebelión del PSOE que aplaza otra vez el derribo que prometió Montero
Es una de las estampas habituales del verano para todos aquellos que acuden a las playas. Las sombrillas, el olor a mar, que convive con la música de fondo de los chiringuitos y ofrecen relax a la vez que disfrutar de pescado fresco y comida de calidad a escasos metros de la costa.
Sin embargo, los empresarios que tratan de sacar adelante esos establecimientos llevaban tiempo preocupados por el reglamento que el Gobierno central pretendía presentar y que les obligaría a adoptar distintos cambios, algunos fundamentales para desarrollar su actividad.
Ahora, tras conocer a fondo el borrador de la reforma, el tejido empresarial que envuelven a los chiringuitos en las zonas del litoral andaluz ha aumentado su preocupación ante el avance de la reforma de la Ley de Costas, que afecta especialmente a este sector.
Desde la Unión Europea se lleva tiempo advirtiendo a España de que su modo de gestionar estas concesiones "no cumple" con los estándares europeos de competencia y transparencia.
La nueva normativa afectaría especialmente a las prórrogas concedidas tras la reforma de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que permitió ampliar concesiones antiguas. Se refiere tanto a restaurantes en playas, instalaciones en la costa, y a cualquier tipo de negocio turístico.
Hasta ahora, muchas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre podían renovarse con relativa facilidad cada diez años, lo que la Comisión Europea consideró contrario al mercado único.
Es por ello que desde el Ejecutivo central se han desmarcado de cualquier responsabilidad en la aplicación de esta norma, señalando que su objetivo es cumplir con los indicadores europeos.
Establecimientos a concurso
Mediante esta reforma, uno de los principales cambios es que se exige una concesión para las actividades económicas mediante concurso público.
Establece tres límites para las concesiones: hasta 30 años para la mayoría de las actividades económicas, 50 para los servicios públicos que requieran estar en la costa y 75 años solo para los proyectos de restauración.
No permite renovaciones automáticas ni ventajas para el concesionario anterior. En la práctica, cuando venza la concesión de un chiringuito, podrá sacarse a concurso y ganarlo otra empresa.
Según ha podido confirmar este medio, dentro de todas las limitaciones que recoge este borrador, lo que más preocupa a los propietarios de este modelo de negocio es la prohibición de los sótanos por motivos medioambientales y de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Según este borrador enviado por el Ministerio, las estructuras de estos establecimientos deben ser 100% desmontables en todos sus elementos. Se catalogarán estrictamente como "instalaciones de temporada", debiendo justificar su retirada o cese en los periodos del año de inactividad.
Negocio de temporada en una playa de Punta Umbría Europa Press / Ayuntamiento de Punta Umbría
Además, también establece una prohibición que afecta al tamaño del negocio. Se pretende restringir los chiringuitos a una sola planta de altura, eliminando segundas plantas o terrazas elevadas.
Se da la circunstancia de que muchos establecimientos que se encuentran en el litoral andaluz a pie de playa utilizan esos espacios subterráneos para almacenar material, instalar cocinas más amplias y guardar todo tipo de material.
El rechazo de la Junta de Andalucía
La normativa que pretende aplicar el Gobierno de España, cuenta con el rechazo frontal de la Junta de Andalucía, que está entre los Ejecutivo de carácter autonómico que con mayor dureza ha criticado esta disposición, al asegurar que se encuentran en una "posición conservacionista", de no querer autorizar "casi nada".
En Andalucía hay una cifra de alrededor de 500 negocios hosteleros conocidos como chiringuitos que generan hasta 50.000 empleos en la región según los datos de la Junta, de los que aproximadamente 160 se encuentran en situación de regularización.
Catalina García, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en funciones, ha lamentado que el Gobierno "no escucha a nadie", advirtiendo de que están tratando de aprobar una reforma de la ley de Costas "por la puerta de atrás".
La responsable de la cartera de Medio Ambiente ha destacado que se trata de una actividad "clave" para la economía, a la vez que mantiene que el Gobierno andaluz cree que es posible conservar el litoral y mantener la actividad económica.
