La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una obra en Almería
La Junta abre la vía judicial contra el Gobierno de Sánchez por la "invasión competencial" del Plan de Vivienda
El Gobierno andaluz lamenta la "imposición" desde Moncloa con un Plan que se "extralimita" y obliga a la Junta a pagar 400 millones más.
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El modelo de vivienda de aquí a 2030 enfrenta a Junta de Andalucía y Gobierno de España, de tal modo que el Ejecutivo andaluz ha dado un primer paso para judicializar el Plan Estatal promovido desde Moncloa.
El Consejo de Gobierno de la Junta se ha reunido de urgencia este martes por la tarde, en el último día del plazo para impugnar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y ha anunciado un requerimiento al Consejo de Ministros previo al conflicto de competencia, es decir, a la vía judicial que podría acabar en el Tribunal Constitucional.
La Junta considera que el Plan "vulnera el principio de autonomía financiera y limita la capacidad de Andalucía en la gestión de las políticas de vivienda".
El Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, constriñe en exceso el margen de actuación autonómica, según el Gobierno andaluz. Se fijan descripciones "exhaustivas" de las actuaciones y un reparto "estricto" de cuotas.
Tal y como está diseñado el Plan, el "grado de detalle implica una invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma para desarrollar el objeto de las ayudas en función de las necesidades del territorio".
El sistema de reparto de inversión tampoco es del agrado de la Junta y se ha saldado "sin negociación previa ni motivación". "En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado", señala una nota del Consejo de Gobierno.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, se mostraba tajante: "Andalucía va a defender su autonomía. El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego sin negociación previa y sin dejarnos margen".
Para Díaz, "la vivienda necesita más soluciones y menos imposición, que es lo que hace el Gobierno de España" a través de un régimen de regulaciones "minuciosas" que constriñen a la administración regional.
Un régimen de protección ya derogado
La Junta considera que el Estado "se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias", de ahí que hayan optado por un requerimiento al Consejo de Ministros como paso previo al conflicto judicial.
En concreto, el acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno con el dictamen de los servicios jurídicos solicita la derogación o modificación de los artículos del citado Plan Estatal de Vivienda 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional Octava y los artículos concordantes (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147). Lo hace al amparo de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional.
La Junta recuerda que el régimen de protección que incluye el Plan Estatal de Vivienda ya fue derogado por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la propia Junta de Andalucía.
