El Algarrobico, en la costa de Almería. Almería
El PSOE expedienta a sus 5 concejales de Carboneras por aplazar la anulación de la licencia del Algarrobico
La votación ha quedado congelada hasta una nueva sesión convocada para el próximo día 22, en medio de discrepancias sobre las posibles consecuencias económicas de la medida.
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El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha decidido este miércoles posponer, en un pleno extraordinario, la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, el polémico complejo turístico construido hace más de dos décadas en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El pleno tenía previsto aprobar la revisión de oficio del permiso para declararlo nulo, pero ha optado por dejar la votación sobre la mesa hasta una nueva sesión.
La votación, que debía marcar el primer paso formal para cumplir las sentencias judiciales que declararon ilegal el edificio, ha quedado congelada hasta una nueva sesión convocada para el próximo día 22, en medio de discrepancias sobre las posibles consecuencias económicas de la medida.
La sesión, que se ha prolongado durante solo 16 minutos, se ha saldado con siete votos a favor de posponer la deliberación frente a cinco en contra, con la ausencia justificada del edil Andrés Belmonte.
La propuesta de aplazamiento ha surgido del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien ha recabado el respaldo de los cinco concejales del PSOE y de la exedil del PP Ángeles Carrillo, y se ha impuesto así a la intención inicial del equipo de gobierno de sacar adelante la anulación de la licencia.
El acuerdo que debía votarse este miércoles habilitaba al Consistorio a revisar el permiso de obras concedido en enero de 2003 a la empresa Azata del Sol, después de que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) emitiera un dictamen que advertía de la nulidad de aquella licencia por haberse otorgado sobre suelos de especial protección y dentro de la zona de servidumbre de costas, a menos de cien metros de la línea de mar.
Cayuela ha defendido la necesidad de retrasar la votación esgrimiendo hasta siete motivos, centrados sobre todo en la "extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica" del expediente y en el riesgo de que de él se deriven responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento.
El edil ha subrayado que la propia propuesta de resolución reconocía que el Consistorio no dispone de medios materiales ni personales suficientes para evaluar en detalle el alcance económico de una eventual indemnización a la promotora, y ha reclamado nuevos informes técnicos, jurídicos y económicos antes de adoptar lo que ha calificado de decisión "de extraordinaria trascendencia".
Según ha explicado Cayuela, en el expediente no figura ningún informe de la intervención municipal que valore el posible impacto presupuestario de la anulación ni la capacidad financiera real del Ayuntamiento para afrontar futuras responsabilidades, y tampoco existe un análisis sobre la eventual implicación de otras administraciones en el caso, un punto que considera clave para defender los intereses del municipio.
Cayuela ha insistido, no obstante, en que su propuesta no cuestiona ni las sentencias judiciales ni el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, sino que busca que la corporación cuente con toda la información antes de votar.
El portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, ha respaldado el aplazamiento al considerar que el expediente carece de información esencial sobre las consecuencias económicas de anular la licencia.
Antes de que se decidiera posponer la votación, Amérigo ya había avanzado que su grupo se abstendría en la votación de fondo, aunque ha matizado que el PSOE no se opone al cumplimiento de las resoluciones judiciales ni a la revisión de la licencia. "No disponemos de elementos suficientes para emitir votos favorables", ha resumido el edil socialista.
Expedientes
Tras estos votos en contra, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciado este miércoles la apertura de expedientes a los cinco concejales socialistas. "No se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se le habían facilitado", ha trasladado Martín en rueda de prensa, donde ha defendido que la posición del PSOE ante El Algarrobico es "inequívoca" y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.
Martín ha señalado que la anulación de la licencia "es una exigencia judicial" y "la condición previa para la demolición", tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla "por ser contraria al ordenamiento jurídico" y por haber sido otorgada sobre "suelo protegido".
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha expresado por su parte su disconformidad con el resultado del pleno una vez finalizada la sesión. A su juicio, lo que correspondía aprobar ese día era la anulación de la licencia amparándose en el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, sin necesidad de ir más allá.
El regidor ha admitido que no contemplaba este desenlace, ya que su intención era que el pleno respaldara la propuesta siguiendo el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Hernández ha defendido que el propio acuerdo que se llevaba a votación ya preveía la apertura posterior de un expediente específico para estudiar las reclamaciones patrimoniales una vez anulada la licencia y resueltos los recursos ante los tribunales, por lo que, ha insistido, no era necesario dictaminar ese miércoles ni la cuantía económica ni otros informes adicionales reclamados por la oposición.
Activista de Greenpeace frente al hotel El Algarrobico en Carboneras (Almeria)
El alcalde ha reconocido además desconocer qué escenario se abre ahora ante el TSJA al no haberse dado aún cumplimiento a la sentencia, aunque ha remarcado la voluntad del Ayuntamiento de acatar lo que determine la justicia "dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.000 habitantes".
Sobre la decisión de otros concejales de aplazar el asunto, se ha limitado a señalar que cada uno es responsable de sus propios actos.
Reacciones políticas
El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE. "Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir", ha manifestado Fernández a preguntas de los medios en Sevilla, donde ha admitido no saber los motivos que han llevado a los concejales socialistas a unirse a la petición impulsada por un concejal no adscrito para aplazar la decisión con la que se preveía dar cumplimiento al mandato judicial del TSJA.
"La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata", ha insistido Fernández.
La polémica ha trascendido también al Parlamento andaluz, donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado que el hotel siga en pie pese a los años transcurridos desde las primeras resoluciones judiciales en su contra.
El dirigente ha atribuido este bloqueo a lo que describió como la "peleíta corta" entre PSOE y PP, y ha lamentado que una cuestión de este calado continúe condicionada por las disputas entre ambos partidos. García ha calificado El Algarrobico de "atentado medioambiental" y ha reclamado que se corrija la situación, aunque sea "con décadas de retraso".
Por su parte, el portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado este miércoles que no acabe la "pesadilla" del hotel de El Algarrobico y ha denunciado la "irresponsabilidad institucional" de dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Maíllo ha manifestado que el Ayuntamiento de Carboneras tenía que haber asumido, desde hace mucho tiempo ya, lo que había, porque se sabe de "la complejidad jurídica, económica y patrimonial que se deriva de esa decisión".
La organización ecologista Greenpeace ha decidido no esperar a la nueva convocatoria del pleno y ha presentado ese mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que solicita que sea el propio órgano judicial quien ejecute de forma directa el fallo que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel.
El asunto queda ahora pendiente de dos vías que avanzan en paralelo. Por un lado, la sesión convocada para el 22 de este mismo mes, en la que el pleno deberá retomar la votación sobre la revisión de oficio de la licencia, y para la que el Ayuntamiento tendrá que reunir los informes económicos, jurídicos y patrimoniales reclamados por buena parte de la corporación.
Por otro, la vía judicial abierta por Greenpeace, que traslada al TSJA la posibilidad de ejecutar directamente el fallo si el Consistorio sigue sin resolver. De momento, el hotel, más de veinte años después de su construcción, continúa en pie.