Reunión suspendida con los propietarios
Esta semana, el Gobierno ha ido un paso más allá en lo que los chiringuitos consideran un 'nuevo ataque' por parte del Ministerio de Transición Ecológica, en su afán de protegerse ante las directrices enviadas de Europa.
Tras conocerse el enfado de los chiringuitos, la respuesta desde el Ejecutivo ha sido la de suspender una reunión que tenían prevista con el Secretario de Estado, a la que acudirían representantes del sector, sin dar ningún tipo de explicaciones, según ha señalado Antonio Guerrero, de la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz.
En los días previos, el propio Guerrero había hablado en un tono cordial, mostrándose con confianza de que la situación pudiera ser resuelta tras esta reunión, que finalmente ha sido cancelada.
Preocupación en el litoral andaluz
La situación, que lejos de resolverse ha empeorado en las últimas fechas está causando una gran preocupación en el sector, especialmente en los municipios en los que los empresarios hacen de estos negocios su modo de vida.
En cuanto a la afectación al turismo andaluz, hay que señalar que Málaga es la provincia de la región que se encuentra más afectada, ya que más de 60 establecimientos todavía están pendientes de regularización.
En las provincias de Huelva y Cádiz, donde los términos municipales de la costa onubense viven de este tipo de negocios en la temporada veraniega también existe un importante temor.
Esta situación se suma a otras polémicas que han surgido en los últimos años, especialmente en localidades costeras como Punta Umbría, donde algunos establecimientos tuvieron que cerrar o imponer limitaciones el último verano debido a no contar con los permisos necesarios.
En lo que respecta a la provincia de Cádiz, varios chiringuitos del municipio gaditano de El Puerto de Santa María dejarán de operar en julio al no haber podido renovar la licencia concedida por la Autoridad Portuaria.
![Atardecer en la ría de Punta Umbría.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10939951.jpg?p=w:320\/h:240&h=3uZrny1E"])
En Huelva, este medio ha podido confirmar que en el municipio costero de Punta Umbría, aunque se han producido 20 aperturas este verano, todavía hay varios establecimientos que se encuentran en situación de regularización.
Aunque el balance facilitado por el consistorio de la localidad onubense es positivo, tras una campaña veraniega marcada por los cierres y limitaciones tras las denuncias vecinales, al no contar con los permisos necesarios.
Sin embargo, la situación no está del todo resuelta, ya que todavía hay cerca de una decena de negocios hosteleros que tratan de regularizar su situación en esta fecha, entre los que se encuentran algunos a pie de playa como La Sombrilla, que no han podido abrir sus puertas a tan solo días de empezar el mes de julio.
De hecho, uno de los empleados del establecimiento ha señalado en declaraciones a EL ESPAÑOL, que "la cosa no pinta bien", debido a que el tiempo se echa encima.
Otro de los puntos de conflicto en Huelva se encuentra en Matalascañas, una de las zonas con mayor turismo de la provincia, especialmente el que viene de Sevilla.
Este medio ha contactado con el presidente de la Asociación de Empresarios de Almonte, Pedro Roldán Cabrera, que ha expresado la preocupación que existe por parte de los dueños de los negocios.
Además, este asunto se suma a otros de índole local, como el de la falta de regularización de la Zona ORA, en Matalascañas, que también genera miedo en el sector.
A este respecto, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que en los próximos días se celebrará una Junta de Chiringuitos en la localidad, de cara al comienzo de la temporada veraniega, en el que se tratará este junto a otros asuntos que afectan a estos negocios.
Por su parte, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, al que pertenece el término municipal de Matalascañas se ha mostrado especialmente crítico con la medida, alegando que "afecta al turismo del municipio".
Bella mantiene un firme rechazo a los planes de Costas, que contemplaba reubicar los negocios e infraestructuras turísticas más alejados de la primera línea de playa. El regidor ha denunciado que esta medida supone "destruir el modelo turístico y comercial" de Matalascañas.
